El Tribunal de Cuentas calcula un daño de 10 millones por el ‘procés’
El indulto no afecta a la responsabilidad contable de 40 ex altos cargos y funcionarios
La concesión del indulto a los presos del procés no frenará los expedientes abiertos en el Tribunal de Cuentas por supuesta responsabilidad contable en la gestión de fondos públicos durante el proceso independentista por cerca de 10 millones de euros, según fuentes del propio organismo fiscalizador. El indulto queda circunscrito al ámbito penal y no se extiende, por tanto, al procedimiento administrativo abierto para reclamar las cantidades supuestamente desviadas para fines ilícitos, como la organización del referéndum del 1-O o la promoción exterior del procés.
Los 40 investigados por dicha supuesta responsabilidad contable —entre ellos el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente, Oriol Junqueras— están citados para que comparezcan personalmente o por medio de sus representantes legales el próximo día 29 en la sede del Tribunal de Cuentas. Allí se les entregará el acta de liquidación provisional por los hechos que se les atribuyen. Se han barajado diferentes cifras sobre la reclamación que se les va a efectuar, y aunque se ha llegado a hablar de decenas de millones de euros, fuentes del propio tribunal indican que el daño calculado no superará los 10 millones de euros.
El procedimiento está ahora en la fase de actuaciones previas. La instructora, Esperanza García, ha empezado a recibir las alegaciones de las defensas. Algunas han pedido la suspensión del acto de liquidación provisional. De momento, estas peticiones se han rechazado. Las defensas alegan que los expedientes son muy voluminosos —se trata de 6.000 carpetas relativas a gastos supuestamente indebidos— y no han tenido tiempo de examinarlos.
Además de Puigdemont y Junqueras, figuran entre los ex altos cargos que habrían incurrido en responsabilidad contable el también expresidente de la Generalitat Artur Mas y su exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell. La inclusión de este último entre los investigados ha dado paso a una campaña internacional en su defensa, iniciada por uno de sus hijos, Alex, en las redes sociales. Mas-Colell, que goza de gran prestigio académico, destacó recientemente a EL PAÍS que es “uno de 40”, en alusión al amplio colectivo investigado y en agradecimiento a las muestras de simpatía y solidaridad que viene recibiendo desde que su nombre apareció vinculado a las indagaciones del Tribunal de Cuentas.
Dos expedientes
El tribunal ha separado en dos expedientes sus investigaciones. Uno se refiere a gastos generales para organizar y desarrollar el referéndum ilegal del 1-O, y otro trata de establecer la cifra gastada en promoción del procés en países extranjeros, para dar información sobre el proyecto de ruptura con España y lograr apoyo internacional. En ambos casos las cantidades que se reclaman son similares, 4,8 millones en el primer expediente, del que los condenados del procés ya prestaron fianza suficiente, y alrededor de cinco millones en el segundo.
Estas cifras, en todo caso, pueden variar durante el procedimiento. De ahí la importancia que, como primer paso, tienen las citadas comparecencias, en que cada uno de los investigados conocerá cuál es la cantidad concreta que se le exige que afiance para hacer frente a su presunta responsabilidad, con la advertencia de que en caso de no hacerlo sus bienes serán embargados hasta cubrir el total que se le reclama.
En el caso de Mas-Colell, su hijo citaba en sus mensajes que ello incluiría su pensión de jubilación. Las defensas alegan indefensión ante una investigación que abarca siete años —de 2011 a 2017— y en la que se ha hecho un “paquete” injustificado, que incluye entre los investigados desde dos expresidentes de la Generalitat hasta funcionarios con limitadas competencias.
Un primer informe cuestionado
Los precedentes de la investigación del Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat no han estado exentos de incidencias. En 2017 se aprobó un informe de fiscalización con el voto particular de una consejera nombrada por el PSOE, María Dolores Genaro, quien asumió la tesis de que el Govern realizó un desvío de fondos para la promoción del procés, pero sostuvo que las conclusiones se redactaron de forma precipitada y sin ánimo de consenso. Añadió que algunos hechos estaban recogidos sin rigor contable y apreció en el documento sesgos ideológicos.
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