Puigdemont sale de prisión pero deberá comparecer de nuevo ante el juez

Un juez del Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) ha dictado este viernes la puesta en libertad de Carles Puigdemont después de tomarle declaración tras ser detenido, este jueves, al llegar a la isla de Cerdeña. El expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española, ha salido en torno a las seis de la tarde de la prisión Giovanni Bachidu, donde estaba recluido. Queda a la espera de que la justicia decida sobre la validez de la euroorden dictada sobre él y tendrá que volver a comparecer de nuevo ante el tribunal el próximo día 4 de octubre, cuando se celebrará la vista para valorar la demanda para su entrega a España, según ha señalado el director de la oficina del expresidente catalán, Josep Lluís Alay. Según fuentes de la defensa del también eurodiputado, el juez no ha impuesto medidas cautelares (la Fiscalía italiana tampoco las ha pedido) y solo se ha limitado a preguntar al exlíder catalán si pensaba permanecer en la isla. Este viernes el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha enviado un oficio al representante español en Eurojust para que haga llegar a las autoridades judiciales italianas la euroorden dictada el 14 de octubre de 2019 contra Puigdemont por sedición y malversación.

Poco después de salir de la prisión, el expresident huido ha celebrado su puesta en libertad: “Es una nueva victoria judicial. España nunca pierde una oportunidad de hacer el ridículo”. Puigdemont ha señalado que la detención entraba dentro de las posibilidades que barajaba. “Sabíamos que en el aeropuerto de Alguer había carabinieri, por lo que es algo que nos podíamos imaginar. Pero la decisión del Tribunal General de la UE es clarísima”, ha subrayado.

Según fuentes de la defensa, Puigdemont tiene previsto abandonar territorio italiano, pero se ha comprometido ante el juez a volver para su comparecencia, informa Óscar López Fonseca. La defensa había planteado retrasar la declaración del expresident a este sábado, pero posteriormente la providencia del juez fijó la fecha para el 4 de octubre. El presidente catalán se encontraba detenido desde la noche del jueves, cuando al llegar al aeropuerto de Alguer le esperaba ya un operativo de la policía italiana. Las autoridades detectaron que seguía vigente la orden europea de captura cuando quiso entrar en Italia para participar en el Festival Internacional de Cultura Popular Catalana. Su arresto ha provocado un terremoto político también en Italia. Ninguno de los ministerios consultados —Justicia, Interior y Defensa (del que depende el cuerpo de los Carabinieri)— tenía aviso de la llegada del expresident.

La detención cogió por sorpresa al Ejecutivo de Mario Draghi. El primero en hablar este viernes por la mañana ha sido el secretario de Estado responsable de Asuntos Europeos del Gobierno italiano, Vincenzo Amendola. De algún modo, justificó la detención. “Esperamos respetuosamente las valoraciones de la magistratura sobre el arresto de Carles Puigdemont. Es un caso que viene de lejos con la retirada de la inmunidad por parte del Parlamento [Europeo], con una sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 30 de julio que la suspendía junto a otros actos consiguientes”, ha señalado. “Esperamos escuchar las motivaciones del tribunal local”. Para Amendola “no es un tema político, ni bilateral”. La situación comienza a preocupar en el Palacio Chigi ―sede del Gobierno italiano―, donde no hay ninguna intención de que se convierta en un asunto diplomático.

El Ministerio de Justicia italiano, consultado por este periódico, ha explicado que Italia trata de aclarar si Puigdemont tenía o no inmunidad en el momento de su detención. “Uno de los puntos que deben resolverse es el contenido del auto del 30 de julio de 2021 por el que el vicepresidente del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea rechazó suspender la retirada de la inmunidad parlamentaria del líder independentista”, señalan fuentes ministeriales. “Dicho tribunal resolvió que no había motivo que pudiesen esgrimir las autoridades belgas o de otro Estado miembro para pedir una euroorden contra los diputados [huidos de la justicia española] para entregarlos a la autoridad española”.

