La pandemia abre la puerta al futuro de las cárceles

Desde que España se puso en guardia frente al coronavirus, las razones de la ciencia han logrado algo en lo que la política de las emociones lleva 25 años fracasando: acortar el tiempo de la cárcel para muchos presos. Las sucesivas reformas penales han llevado la tasa de encarcelamiento española a estar entre las más altas de Europa occidental. Ahora, el protocolo sanitario, que aconseja reducir el contacto y descongestionar espacios cerrados, mandó a casa a 3.000 presos entre marzo y abril. La situación renueva así una pregunta que el debate político ignora desde hace décadas: ¿Y si la prisión no fuera lo mejor para la rehabilitación?

Desde finales de febrero —la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al brote vírico el 11 de marzo—, 2.981 presos en tercer grado han pasado a cumplir sus penas en su casa, lo que en total suma 5.579 internos en esa situación, según datos de Instituciones Penitenciarias. Otros 1.603 clasificados como de tercer grado están también en régimen abierto, pero siguen durmiendo en los centros y secciones abiertas, algunos porque no tienen otro sitio adonde ir. Estos espacios están formalmente dentro del perímetro legal de la prisión, pero materialmente fuera de sus muros, y sirven como lugares de transición hacia la libertad y la rehabilitación.

Pero lo relevante es que esa coyuntura está alineada con la tendencia de fondo que lleva años fraguándose en el sistema penal, lejos del rigorismo reivindicado y promulgado desde el escenario político. El futuro de la prisión en España, un artículo publicado en enero de 2020 en la Revista Española de Investigación Criminológica (REIC) así lo describía: “La tendencia a que la pena de prisión pierda relevancia en favor de penas alternativas va a continuar en el futuro”, afirma el texto divulgado antes de las medidas críticas de confinamiento. El sistema punitivo, sostiene su autor, el catedrático de Derecho Penal, José Cid, tiende cada vez más a “penas alternativas”, a trabajar con “penas cortas” y “a mejorar la transición de la prisión a la comunidad”.

En España hay unos 59.000 presos, lo que supone una importante reducción desde el pico de 2010, cuando sumaban casi 77.000 y una tasa de encarcelamiento de 166 presos por cada 100.000 habitantes. La cifra actual, 127, sigue por encima de la media de la UE —118, según datos de la comparativa oficial de 2019—. Pero esta tasa se compone de dos factores que hasta ahora nadie había analizado por separado en España.

Eso es lo que ha hecho el autor del artículo de la REIC: analiza el dato atendiendo al número de entradas en prisión, por un lado, y a la duración del encarcelamiento, por el otro. Y sus conclusiones tienen un efecto disolvente sobre la retórica del castigo: el alto número de encarcelados no se debe a un aumento del crimen, sino al endurecimiento de la política penal. “Las reformas penales rigoristas han incidido decisivamente en el progresivo incremento de la duración del encarcelamiento hasta el año 2010 y explican que España se sitúe en el cuartil más alto entre los países europeos por lo que hace a la duración”, afirma.

Cada vez entran menos personas en la cárcel. “Cada año el porcentaje de los condenados que entran en prisión va reduciéndose”, afirma el artículo, y su autor aclara por teléfono que “del total de condenados, solo una parte pequeña, un 13% o un 14%, entra en prisión”. Pero cada vez tardan más en salir. Y así desde mitad de los años ochenta, cuando en 1986 se alcanzó el pico de entradas en prisión. “El rigorismo no solo ha existido en la legislación sino también en la práctica de las administraciones penitenciarias, que, en particular [entre 2002 y 2010] realizaron un uso especialmente restrictivo de la libertad condicional”, afirma el estudio.

Cid se apoya en los trabajos de otro catedrático, José Luis Díez Ripollés, de la Universidad de Málaga, para identificar el “rigorismo penal” como la principal causa de la alta tasa de encarcelamiento. Al teléfono, el propio Díez Ripollés considera apropiado hablar también de “populismo punitivo”. Los políticos explotan la opinión pública a través de una “percepción social equivocada”. “Las sociedades piensan que hay mucha más delincuencia de la que realmente hay. Y ante esa sensación de inseguridad frente al delito, el político de mano dura propone soluciones que son muy simples, pero que a la gente le convence”, explica. Cid señala la existencia del terrorismo etarra para entender también la persistencia de mano dura de las tres primeras décadas de la democracia.

Sin embargo, el catedrático de Derecho Penal apuesta por que la evolución reduccionista acabará imponiéndose, entre otras razones, por la influencia de los estándares europeos. “Va a haber una presión en favor de un regreso escalonado a la comunidad: a través de la libertad condicional, el régimen abierto, o la supervisión de la libertad condicional”. El hecho, dice, es que “hay ya una estructura en marcha”. Y esa estructura —facilitada en parte por el sistema de medidas alternativas que la legislación ha venido introduciendo en paralelo— es la que ahora se aprovecha en la crisis del coronavirus.

“No es la idea de castigo lo que está en discusión, es la idea de prisión”, dice Cid. “La sociedad tiene que saber que la prisión es una solución muy cara, su coste es muy elevado”, añade. Pero Cid reconoce que lo es a medio y largo plazo, al contrario que, por ejemplo, aumentar la capacidad de investigar y resolver los delitos, que resulta caro en el corto plazo. La literatura criminológica señala que a la larga la inversión en eficacia es mucho más decisiva para disuadir a los delincuentes. Pero la experiencia de la demagogia muestra que electoralmente es mucho más rentable la oferta de mano dura. El presupuesto penitenciario anual ronda los 1.200 millones de euros.