El Gobierno culmina la ley de memoria en plena ola de revisionismo histórico de la derecha

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el texto definitivo del proyecto de ley de memoria democrática que llevará a las Cortes. Allí le espera la oposición del PP y de Vox. Ambos partidos no solo han prometido derogar la ley —aún no aprobada— si llegan al Gobierno, sino que en las últimas semanas han impulsado una ola de revisionismo histórico criticada por algunos de los especialistas en la materia y por la mayoría de los portavoces parlamentarios.

Este lunes, en un acto en Ávila al que el PP invitó a Ignacio Camuñas, exministro de UCD y uno de los padrinos de Vox, este negó que fuera un golpe de Estado lo que provocó el inicio de la Guerra Civil. “Si hay un responsable de la guerra, este es el Gobierno de la República”, dijo. El líder de la oposición, Pablo Casado, no le corrigió. De hecho, el pasado 30 de junio ya hizo unas declaraciones similares en el Congreso de los diputados, cuando afirmó: “La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre los que querían la democracia sin ley y los que querían la ley sin democracia. Y nuestra Constitución es el pacto por el cual no puede haber democracia sin ley ni ley sin democracia”. Catedráticos de historia contemporánea desmintieron inmediatamente ese discurso revisionista.

Félix Bolaños, que se ha estrenado este martes como ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo, destacó que esta es “la primera ley que repudia el golpe de Estado de 1936″ y aseguró que el objetivo es corregir las deficiencias de la norma aprobada en 2007 señaladas, entre otros, por el entonces relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff. “Ninguna fuerza democrática debería tener ningún problema en homenajear a las víctimas de una dictadura. La voluntad del Gobierno es que se sumen a una ley homologable a otros países de nuestro entorno”, ha insistido el ministro.

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Félix Bolaños explica todas las medidas de la nueva ley de memoria democrática

Estas son las claves del texto redactado tras escucharse las recomendaciones de asociaciones de víctimas, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el exrelator de Naciones Unidas Pablo de Greiff.

Enseñanza de la represión franquista. Como adelantó este diario hace un año, la nueva norma pretende actualizar todos los contenidos curriculares para incorporar en ESO, bachillerato y FP la enseñanza de lo que supuso la represión franquista y la defensa de los valores democráticos. En su informe sobre España, el relator de Naciones Unidas dedicó un apartado específico a la educación. De Greiff lamentó que “algunos libros de texto” continuaran refiriéndose a la Guerra Civil “en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”.

Nulidad de las condenas. La ley de memoria de 2007 declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no anuló las sentencias que habían impuesto porque en aquel momento el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero temía que los afectados reclamaran indemnizaciones. El estado de guerra, declarado el 28 de julio de 1936, estuvo en vigor hasta marzo de 1948. El decreto facultó a los sublevados a castigar por rebelión militar a quien “por acción u omisión” perjudicase al “Movimiento redentor”. Solo hasta finales de 1938, la Auditoría de Guerra juzgó a 30.224 personas, de las que 3.189 fueron condenadas a muerte, como recoge Paul Preston en El holocausto español. Los militares elegían al juez, al fiscal y al abogado de los acusados, que no hablaba con sus clientes y solía ser un oficial sin formación legal. Juicios a 29 personas con 15 condenas a muerte se despachaban en 90 minutos: tres por acusado. El texto de la norma que será debatida en las Cortes declara la nulidad de las “condenas y sanciones” de tribunales franquistas y descarta expresamente la posibilidad de indemnizaciones.

Exhumaciones, censo y banco de ADN. El forense Francisco Etxeberria, que asesora al Gobierno en materia de memoria histórica, calculó entre 20.000 y 25.000 las víctimas que se podrían recuperar de fosas comunes en cuatro o cinco años. La ley de 2007 estableció un sistema de subvenciones de forma que eran las asociaciones de familiares las que asumían todo el proceso de localización de los desaparecidos. Esa era la principal crítica de Naciones Unidas, que hablaba de “privatización” de las exhumaciones y “abandono” de los descendientes de los represaliados. El Gobierno pretende involucrar ahora a todas las Administraciones y al ministerio fiscal en la localización y apertura de fosas. Además se elaborará un censo oficial de víctimas, reuniendo información dispersa y dándole un carácter oficial a la cifra del episodio más trágico de la historia contemporánea española. También habrá un banco de ADN. Un programa informático permitirá crear un repositorio, de forma que cada laboratorio pueda subir los perfiles genéticos de familiares y de los restos recuperados en las fosas para realizar cotejos e identificaciones.

