El PSOE cita a sus barones para poner orden en el debate sobre la financiación autonómica
La proliferación de foros bipartidistas sobre la reforma obliga a la dirección a intervenir
El PSOE ha decidido empezar a poner orden en el debate sobre la financiación autonómica. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha convocado este viernes a todos los presidentes autonómicos socialistas en la sede de Madrid, en la calle Ferraz, tras las últimas citas que han tenido los propios barones con varios de sus homólogos del PP. La disparidad en los criterios y en las peticiones sobre cómo debe ser la reforma del sistema que inyecta fondos en las autonomías han obligado a la dirección socialista a una convocatoria sobre la que la mayoría de los dirigentes no tienen grandes expectativas. Mientras, en Ferraz, y ante la posibilidad de que el desacuerdo continúe, restan importancia a una reunión en la que, según alegan fuentes oficiales, se tratarán temas comunes. “Es una reunión de trabajo más”, indican, pese a que la convocatoria tiene como título y clave la financiación autonómica.
En cualquier caso, la cita apremia también si el Gobierno pretenden cumplir con su promesa de presentar, este mes de noviembre, la reforma del sistema de financiación, caducado hace siete años, y ante la que el partido quiere empezar a encauzar lo más parecido a una posición común.
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Navarra están llamadas a la reunión. La presencia de esta última es inocua porque la comunidad cuenta con un régimen foral y, habitualmente, no se pronuncia sobre el régimen general que atañe a las otras autonomías.
Entre las comunidades presididas por socialistas hay varios bandos: quienes apuestan por mantener los criterios actuales, que solo aplicación el criterio de población ajustada para una parte del montante total de financiación, quienes creen que el principal baremo para la cantidad total que se destine a las comunidades ha de ser la población (con una redefinición de la ajustada o flotante) y quienes opinan que la superficie y la despoblación han de regir la futura fórmula.
En todos los casos, lo que sí hay es una idea común: existe una clara insuficiencia financiera de las comunidades autónomas y la necesidad de fijar un fondo de compensación transitorio hasta que el nuevo sistema esté vigente.
Criterio poblacional
Entre las citas que han tenido lugar entre socialistas y populares con criterios de financiación comunes, y cuya proliferación ha soliviantado a la dirección del PSOE, destaca la del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, con el presidente andaluz, del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, que también defiende el criterio poblacional. El presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los presidentes de Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, y Asturias, todos ellos socialistas, al popular de Castilla y León y al regionalista de Cantabria con el objetivo de hacer un frente común para primar el criterio de la dispersión de la población. La convocatoria, que se ha retrasado, levantó ampollas incluso en el Gobierno y de ella ya se han descolgado los presidentes de Asturias y La Rioja. Tanto unos como otros alegan para justificar estos encuentros que priorizan los intereses de sus territorios a las siglas de partido.
El jueves mismo, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, echó más leña al fuego al asegurar que de la convocatoria de Galicia no saldrá un documento “de trámite”, sino un acuerdo importante y “posicional”. “Nunca una negociación sobre el sistema de financiación fue pacífica”, recuerdan fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo valenciano alegan que la reunión de este viernes puede servir para acercar posiciones.
El Gobierno ha dado pocas pistas de por dónde irán los nuevos criterios, aunque tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han defendido que el criterio de población ajustada (el que reclama la Comunidad Valenciana) debe ser “absolutamente determinante”. Tanto en el caso de que así sea como en el contrario, la disparidad de los baremos que apoyan las distintas comunidades lideradas por socialistas hacen que el acuerdo a gusto de todos sea imposible, con lo que el PSOE tendrá que templar a sus dirigentes en el seguro enfrentamiento.
Diferencia de criterios entre socialistas
Canarias: El consejero de Hacienda, Román Rodríguez (de Nueva Canarias, que gobierna en coalición con el PSOE), considera que la mejor opción para las islas es estar fuera del régimen común. “La legislación lo hace muy difícil, por lo que nuestra posición se centra en una distribución por población ajustada que tenga en cuenta el desempleo y la pobreza, además de la insularidad”.
Comunidad Valenciana: El consejero valenciano, Vicent Soler, cree que se puede llegar a un acuerdo. “Ha de aplicarse el criterio de la población ajustada, que recoja el coste efectivo de los servicios, teniendo en cuenta envejecimiento y la población dispersa, entre otros. Todo puede ser discutido en base a criterios objetivos. Queremos tener los mismos recursos que la media”.
Castilla-La Mancha: Juan Alfonso Ruiz, consejero de Hacienda, defiende que el nuevo sistema ha de priorizar el sobrecoste de prestar servicios públicos en áreas despobladas y envejecidas, así como la dimensión del territorio. “No puede haber discriminación en función del lugar en el que vives”, señala.
Baleares: La presidenta, Francina Armengol, apoya un reparto teniendo en cuenta la población flotante que sume a los censados y a los que residen temporalmente.