Una idea que comparte el abogado italiano de Carles Puigdemont, Agostinangelo Marras, antes de conocerse la puesta en libertad de su cliente y que trabajaba ya para conseguirla “lo antes posible”. “La audiencia de esta tarde [en referencia a la de este viernes] servirá para decidir si debe estar en prisión o puede permanecer en un domicilio”, explica a este periódico el letrado sardo de Puigdemont. En caso de que la detención se considere realizada correctamente, el mismo tribunal, presidido por Salvatore Marinaro, deberá decidir sobre la posible entrega. Pero ese proceso podría dilatarse hasta 60 días. “Si fallase a favor, todavía nos quedaría el recurso al Tribunal Supremo”, apunta Marras. Puigdemont, la semana pasada, visitó la Asamblea Nacional francesa y, pese a los estrictos controles de seguridad, no fue detenido y la policía francesa no hizo efectiva la euroorden.

Antes de producirse la puesta en libertad de Puigdemont, la consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, había pedido al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, que impulse “todas las gestiones necesarias” para la liberación del detenido.

Recuperar la inmunidad

La defensa del expresidente de la Generalitat tiene previsto entregar este viernes al Tribunal General de la UE un escrito de medidas cautelarísimas. El objetivo es que la justicia europea recupere la inmunidad provisional que este órgano le había retirado a Puigdemont el 30 de julio, una decisión que el órgano tomó tras confirmar con la justicia española que las órdenes de detención estaban suspendidas y que por tanto no corría riesgo de ser detenido, informa Guillermo Abril.

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El abogado de Puigdemont piensa que será liberado en cuestión de días porque la euroorden no es "ejecutable"

El propio auto de julio del tribunal europeo reconocía la posibilidad de solicitar de nuevo estas medidas provisionales “en caso de detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de aplicación de un procedimiento de entrega a las autoridades españolas”. Así lo han explicado en una comparecencia telemática desde Bruselas Gonzalo Boye, el abogado que lidera el equipo jurídico del político catalán, y el también eurodiputado Toni Comín, residente en Bélgica y huido de la justicia española, como el propio Puigdemont.

Boye ha explicado que esperan que la respuesta del tribunal con sede en Luxemburgo se produzca en las siguientes 72 horas, aunque no existe un plazo establecido.

Situación incómoda para Italia

La situación es muy incómoda para el Ejecutivo de Mario Draghi, que tendrá que lidiar ahora con las distintas sensibilidades que lo componen. Matteo Salvini, cuyo partido es hijo de la secesionista Liga Norte, siempre ha defendido la inocencia de Puigdemont. Pero el ala más progresista vive con cierta preocupación la detención. ¿Por qué Francia no lo arrestó e Italia sí? El secretario de Estado Franco Gabrielli, quien fue máximo responsable de la policía en Italia, explicó a su manera la diferencia. “Hay un mandato de arresto europeo, estamos en la comunidad y debemos ejecutarlo. Los franceses actúan como franceses, y nosotros como italianos. Ha habido un control en la frontera y se le ha puesto a disposición de la autoridad judicial. Vivimos en un Estado de derecho”. Gabrielli no ocultó lo incómodo que resulta el momento. “Es obvio que hay situaciones que preferiríamos no tener que tratar, pero no podemos sustraernos a ellas porque el derecho sigue vigente en nuestro país”.

En el Ministerio de Justicia cunde la sensación de que todo puede terminar del mismo modo en que se resolvió en Bélgica. “Hay que fijarse en lo que sucedió ahí”, señala un alto cargo del departamento que se ocupa de este asunto. “El tribunal italiano deberá hacer una valoración sobre la subsistencia del delito. Ver si el delito de sedición puede homologarse a algún delito del ordenamiento jurídico italiano, y no está claro”, apunta. En cualquier caso, se espera también que el Tribunal Europeo dicte medidas cautelares y liquide el proceso en Italia.