Las tensiones territoriales abren nuevos frentes al Gobierno

Ahora ya no son solo las demandas nacionalistas, aunque sigan en primer plano. Al agitado cóctel de los conflictos territoriales en España se han sumado nuevos ingredientes: la voz de las áreas despobladas, donde crecen movimientos sociales en varias provincias, o el papel de Madrid como punta de lanza frente al Gobierno y al tiempo objetivo del activismo de otras comunidades contra su política fiscal. En este clima, el Gobierno tiene una agenda repleta a la vuelta del verano, desde las negociaciones con Cataluña, el reparto de los fondos europeos o su compromiso de abordar de una vez el campo minado de la financiación autonómica. Y con un PP lanzado en las encuestas y dispuesto a arrinconar al Ejecutivo.

Lo dicen en público y lo repiten en privado barones regionales de PSOE y PP: las comunidades autónomas han estado a la altura frente el desafío monumental de la pandemia. Aunque no falten los reproches mutuos, casi siempre para culpar al otro de los problemas surgidos, es general la sensación en los dos principales partidos de que las comunidades han cumplido, como lo muestra la campaña de vacunación. Pero una cosa es que el Estado de las Autonomías funcione y otra que su combustible deje de ser el conflicto. Lo ha sido muchísimas veces y lo que viene anticipa que lo será una vez más.

El Gobierno está muy satisfecho de la primera comisión bilateral con Cataluña, de la que salió el desbloqueo a la ampliación del aeropuerto del Prat. El deseo del Ejecutivo, comenta un ministro, sería reconducir la cuestión catalana a unos términos más parecidos a los del viejo pragmatismo pujolista, en el que las demandas económicas y de inversión primaban sobre las grandes reclamaciones identitarias. “Por primera vez en mucho tiempo, hemos podido hablar con la Generalitat de gestiones concretas”, presumen fuentes del Ministerio de Política Territorial. La parte mala para el Gobierno la pudo comprobar en las reacciones al acuerdo con Cataluña. El coro de agravios no llegó esta vez solo de las comunidades del PP, que sacaron a relucir todas sus reivindicaciones pendientes. También se sumaron las voces de la España vacía, que introducen un elemento nuevo, porque no se trata ya de disputas entre comunidades sino entre los territorios rurales y los urbanos.

“Lo de Cataluña tendrá un coste, hay que asumirlo”, admite un barón socialista. “Pero no lo podemos eludir. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para reconducir el conflicto”. La política autonómica del Gobierno, opina este dirigente, se enfrenta a otra dificultad más: “El centralismo ha ganado terreno y no solo en la política. También entre las élites económicas y en los medios”. Y destaca la actitud de permanente beligerancia del Gobierno madrileño.

El Ejecutivo es consciente de que se juntan factores de tensión, pero sostiene que la oposición los alimenta artificialmente. “Fuera del foco, se llega a muchísimos acuerdos”, destacan fuentes de Política Territorial. “Pero a veces se dicen unas cosas en privado y otras en público. Vende más la foto de la confrontación que la de estar sentados a una mesa”. Estas fuentes niegan que se otorgue ningún trato diferencial a Cataluña. Destacan las protestas por la negociación bilateral con la Generalitat, cuando hay varias comunidades que tienen previsto en sus Estatutos mecanismos similares y no piden ponerlos en marcha. Entre ellas, Andalucía, con Gobierno del PP. Recuerdan además que no solo se pretende ampliar el aeropuerto del Prat, también el de Barajas y con inversiones similares (1.600 millones en Madrid, unos 100 más en Barcelona).

Los socialistas aventuran conflicto porque ven a las comunidades del PP condicionadas por la estrategia del partido de no dar tregua al Gobierno. Entre los barones populares más moderados no niegan en privado la beligerancia extrema de Madrid, pero culpan al Gobierno de haber errado en la respuesta. Y exhiben los agravios propios. “A nosotros nos recurrieron una ley sin siquiera llamarnos y que luego avaló el Constitucional”, señala un destacado dirigente regional. El PP argumenta además que la dependencia del Gobierno de ERC es un elemento permanente de desconfianza.

Las comunidades del PP ya están afilando las armas para cuando llegue el reparto de los fondos europeos. Aunque el Gobierno ha prometido ceder a las autonomías la gestión del 55% de los 19.000 millones previstos para este año, los Ejecutivos del PP exigen tener más voz en el proceso. “Si nos van a dar el 55% de los fondos, también queremos el 55% de la cogobernanza”, reclama la Junta de Andalucía. El Gobierno, según el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también del PP, está aprovechando el dinero comunitario “con finalidades políticas o para facilitar los acuerdos parlamentarios”. Otro barón regional es contundente: “Si no cambian el sistema, va a haber un buen lío. Cada ministerio tiene un criterio diferente y el de Industria, por ejemplo, nos convierte en gestorías. Ellos deciden en qué y cómo se gasta, y nosotros nos limitamos a ejecutarlo”. Política Territorial apela a ese 55% cedido para defender que las comunidades están muy implicadas en el proceso. Fuentes del Ministerio subrayan que el propósito de los fondos es elegir proyectos concretos, sin entrar en criterios territoriales.

El Gobierno también ha prometido abrir en noviembre la negociación sobre un tema largamente aplazado y que jamás ha logrado contentar a todos: la reforma del sistema de financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda pondrá antes encima de la mesa el informe de una comisión de expertos aún sin concluir. Pero la toma de posiciones ya ha empezado también. Y ahí puede haber alianzas que traspasen las fronteras de los partidos.

El presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, y el valenciano, el socialista Ximo Puig, se verán en septiembre para presentar algunas demandas comunes. Ambos defienden primar más la población, cuando la España vacía tira justo en otro sentido. Y ambos esgrimen los informes que les sitúan en la cola de los que menos dinero por habitante reciben. Al mismo tiempo, los criterios a los que apelan comunidades del PP como Galicia o Castilla-León —envejecimiento, despoblación, dispersión— les pueden acercar más a otras en manos del PSOE como Extremadura o Castilla-La Mancha. En la ecuación también entra Cataluña, lo que coloca al Gobierno sobre terreno muy resbaladizo.

Las comunidades del PP están prometiendo bajar impuestos y advierten de que combatirán con dureza cualquier intento de armonización fiscal que dificulte esa medida. No solo Madrid. El gallego Alberto Núñez Feijóo se opone rotundamente. Y Andalucía envió hace días una carta a Hacienda con un contundente aviso de que responderá ante cualquier intento de “neutralizar su autonomía financiera”.

La España vacía no baja la voz

En medio de estos cálculos políticos se han colado voces ciudadanas. Son las de las plataformas de la España vacía, desde Teruel Existe a Soria ¡Ya!. O de los movimientos en defensa del tren de cercanías, como el que juntó hace unos días a derecha e izquierda en Cuenca, o el que lucha por la línea Bilbao-Santander. Por ahí han llegado también las voces críticas a la ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, rechaza que se prioricen estas inversiones en detrimento de las “comunicaciones internas”. Juan Antonio Palomar, portavoz de la muy activa Soria ¡Ya!, lamenta: “El Gobierno es sensible a la despoblación, pero volvemos a lo de siempre, todo sigue igual”.

“Hay una discordancia entre las palabras y los hechos”, conviene el presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, para quien se habla mucho de despoblación, pero al final las inversiones “se concentran en las grandes ciudades”. Revilla dice que no se opone a ampliar aeropuertos, siempre, matiza, “que nos hagan a los demás las cosas pendientes”.