El Pequeño Nicolás, en el juicio por hacerse pasar por emisario del Rey: “Quería tirarme el pisto”
El veinteañero, para quien el fiscal pide siete años de cárcel, niega que fingiese ser una autoridad
A Francisco Nicolás Gómez Iglesias, de 27 años y conocido por el alias de El Pequeño Nicolás, se le acabó el tiempo de tregua. Este martes, tras dos años de reiterados aplazamientos, ha continuado con el calvario judicial que le persigue desde que se descubrieran sus tejemanejes a finales de 2014. El joven se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de hacerse pasar por emisario de Felipe VI y de la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un viaje a Ribadeo (Lugo), donde fijó un almuerzo con Jorge Cosmen, presidente de la compañía de transportes Alsa. “Lo que yo quería era tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo”, se ha excusado este martes Gómez ante el tribunal. La Fiscalía pide que le impongan una pena de siete años de cárcel.
—Quería asemejarme a los mayores y hacerme creer poderoso, parecer una persona importante —ha dicho el Pequeño Nicolás durante el interrogatorio de la Fiscalía, que le atribuye delitos de usurpación de funciones públicas, de falsedad en documento oficial y de cohecho activo.
—Pero, ¿se hacía pasar por una autoridad de enlace entre la Casa Real y del Gobierno? —ha incidido el ministerio público, que ha exhibido en la vista la copia de varias acreditaciones falsas que le encontraron en el ordenador en los registros.
—No. Yo quería parecer una persona importante, nunca una autoridad […] De hecho, ese cargo no existía —ha esquivado el principal acusado en la vista, en la que ha rehusado responder a la acusación pública sobre una parte de los mensajes de Whatsapp que se le intervinieron.
Había gran expectación ante la presencia de Gómez Iglesias a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid. Decenas de cámaras y periodistas esperaban la llegada del acusado, que ha entrado en escena apenas diez minutos antes de que arrancara la vista oral. Acompañado por su abogado, Manuel Marchena Perea —hijo del magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo—, y visiblemente afectado, el joven ha esquivado las preguntas de los reporteros con monosílabos. ¿Cómo afronta el juicio, con tranquilidad? “Sí”. ¿Va a defender su inocencia? “Sí, por supuesto”, ha resumido antes de entrar en el órgano judicial.
El Pequeño Nicolás no lo tiene fácil. Toda una batería de indicios y testimonios lo sitúan al frente del episodio ocurrido el 13 de agosto de 2014, cuando una comitiva de vehículos partió del madrileño Paseo de la Habana rumbo a Ribadeo. Según relatan las acusaciones, en el interior viajaban el joven y dos policías municipales, Jorge González y Carlos Pérez, que también se sientan en el banquillo por simular labores de vigilancia y escolta. La Fiscalía mantiene que los dos agentes facilitaron al cabecilla varias sirenas del Ayuntamiento de la capital y pinganillos, claves para urdir el engaño. Además, antes habían contactado presuntamente con las autoridades locales para avisar de que iba a acudir al municipio una persona cuya identidad no se podía revelar “por razones de seguridad nacional”. Eso sí, al restaurante y al empresario presuntamente ya les habían precisado que iría Felipe VI.
Una tesis que Gómez Iglesias niega, pese a los testimonios y a los indicios que constan en la causa. El almuerzo se concertó en el restaurante San Miguel del puerto deportivo de Ribadeo. A este respecto, el Pequeño Nicolás ha negado este martes que telefonease al presidente del Club Náutico para avisar de que llegaría una comitiva importante. En ese momento, el fiscal lo ha acorralado: “Pero consta en la lista de llamadas de su teléfono que usted habló con el presidente del Club Náutico”. “Si habló alguien... Yo estoy seguro que no fue así”, ha eludido el procesado, que llegó a fingir durante la comida que recibía una supuesta llamada de la vicepresidenta del Gobierno.
La estrategia de defensa
El Pequeño Nicolás ha desplegado su principal estrategia de defensa durante el juicio. Según él, nunca se hizo pasar por autoridad y el único objetivo del viaje era comer con Cosmen para que éste creyera que tenía poder: “Que yo era una persona importante y con contactos”. Pero, ¿cómo conseguirlo? Según Gómez Iglesias, lo iba a lograr simplemente con los “aires de grandeza” que le otorgaba la “pomposa” comitiva que organizó —aunque el almuerzo con el presidente de Alsa se cerró antes del viaje—. “Yo quería darme aires de grandeza y, pues imagino, cuantos más coches mejor”.
—¿Y cómo explica que la Policía Local de Ribadeo le diese escolta? —ha vuelto a la carga el fiscal.
—No lo sé, pero yo no tengo poder para que me escolten.
—¿De dónde sacó el dinero para abonar los coches de alquiler?
—Era relaciones públicas de discotecas —se ha defendido El Pequeño Nicolás, que ha hecho hincapié en que se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde hace “bastantes años”—Si yo hice eso en ese momento, fue porque yo quería ampliar el poder. Yo quería impresionar. Y, para que me hiciera caso dije: ‘Pues voy a hacer la comitiva’.
Sin embargo, esta imagen que ha querido dar a entender Gómez Iglesias se ha topado con el relato de otro de los acusados, el policía Jorge González. Según él, el principal acusado no era un cualquiera y se movía en círculos de poder. “Francisco Nicolás no es el friki que aparenta. Yo he visto a Nicolás con empresarios, con ministros, con secretarios de Estado… Esa gente no deja que un chaval de 19 años se siente a su mesa...”, ha reiterado. Para ambos agentes, la Fiscalía pide cinco años y medio de prisión.
Las otras causas
La celebración del juicio por el caso Ribadeo se fijó inicialmente para mayo de 2019, pero se suspendió tras la renuncia de la entonces abogada del Pequeño Nicolás. Antes, el CNI ya había logrado sentarlo en el banquillo por injurias y calumnias, pero terminó absuelto en 2018 en una vista donde su defensa alegó que sufre un trastorno mixto de personalidad narcisista de carácter grave que provoca que distorsione la realidad. Actualmente tiene más causas abiertas: el ministerio público le pide otros 20 años y tres meses de cárcel por hacerse pasar por un asesor del Gobierno para estafar a un empresario de Toledo, por crear una red para obtener información confidencial de las bases de datos policiales y por falsificar su DNI para que uno de sus amigos se presentara por él al examen de selectividad.
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