Todos contra todos en el Congreso por el caso de Alberto Rodríguez

“Vuelvo a mi curro”, anunció el viernes Alberto Rodríguez en sus redes sociales. De regreso en Tenerife, ya sin escaño de diputado, también sin el carné de Podemos al que ha renunciado, sobreponiéndose a la amargura que, según sus allegados, le ha dejado todo el episodio, Rodríguez pidió el viernes su reingreso como operario químico en una refinería de la isla. A miles de kilómetros, en los fragores políticos de la capital, dentro de la sede de la soberanía popular, el episodio del parlamentario privado de su escaño tras una leve condena por dar una patada a un policía siete años atrás ha dejado una estela de agravios.

Si en el Congreso ya reinaban la riña y la hiperventilación, el caso Rodríguez ha acabado enfrentando a todos contra todos: la derecha contra la izquierda; la derecha y Unidas Podemos contra la presidenta, Meritxell Batet; la propia Batet, a su vez, dolida con la actitud de los grupos; los partidos del Gobierno enfurruñados y, para culminar el cuadro, hasta los compañeros del sancionado rumiando resquemores mutuos por la bomba —pronto desactivada— que una parte de ellos detonó al anunciar una querella que acusaba de prevaricar a la presidenta y socia de coalición.

La expulsión de Rodríguez aún no ha desaparecido de la agenda del Congreso. Unidas Podemos, superada la agitación interna por la fallida querella que no se había consensuado internamente, se resiste a dar carpetazo al asunto y el próximo miércoles lo llevará de nuevo a la Mesa. Propone revertir el acuerdo de la presidenta de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo y retirar el acta de diputado a Rodríguez. Alega que Batet no debería haber tomado esa decisión personalmente después de haberla sometido primero al criterio de la Mesa y que tiene que ser oída también la Comisión del Estatuto del Diputado.

Las últimas reuniones del órgano de dirección de la Cámara sobre el caso de Rodríguez han sido de las más tumultuosas en mucho tiempo, según relatos de varios de los asistentes. Batet llegó a reclamar respeto a los intervinientes, como si de un debate en el pleno se tratase. Los grupos de la izquierda hablan de la agresividad del representante de Vox, Ignacio Gil-Lázaro, quien lanzó lo que describen como “amenazas desagradables”. El mismo viernes 22, cuando la presidenta anunció en el chat de los miembros de la Mesa que acababa de comunicar a Rodríguez la pérdida de su escaño, la primera reacción de Gil-Lázaro fue exigirle que le mostrase de inmediato el oficio. “Llegó un momento”, afirman fuentes próximas a la presidenta, “en que empezó a pensar que, hiciese lo que hiciese, saldría de allí con una querella”.

El primero de los encontronazos se produjo el martes 19. En el índice rojo, como se llama en la jerga de la casa al listado de temas a tratar en la Mesa, había cuatro escritos sobre Rodríguez. La derecha pedía retirarle su escaño sin más demora, alegando que la sentencia del Supremo comportaba su inhabilitación. Una nota de los servicios jurídicos de la Cámara defendía lo contrario. Ese informe, según fuentes de la presidencia, fue elaborado de oficio por los letrados, que a menudo aportan documentos sobre los temas incluidos en el orden del día. La ofensiva de la derecha, sobre todo de un Vox crecido por sus triunfos en los tribunales, ya estaba desatada. Batet argumentó que no es a un grupo parlamentario a quien corresponde ejecutar una sentencia. Y, a la vista de la opinión de los letrados y de la mayoría del PSOE y Unidas Podemos, se acordó mantener el acta al diputado canario.

El criterio de Batet comenzó a resquebrajarse al día siguiente, al recibir un escrito del Supremo en el que le preguntaba cuándo empezaría Rodríguez a cumplir su inhabilitación, aunque sin especificar en qué consistiría esta. El jueves, volvió a convocar a la Mesa. Y en Unidas Podemos se pusieron en guardia. Entendían que, mientras el Supremo no lo ordenase expresamente, no había por qué revisar la decisión. Fueron dos horas de debate muy tensas, con la derecha en un lado, la izquierda en otro y Batet en medio. En un momento dado, la presidenta confesó: “Yo lo tengo bastante claro”. Se inclinaba por interpretar que había que retirar el acta a Rodríguez. El secretario general y letrado mayor, Carlos Gutiérrez, en cambio, expresó dudas. También el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Gómez de Celis. Batet preguntó entonces al letrado mayor si la decisión la podía tomar ella personalmente y la respuesta fue que sí. Y anunció que se retiraba media hora a reflexionar.

El resultado de su meditación fue pedir nuevas aclaraciones al Supremo. Llegaron al día siguiente y en los mismos términos que antes. Y la presidenta, aunque era viernes y estaba en Oviedo para asistir a la gala del premio Príncipe de Asturias, ya no esperó más. Previa consulta con el letrado mayor —que luego emitió otro informe avalando su decisión—, cogió el teléfono y llamó a Rodríguez para decirle que se quedaba sin escaño. El diputado, según fuentes conocedoras de la conversación, lo acató educadamente, aunque dejó constancia de que lo consideraba un atropello.

Tras seis años en la política, Rodríguez volverá a ser un “currela”, como le gusta definirse. Detrás deja un incendio político y el estigma de “pateador de policías” que le ha colocado la derecha. También el afecto de compañeros y amigos como la vicepresidenta Yolanda Díaz: “Se va como se vino, a un puesto de trabajo. Ha dado un gran ejemplo. Ojalá se haga justicia”.