La Fiscalía reduce a menos de dos años su petición de pena para los dos ‘mossos’ que acompañaban a Puigdemont en Alemania

El juicio contra los dos agentes de los Mossos d’Esquadra acusados de un delito de encubrimiento por acompañar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, en marzo de 2018, ha quedado este jueves visto para sentencia con un cambio significativo en la petición de pena que hacía para ellos la Fiscalía. En su informe final, el Ministerio Público, que al inicio de la vista solicitaba tres años de cárcel para cada uno de los policías catalanes por un delito de encubrimiento, las ha reducido a un año y seis meses. La defensa de los mossos Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea ha solicitado la absolución de ambos al considerar que no cometieron delito alguno y que los hechos quedan fuera de la jurisdicción de los tribunales españoles.

En su exposición final, la Fiscalía ha recordado que los dos agentes han admitido durante la vista que se desplazaron a mediados de marzo de 2018, aprovechando que tenían unos días libres, a la vivienda en Waterloo (Bélgica) donde residía Puigdemont tras su huida de España en octubre de 2017, y que, una vez allí, alguien (cuya identidad no han revelado) les encomendó trasladarse en un vehículo a Estocolmo (Suecia) a recoger al expresidente tras haber reactivado la justicia española la orden europea de detención contra él al conocerse que se había desplazado desde Bélgica a Finlandia a dar unas conferencias.

El fiscal ha recalcado que los dos mossos eran conocedores tanto de los delitos de los que se acusaba al político catalán, entre ellos el de rebelión, como de la reactivación por parte del Tribunal Supremo de la euroorden para su arresto por la “notoria” difusión mediática que tuvieron ambas noticias en aquellos días. Por ello, considera probado que ambos tuvieron la intención de ayudar a Puigdemont a eludir su arresto y, por tanto, cometieron un delito de encubrimiento.

En este sentido, destaca que el recorrido que el expresident realizó junto a los dos policías y otras dos personas, el historiador Luis Alay y el empresario Josep María Matamala, amigo íntimo del político -inicialmente fueron también imputados, aunque quedaron exculpados durante la instrucción de la causa- no fue “normal” al no usar un avión entre Helsinki, donde había dado la conferencia, y Bélgica precisamente para evitar los controles en el aeropuerto. En su lugar, todos ellos emprendieron un desplazamiento por carretera de cerca de 2.000 kilómetros. “La razón por la cual hacían ese viaje de regreso tan largo, tan dificultoso y anómalo era evitar algún filtro en el cual pudiera detectarse y ser detenido [Puigdemont]”, ha añadido el fiscal.

En opinión del Ministerio Público, el argumento esgrimido por los dos policías de que el objetivo del viaje era permitir que el expresident se presentara ante las autoridades belgas “es irrelevante”, ya que no era la justicia de este país, sino la española, la que tenía abierto el procedimiento contra él. El fiscal ha concluido su informe final insistiendo en que, por su condición de policías, los dos mossos, si bien no podían detener al político ni tampoco estaban obligados a denunciarlo, ya que estaban fuera de su ámbito de actuación policial, que es Cataluña, sí deberían haberse abstenido de acompañarlo. “Conocían los hechos, lo hicieron intencionadamente”, zanja.

“El enemigo público número uno”

Por su parte, el abogado de los dos agentes, Cristóbal Limón, ha vuelto a pedir la absolución de sus clientes. Entre los argumentos esgrimidos, el letrado ha recalcado que Puigdemont no era entonces “ni un prófugo ni un exiliado”, sino “un ciudadano que en un momento determinado decide trasladar su residencia a Bélgica y afrontar desde ese país las órdenes europeas de detención” que se presentaron contra él. El letrado ha asegurado que el arresto del político catalán en Alemania, y no en Finlandia, Suecia o Dinamarca, países por los que también pasó, “no fue casual” y que con ello la policía pretendió que el hecho se produjera en un país, sobre el papel, más favorable a su entrega a España, cosa que finalmente no ocurrió. “Fue una operación de Estado. [Puigdemont] era el enemigo público número uno en aquellas fechas, y aún hoy, del estado español”, ha afirmado.

El defensor de los dos agentes ha asegurado que el vehículo en el que viajaban los dos acusados junto a Puigdemont tenía supuestamente instalado un sistema electrónico de geolocalización que permitía a la policía española conocer en todo momento su situación. Y ha añadido que el expresident era controlado en todos sus movimientos por una veintena de agentes de la Policía y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que negó durante la vista el comisario que dirigió las pesquisas y que atribuyó la localización y arresto de Puigdemont a los “datos intuitivos” que manejaron en su investigación. El abogado ha concluido recalcando que los dos mossos “no tenían nada que esconder, porque estaban y siguen en la creencia de que no estaban cometiendo un acto ilícito”.