Marruecos busca aislar al Frente Polisario criminalizando a su líder

La “criminalización” de Brahim Gali —y por extensión del Frente Polisario—, para aislarlo internacionalmente, es el objetivo de la campaña lanzada por Marruecos aprovechando la hospitalización del líder saharaui, según fuentes diplomáticas. El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, aseguró que Gali entró en España con identidad falsa, aunque su homóloga española, Arancha González Laya, ha explicado repetidamente que lo hizo con un pasaporte diplomático argelino a su nombre; y añadió que está “buscado por la justicia española”, aunque no hay ninguna orden de detención contra él.

Mohamed Abdelaziz, histórico líder del Frente Polisario durante cuatro décadas, estuvo en diciembre de 2015 en Madrid, cinco meses antes de morir. Concedió entrevistas y presidió un acto político: la 40ª Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Marruecos no se quejó entonces al Gobierno de Mariano Rajoy.

Tampoco lo hizo en las múltiples ocasiones en que Abdelaziz fue recibido en Madrid por los máximos responsables políticos españoles: Felipe González en 1992; José Luis Rodríguez Zapatero en 2004; y José María Aznar en 2005. Es cierto que el primero lo recibió en La Moncloa, mientras que Zapatero lo citó en la calle Ferraz, para dejar claro que lo hacía como secretario general del PSOE y no como jefe del Gobierno; mientras que Aznar ya había dejado de presidir el Ejecutivo y el PP y se reunió con él en su condición de máximo responsable de la fundación FAES.

En realidad, difícilmente Rabat podía pedir que el secretario general del Frente Polisario fuera tratado como un apestado cuando su propio rey, Mohamed VI, participó con el actual líder saharaui, Brahim Gali, en la cumbre celebrada en noviembre de 2017 en Abiyán (Costa de Marfil) entre la UE y la Unión Africana, una organización a la que Marruecos regresó ese año, después de 33 de ausencia.

¿Por qué ahora el traslado de Gali a España para tratarse médicamente, sin participar en ningún acto público ni mantener contactos políticos, ha provocado la peor crisis con Marruecos desde la toma del islote de Perejil en 2002? Las fuentes consultadas creen que la situación ha cambiado tras la ruptura, en noviembre pasado, del alto el fuego que Marruecos y el Frente Polisario mantuvieron durante tres décadas. Y, sobre todo, porque Rabat se considera en condiciones de ganar la batalla diplomática, además de la militar, después de que el pasado 10 de diciembre la Administración de Donald Trump reconociera la marroquinidad del Sáhara.

La contundente respuesta que dio la UE a la entrada irregular de más de 8.000 inmigrantes en Ceuta, alentada por Rabat como represalia contra Madrid, ha llevado a Marruecos a centrar su estrategia en intentar apartar a las instituciones comunitarias del contencioso, alegando que se trata de un problema bilateral con España. Juega en su contra el hecho de haber elegido como campo de batalla el control de las fronteras, un asunto de alta sensibilidad en Europa, y haber abierto una crisis diplomática con Alemania antes de hacerlo con España.

Campaña de Rabat

En paralelo, Rabat ha puesto en marcha una campaña para criminalizar a Gali, incluso antes de que comparezca ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien le ha citado el 1 de junio para responder por las denuncias interpuestas por el disidente saharaui Fadel Breica y por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh).

En declaraciones a la emisora francesa Europe 1, el jefe de la diplomacia marroquí insistió el pasado domingo en que Gali había entrado “de manera fraudulenta” y con identidad falsa en el espacio Schengen. Por su parte, el director de Asuntos Políticos de su ministerio, Fouad Yazough, reclamó una investigación sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario con “la complicidad e injerencia de cuatro generales de un país magrebí” y anunció que el servicio secreto marroquí revelaría más detalles al respecto. Según ha explicado en repetidas ocasiones la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el líder del Polisario entró en España con un pasaporte diplomático argelino y en un avión medicalizado de la presidencia argelina; algo muy diferente a la entrada clandestina e ilegal, con pasaporte falso, que denuncia Marruecos.

Burita aseguró, además, que Gali es “una persona buscada por la justicia española”, mientras que su subordinado fue aún más lejos al calificarlo de “criminal responsable de crímenes abyectos”, como violación, tortura, asesinatos y desapariciones.

En realidad, Gali no está siendo buscado, sino que ha sido citado a declarar por el juez, que se ha negado hasta ahora a adoptar medidas cautelares contra él, “a la vista de su estado de salud” y teniendo en cuenta que “no hay indicios claros de su participación en las conductas recogidas en la querella”. Solo tras tomarle declaración Pedraz decidirá si le deja marchar libre o le impone alguna medida, como la prohibición de salir de España o incluso la prisión.

En este momento no hay ninguna orden de detención contra Gali por lo que este podría, en teoría, pedir el alta y marcharse del país. Marruecos ya ha advertido que si Gali saliera de España como entró —es decir, en secreto—, se produciría un agravamiento de la crisis e incluso una posible ruptura de relaciones diplomáticas.

Hasta ahora, el Gobierno español se ha mantenido al margen de este asunto, alegando que su único compromiso era atender sanitariamente a Gali, pero González Laya ya ha mostrado su confianza en que el líder del Polisario “cumpla sus compromisos con la justicia”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, evitó este lunes pronunciarse sobre la situación procesal del líder del Polisario, alegando que “no sería respetuoso con la Administración de Justicia”, pero añadió que, cuando esta se pronuncie, “habrá que tomar medidas”.

Gali no ha dicho aún si acudirá a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional y no firmó el recibí de la citación judicial, pero fuentes próximas al Frente Polisario consideran probable que declare. De no hacerlo, el juez podría dictar una orden de detención internacional a través de Interpol y, a partir de ese momento, no solo el líder saharaui tendría problemas para viajar a otros países, sino que Marruecos podría afirmar, esta vez con fundamento, que se trata de un prófugo de la justicia perseguido por graves crímenes.

Fuentes diplomáticas señalan que, sea cual sea el desenlace de esta crisis, Marruecos ha logrado que las relaciones de los países europeos con el Frente Polisario sean a partir de ahora más complicadas y que cualquier país se lo piense dos veces antes de acoger a un dirigente del movimiento saharaui.