CRISIS DE CORONAVIRUS

Interior impone restricciones a cerca de 30.000 reclusos ante la segunda oleada del coronavirus

Prisiones prohíbe ya los encuentros íntimos de los internos con sus familias en 43 de los 71 centros penitenciarios

Exterior del Centro Penitenciario Madrid VII, en la localidad de Estremera.
Exterior del Centro Penitenciario Madrid VII, en la localidad de Estremera.

La segunda oleada del coronavirus ha llevado al Ministerio del Interior a restringir los movimientos en 43 de los 71 centros penitenciarios que dependen de él. La medida contempla la suspensión de las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia de los reclusos (conocidos como vis a vis) en estos centros, donde solo se permiten ya las visitas de los allegados a través de locutorios con mampara. Por ahora, se mantienen los permisos de salida. La medida afecta a cerca de 30.000 presos de los algo menos de 48.000 actuales.

De los centros afectados, en la cárcel de Las Palmas II las medidas son aún más duras desde que el pasado 14 de septiembre se registró un brote que afectó a una treintena de internos. Allí se han prohibido también las visitas por locutorio y los permisos de salida, como ocurrió en todas las cárceles durante la parte más dura de la crisis sanitaria. Fuentes de Interior no descartan extender esta medida, que supone el aislamiento total de los recintos, a otros centros penitenciarios en las próximas semanas si la situación no mejora.

Durante el estado de alarma, en las cárceles dependientes de Interior –la Generalitat gestiona las existentes en Cataluña– fallecieron cuatro funcionarios y dos presos por coronavirus. Además, se registraron otros 274 casos positivos entre trabajadores penitenciarios y 83 más entre internos. Estas cifras reflejaban que la afectación de la covid-19 entre la población reclusa fue entonces cuatro veces inferior a la de la población en general.

Sin embargo, desde el inicio de la desescalada y hasta el 17 de septiembre, Interior ya ha detectado 113 positivos entre los funcionarios (38 han recibido el alta) y 160 entre los reclusos (28 con el alta), la mayoría asintomáticos. No obstante, dos presos permanecen hospitalizados y hay un tercer caso, el de un interno de la prisión de Alicante fallecido recientemente por neumonía, que, pese a haber dado negativo en las pruebas del coronavirus, está en estudio para determinar si su muerte es finalmente atribuible a la covid-19.

Entre los casos de reos, la práctica totalidad corresponde a internos que habían regresado de un permiso o a nuevos ingresos. Además, hay 167 funcionarios y 1.204 presos en cuarentena. Fuentes penitenciarias señalan que buena parte del incremento se explica en el mayor número de pruebas PCR para la detección de la enfermedad que se realizan. En este tiempo, Prisiones ha notificado brotes (más de tres internos positivos en un módulo) en cuatro cárceles: Alicante, Las Palmas II, Ocaña y Alcalá-Meco (Madrid).

Tras la desescalada, Interior empezó a tomar medidas restrictivas con las cárceles el pasado 26 de agosto. Entonces, suspendió los vis a vis en 15 cárceles: las siete cárceles madrileñas, las tres del País Vasco y los centros de La Rioja y Navarra, así como las prisiones de Mallorca, Zuera (Zaragoza) y Picassent, en Valencia. La medida tenía una duración inicial de tres semanas, aunque desde entonces se ha ido prorrogando y se han incorporado nuevas cárceles. Así, cinco días más tarde, el 31 de agosto, las cárceles afectadas por esta medida fueron 23, número que se disparó hasta las 40 el pasado 4 de septiembre. Desde entonces se han sumado otros tres centros. El último, la prisión de Alicante, este martes, según ha informado Instituciones Penitenciarias.

Hasta ahora, la medida no afecta a las comunicaciones ordinarias, por locutorio, y para paliar su efecto en los reclusos se ha reforzado el sistema de videollamadas puesto en marcha durante la pandemia. Instituciones Penitenciarias enmarca las nuevas restricciones en la orden ministerial dictada el pasado 12 de mayo que determinaba los diferentes pasos de la desescalada y que en uno de sus puntos ya establecía la posibilidad de dar marcha atrás en las medidas para la vuelta a la normalidad en la vida dentro de las cárceles “si la situación epidemiológica así lo aconseja”.

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