La Fiscalía pide dos años de cárcel para Álvarez-Cascos por un delito continuado de apropiación indebida

La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel para el impulsor de Foro Asturias y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, por un presunto delito continuado de apropiación indebida por cargar al partido gastos personales por importe de 5.500 euros en la etapa en que lo lideraba. Según el Ministerio Público, el también exvicepresidente del Gobierno del PP se sirvió del sistema de autorización de gastos habilitado en Foro para cargar a la formación varios desembolsos no relacionados con su actividad política, personales o de sus familiares, utilizando los recursos como propios. Además, la Fiscalía sostiene que desvió ciertas cantidades hacia su patrimonio o el de personas vinculadas con él. EL PAÍS adelantó en diciembre de 2019 la información sobre el dispendio del que en una etapa anterior fue ministro de Aznar. La formación, que estima en 400.000 euros la cifra de gastos sin justificación, terminó llevando el asunto a los tribunales.

En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que Cascos incluyó entre 2011 y 2017 gastos de un procurador personal por un asunto político relacionado con otro partido y por otro asunto personal, así como zapatos, cuatro desplazamientos a A Coruña con hotel y alimentación, un hotel para su suegro, comida enviada a un domicilio particular y a nombre de sus familiares, juegos de videoconsola, billetes de AVE para sus hijos, entradas para la Copa Davis, entradas a museos y una cama completa, con colchón y canapé, entre otros.

La Fiscalía relata que, en los meses inmediatamente anteriores a la constitución de Foro en marzo de 2011, a Cascos se le hizo una oferta profesional para que liderase un proyecto político y que incluía una retribución a cambio de dedicación exclusiva, además de “facilidades” para que mantuviese su residencia en Madrid y pudiera ejercer el régimen de visitas a sus hijos; consistían en el pago de sus alojamientos en Asturias, los desplazamientos con o sin conductor o los gastos inherentes al desplazamiento, así como la capacidad de decidir sobre la forma de ejercer su actividad política y la libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido en el territorio que considerase, sujetos a control posterior.

Pero, según el Ministerio Público, esa oferta económica en ningún caso incluía gastos de carácter personal, de libre disposición sin sujeción a autorización del partido, ni de comidas no relacionadas con la actividad política. Una vez aceptada la oferta profesional, señala el escrito, Cascos fue nombrado presidente del partido en marzo de 2011, cargo que ostentó cuatro años, cuando pasó a ser secretario general hasta 2019, pero en todo ese periodo “fue la persona de referencia en la formación, el líder absoluto y la persona que en último lugar tomaba todas las decisiones en la misma”, señala el escrito. Además, incide en que el partido nunca nombró tesorero y la Comisión Directiva, como máximo órgano, se centraba principalmente en la actividad política, “delegando tal función económica de facto y despreocupándose del sistema ofrecido a la máxima figura de la formación”.

Así, añade la Fiscalía, se establecían criterios de confianza y de responsabilidad personal en la utilización de los recursos económicos, sumado a la existencia de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, que se limitaba a aspectos de mayor envergadura y no analizaba el sistema de gastos. A eso se sumaba un procedimiento basado en la confianza, “conformado por ciertas personas que ejercían de facto la gestión y control del gasto si bien, dado que no ostentaban la función de tesorero, su labor se centraba en el correcto funcionamiento formal sin supervisión de la oportunidad o corrección del gasto”, precisa el texto.