Un brote de covid obliga a confinar a un centenar de presos en la cárcel de Alicante

Un brote de covid ha obligado a confinar a los 97 presos del módulo 21 de la prisión de Fontcalent (Alicante), según denuncia la asociación de funcionarios penitenciarios Tu abandono me puede matar (Tampm). Desde esta organización aseguran que el virus se ha extendido, al menos, entre una docena de internos, aunque fuentes penitenciarias señalan que solo se han detectado, de momento, cinco casos, todos ellos leves y en reclusos ya vacunados. El brote obliga a restringir todos los movimientos de los internos fuera del bloque afectado y los responsables de la prisión han cancelado todas las actividades exteriores previstas para el próximo fin de semana.

La asociación de trabajadores penitenciarios señala que días atrás se percibió “un aumento de presos que acudían al módulo de enfermería” con síntomas de “febrícula alta”. Los servicios médicos de la prisión alicantina decretaron la necesidad de practicar “test de antígenos” a la población del módulo afectado, el que está especializado en talleres laborales. Según las fuentes de Tampm, se han realizado 25 pruebas y en torno a una docena de ellas han dado resultado positivo. También alertan de que quedan aún pruebas pendientes de resultado.

Fuentes oficiales de la penitenciaría alicantina reducen el impacto del virus a solo cinco casos, todos ellos leves y entre reclusos ya vacunados. “Toda la población penitenciaria” de Fontcalent “está ya vacunada, salvo algún caso que se ha negado a inocularse”, aseguran las mismas fuentes. No obstante, la dirección ha decidido restringir los movimientos de los internos del módulo 21, que se han sometido a la preceptiva cuarentena de diez días. “Es la medida más prudente”, indican.

También se han suspendido todas las visitas y actividades exteriores previstas para el próximo fin de semana, adelantan desde Fontcalent. Pese a que el contacto de los presos con sus familiares y allegados se produce “separados por un cristal”, los responsables de la prisión han decidido que es necesario reducir al mínimo “el movimiento de los internos de un módulo a otro”, para evitar la expansión del virus.

Los miembros de Tampm denuncian que los funcionarios que trabajan en la cárcel alicantina, especialmente los que “prestan servicio en el módulo afectado” no han sido sometidos a las pruebas de detección del virus. Exigen que se les incluya en este cribado porque entienden que es “importante para la salud del empleado”, para evitar propagar el contagio entre sus familiares y allegados y para “la seguridad del propio centro” penitenciario. Todos ellos han sido vacunados. “Fuimos incluidos entre el grupo de trabajadores esenciales a los que se vacunó con Astrazeneca la primera dosis”, relatan las fuentes consultadas.

Sin embargo, quedaron “en el limbo” tras la suspensión de la segunda dosis de la vacuna anglosueca. Posteriormente, su pauta se completó desde los servicios públicos de la Consejería de Sanidad, continúan, hace “aproximadamente tres semanas”. En esta segunda tanda, ya se les dio a elegir entre la segunda dosis de Astrazeneca o Pfizer. En el caso de los internos, la asociación asegura que su vacunación “comenzó el pasado mes de junio” y que todos los que ingresan posteriormente en el centro “deben pasar una cuarentena de siete a diez días en un módulo habilitado para tal fin”.