Fiscal específico para impulsar investigaciones. Una de las grandes novedades de la nueva ley es que establece que “el Estado garantizará el derecho a la investigación” y a conocer la verdad de las víctimas. Para ello se crea la figura del “fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática”, que podrá impulsar la búsqueda de desaparecidos del franquismo e investigar violaciones del derecho internacional humanitario ocurridas en la Guerra Civil y la dictadura y hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. En 2014, el relator especial de la ONU Pablo De Greiff emitió un informe en el que instaba a España a dejar sin efecto la Ley de Amnistía para investigar los crímenes del franquismo. El informe del Consejo Fiscal que examinó el texto de la nueva norma defendió el concepto de “justicia restaurativa” como la vía para hacerlo independientemente de la posibilidad de castigar a los culpables. Cinco fiscales del Consejo emitieron votos discrepantes al considerar que generaba “falsas expectativas” en los familiares de las víctimas. Bolaños ha admitido este martes que existen “dificultades y limitaciones”, entre las que ha citado la irretroactividad y la prescripción, para realizar investigaciones penales y ha animado a los grupos a presentar enmiendas “para mejorar” el texto de la norma si es necesario. En todo caso, ha asegurado que “en la mayoría de los casos” lo previsible es que los responsables de los crímenes hayan fallecido.

Extinción de la Fundación Franco. El pasado junio, el pleno del CGPJ aprobó, dividido (15 votos a favor y 6 en contra), un informe que cuestionaba la posibilidad de extinguir esta fundación al entender que “la exaltación o apología de hechos históricos, por dolorosos o reprobables” que fueran, entraba “en el ámbito de protección de la libertad de expresión”, salvo cuando supusieran “una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional”. El texto que el Gobierno llevará finalmente a las Cortes trata de blindar la eliminación de una fundación como la que lleva el nombre del dictador Francisco Franco añadiendo, cuando habla de la causa de extinción, que se considerará contrario al interés general la apología y exaltación del golpe de Estado, la guerra o la dictadura franquista o el enaltecimiento de sus dirigentes “con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación al odio”. El presidente de dicha fundación, Juan Chicharro, asegura que es un ataque a la “libertad” pese a que defiende un periodo donde no existía, la dictadura, y amenaza con batallar en los tribunales.

Retirada de símbolos y sanciones. La ley de 2007 recogía un solo artículo sobre simbología franquista —ahora son siete y se incluye la toponimia— y no establecía sanciones por incumplimiento —ahora se proponen multas de entre 200 y 150.000 euros, según la gravedad de la infracción—. Son “muy graves”, por ejemplo, las que implican trasladar sin autorización restos de víctimas, destruir monumentos de homenaje —a menudo aparecen dañados— o convocar actos contrarios a la ley que humillen a los represaliados y sus familias —se considerará responsable solidario a quien los ordene—. No retirar los símbolos y vestigios franquistas se considera infracción “grave”.

Dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Tras recibir varias peticiones de colectivos de exiliados, el Gobierno ha decidido ampliar los criterios para conceder la nacionalidad española en aplicación de la ley de memoria. Así, el nuevo texto permitirá acceder a la nacionalidad española a los hijos de españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y a los hijos mayores de edad de exiliados —en la norma de 2007 solo podían hacerlo los hijos menores—.

Valle de los Caídos. Bolaños, que dirigió la operación de exhumación de Franco, ha explicado en la rueda de prensa que se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto franquista de 1957, “contrario a la Constitución”. Cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto será reubicado. Eso, una vez trasladados los restos de Franco, afecta a la tumba de José Antonio Primo de Rivera, junto al altar. El Gobierno dará a la familia la opción de llevarlo a las criptas donde yacen el resto de víctimas o a otro lugar que deseen.

Retirada de títulos nobiliarios. El ministro también ha explicado que serán retirados los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.