El Tribunal de Cuentas cifra en 10 millones la cantidad máxima que reclamará a los líderes del ‘procés’

El Tribunal de Cuentas concretará el próximo 29 de junio las cantidades que reclama a los 40 investigados por supuesta responsabilidad contable por gastos indebidos en la promoción exterior del procés, una cifra global que fuentes de dicha institución sitúan en torno a los diez millones de euros. De esta cantidad, casi la mitad, 4,8 millones se refieren al primer expediente, relativo a gastos generales de preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A esta cifra se han unido otros 5 millones de euros correspondientes al dinero invertido por las Consejerías de la Generalitat y por Diplocat para dar a conocer en el extranjero los planes de ruptura con España y buscar apoyo para la secesión.

No todos los investigados van a tener que hacer frente a la reclamación de dichos 10 millones de euros, ya que la instructora del expediente deberá comunicar a cada uno cuál es el grado de responsabilidad contable que se le atribuye. Fuentes del tribunal indican, en todo caso, que tanto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como el exvicepresidente Oriol Junqueras sí están incluidos en las dos ramas de la investigación, es decir, la de gastos generales y la de promoción exterior. Otros afectados, en cambio, solo deberán responder de gastos muy concretos por alguno de los capítulos analizados.

Por tanto, mientras Puigdemont y Junqueras pueden aparecer como presuntos responsables del uso indebido de los citados 10 millones de euros, y que se les reclame que afiancen esta cantidad, bajo apercibimiento de que en caso contrario serán embargados de sus bienes o salarios, otros investigados solo tendrán que responder de cantidades mucho menores. Tal podría ser el caso, por ejemplo, de un exsecretario de Presidencia de la Generalitat que tuvo en su área las competencias de la secretaría de Exteriores apenas una semana, antes de que pasaran a la Consejería de Asuntos Exteriores, dependiente de Raül Romeva.

Los expedientes suman decenas de miles de folios divididos en 6.000 carpetas, cada una de las cuales se refiere a una actuación relacionada con gastos indebidos para organizar o promocionar las iniciativas del procés. Las defensas están realizando en estos días alegaciones, y en muchos casos están denunciando indefensión, en parte por el escaso tiempo del que han dispuesto para examinar los documentos.

Indefensión

Su queja se basa en que el Tribunal de Cuentas ha tenido años para investigar el supuesto desvío de fondos a favor de los proyectos de ruptura que entrañó el proceso independentista, mientras los afectados por la investigación solo están teniendo ahora unas semanas para defenderse, sin saber muy bien de qué y por qué cantidad, de entre todo lo recogido en el expediente. Y luego, a partir del día 29, fecha en que están citados, dispondrán de menos tiempo aún –entre quince y veinte días– para afianzar las cantidades que se les reclamen, a sabiendas de que en caso contrario se les embargarán sus bienes e ingresos hasta cubrir la cifra exigida.

Fuentes del Tribunal de Cuentas afirman, en todo caso, que a ninguno de los investigados se le va a reclamar una cifra superior a los citados 10 millones de euros, en el supuesto de que se les considere responsables de la totalidad de los gastos desviados hacia fines ilícitos, de promoción del procés. Dichas fuentes dijeron no poder concretar la cantidad exacta que se imputará al exconseller de Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Collell, cuyo hijo se refirió en las redes sociales a que la reclamación alcanzaría en el caso de su progenitor “decenas de millones” de euros, y que ha recibido el apoyo de destacados economistas internacionales.

Las defensas de los investigados, a su vez, estudian incluir en los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegaciones relativas a la actuación del Tribunal de Cuentas, en coincidencia con los últimos pasos de los expedientes de indulto a los líderes independentistas encarcelados por sedición, que el Gobierno se propone analizar en breve para acordar medidas de gracia. Fuentes del propio tribunal afirman que no hay previsión legal alguna para que los indultos puedan extenderse a la responsabilidad contable que ahora se indaga. El Tribunal de Cuentas, pese a su nombre, no forma parte del poder judicial, sino que es un órgano administrativo –el máximo órgano fiscalizador del dinero público– y sus resoluciones pueden recurrirse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Fuentes del Tribunal de Cuentas afirman que el hecho de que la liquidación provisional haya sido fijada para el 29 de junio –fecha en que deberán comparecer los investigados, físicamente o por medio de sus representantes legales– nada tiene que ver con la tramitación de los indultos por las penas impuestas en vía penal a los líderes independentistas.

En medios de las defensas, a su vez, se subraya que ya en 2017 el Tribunal de Cuentas aprobó un informe de fiscalización sobre la acción exterior de la Generalitat, que contó con el voto particular de una consejera nombrada por el PSOE, María Dolores Genaro. Esta asumió la tesis de que el Govern llevó a cabo un desvío de fondos para la promoción del procés en el extranjero, pero sostuvo que las conclusiones se redactaron de forma precipitada y sin ánimo de encontrar fórmulas de consenso. La consejera añadió que, a su juicio, algunos hechos del expediente estaban recogidos y examinados sin rigor contable o no estaban suficientemente acreditados, al tiempo que apreció sesgos ideológicos en el informe. El documento en cuestión fue encargado por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, a instancias del PP, que presentó una iniciativa, apoyada por el PSOE y Ciudadanos, para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior de la Generalitat desde 2011 hasta 2017 se habían empleado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia”.