Protección de datos

Protección de Datos censura la “falta de lealtad” de un Ayuntamiento que engañó a un senegalés para expulsarlo

La entidad se une al Defensor del Pueblo y denuncia que el consistorio navarro de Ribaforada obró ilícitamente para propiciar una deportación

Una usuaria busca en Google una página sobre la agencia de protección de datos.
Una usuaria busca en Google una página sobre la agencia de protección de datos.Claudio Alvarez

La Agencia de Protección de Datos ha apercibido al Ayuntamiento de Ribaforada (Navarra) por su “falta de lealtad” en el tratamiento de la información personal del senegalés Modou Khadim, un inmigrante en situación irregular que fue detenido y expulsado tras ser citado engañosamente en el Consistorio en 2018. Además, acusa a los responsables municipales de “uso ilícito” de sus datos.

El Defensor del Pueblo ya había denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por los socialistas, actuó inapropiadamente al atraer al afectado a las dependencias municipales con el ficticio argumento de tramitar su empadronamiento, pero con la intención real de entregarlo a la Policía para que fuese deportado.

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El consistorio sostuvo que su intención era colaborar “por el interés general”, pero el Defensor reprobó su actuación. Protección de Datos ha dirigido a la Corporación una sanción de apercibimiento porque estima que las credenciales de Khadim se trataron sin más “legitimación que la verbal” y “sin acreditarse la motivación jurídica”. Como el trámite para realizar el empadronamiento era falso, la citación respondió a un “tratamiento de datos ilícito” y una “falta de lealtad”. La agencia insiste en que esa información individual debe manejarse de modo “razonable y no de forma que implique efectos adversos injustificados”, como en el engaño que afectó a este africano, de 52 años y que llevaba 14 en España.

Khadim vivía en Ribaforada desde hacía cuatro años, dedicado a la venta ambulante. Esa actividad le permitía pagar sus gastos, una habitación en un piso compartido y enviar dinero a Senegal, donde vivían su pareja y sus cuatro hijos. El Ayuntamiento aseguró en su día que tenía antecedentes penales, si bien él argumenta que la única irregularidad fue usar un permiso de conducción caducado cuando llegó a España desde Italia.

El pronunciamiento de Protección de Datos no basta para revertir la expulsión, según confirma María José Muñoz, abogada del Centro de Asesoría para Extranjeros de Navarra. “Aunque se hiciese de forma poco ortodoxa, se le podía expulsar porque estaba en situación irregular”, expone la letrada, que censura que el Ayuntamiento interviniera en una cuestión que es competencia policial. “Fue engañado”, insiste Muñoz.

El afectado sigue viviendo en Senegal. “No quiero cogerme el barco; tengo responsabilidad con mis hijos”, cuenta por teléfono, en referencia a arriesgar la vida en una patera intentando volver a España. Pero su objetivo es regresar: “Estoy sufriendo”.

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