La Fiscalía pide tres años de cárcel para los dos ‘mossos’ que acompañaban a Puigdemont en Alemania
Se les acusa de un delito de encubrimiento para evitar la detención del expresidente catalán
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide una condena de tres años de prisión por delito de encubrimiento para cada uno de los dos agentes de los Mossos d’Esquadra que acompañaban al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018.
Los mossos Carlos de Pedro López y Xavier Goicoechea fueron procesados el pasado mes de febrero por el Juzgado Central de Instrucción número 6, que consideró que con su actuación perseguían el objetivo de que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo.
“Los investigados ayudaban a Carles Puigdemont, conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos del delito de rebelión y otros, y que el juez instructor había emitido una orden europea de detención y entrega”, explica el fiscal en su escrito de acusación, en el que considera que la intención de los mossos era ayudar al expresidente a llegar a Bélgica y “evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden de detención”.
En las diligencias que abrió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón nestuvieron investigados también en un primer momento el empresario Josep Maria Matamala, amigo íntimo de Puigdemont y el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont.
Finalmente fueron exculpados, pero en el caso de Alay tiene abierta otra causa judicial por malversación y otro de prevaricación después de la querella que presentó la fiscalía contra por “abusar” de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580 euros de un viaje como observador del referéndum de Nueva Caledonia en noviembre de 2018.
La querella del fiscal considera que esa actividad de Alay no figura entre las atribuciones que tenía al frente de la oficina del expresidente y le acusa de lograr que la Generalitat, gracias a la autorización “manifiestamente arbitraria e injusta” de la también querellada Meritxell Masó, le financiara los gastos derivados de aquel viaje.
La causa que llevará a los dos mossos a sentarse en el banquillo fue archivada inicialmente por el juez Diego de Egea, que estaba de refuerzo del magistrado Manuel García Castellón, quien se acabó haciendo cargo de la investigación. El auto de sobreseimiento aseguraba que los cuatro imputados inicialmente “no tenían conocimiento” de la orden europea de detención que pesaba sobre Puigdemont.
Sin embargo, la Fiscalía recurrió alegando que los hechos eran notorios y la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón y ordenó reabrir la causa al considerar que necesariamente tuvieron que conocer la situación de huido del expresidente catalán.
