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Los cadáveres sin reposo de la ruta canaria

Los cuerpos de los 24 fallecidos en una patera al suroeste de El Hierro colapsan el Instituto de Medicina Legal de Tenerife

Guillermo Vega
Santa Cruz de Tenerife -
Los cadáveres de algunos de los 24 migrantes encontrados muertos en un cayuco a la deriva en alta mar, apilados en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife a la espera de ser enterrados.
Los cadáveres de algunos de los 24 migrantes encontrados muertos en un cayuco a la deriva en alta mar, apilados en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife a la espera de ser enterrados.Miguel Velasco Almendral

El operario estira el brazo y va señalando las cámaras individuales en las que habitualmente se guardan los cadáveres. “En esta hemos tenido que meter a dos. Y en esta también. Y en esta...”. Es la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife, que en las últimas semanas se ha convertido en otro escenario del drama de la crisis migratoria en Canarias. En una estancia contigua está la llamada “sala de catástrofes”. En ella se acumulan en estanterías los cuerpos sin vida de la mayoría de los 24 migrantes encontrados muertos el 27 de abril, en la jornada más trágica de la ruta migratoria canaria desde el Día de los Enamorados de 2009, cuando 25 personas murieron en un naufragio en Lanzarote. Los responsables de la institución forense reclaman ayuda, ya que esta última tragedia ha desbordado sus instalaciones.

A mediodía del 27 de abril, durante un entrenamiento fuera de los límites de su ruta, un avión del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) avistó un cayuco a la deriva, a 270 millas náuticas (unos 500 kilómetros) al suroeste de la isla canaria de El Hierro. Estaba “en mitad de ninguna parte”, describió el comandante Ignacio Crespo. El escenario a bordo helaba la sangre: tres supervivientes —dos hombres y una mujer—, exhaustos tras más de 20 días de viaje, se agarraban a la vida rodeados por 24 cadáveres. Uno de los dos varones fue dado de alta la pasada semana y permanece acogido por la Cruz Roja con secuelas psicológicas. Los otros dos supervivientes están ingresados en centros hospitalarios de Tenerife.

Lo que encontraron los rescatadores del Ejército aquel mediodía es, sin embargo, solo una parte de la historia. La ONG Caminando Fronteras, que fue contactada por familiares de la mujer que se salvó, sostiene que esta embarcación coincide con una que partió de Mauritania el 5 de abril con 59 personas a bordo. De confirmarse esta información, además de los 24 cadáveres, habría otros 32 desaparecidos.

La llamada ruta canaria es la más peligrosa para llegar a Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sus datos precisan que 849 personas perdieron la vida al intentar cruzarla en 2020, una por cada 26 que lograron desembarcar en el archipiélago. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la OIM estiman que unas 90 personas han perdido la vida en el mar este año en dicha ruta. Apenas se han recuperado algo más de medio centenar de cuerpos.

Viaje sin fin

Casi dos semanas después del trágico hallazgo en alta mar, los 24 cadáveres siguen sin reposo en el instituto forense tinerfeño. El proceso para identificar a los fallecidos es complicado, lento y burocrático. Y los familiares quieren llorar una tumba con nombre.

“Estamos desbordados, desesperados”, explica su director, Jesús Vega. “Los cuerpos están ya en avanzado estado de putrefacción, y este proceso va a continuar por mucho que los tengamos en neveras”, dice. Vega señala al que considera principal responsable del colapso: el Juzgado de Instrucción 2 de Arona.

Jesús Vega, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife.
Jesús Vega, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife.Miguel Velasco Almendral

Fuentes del Tribunal Superior de Canarias replican que la demora se debe, fundamentalmente, a que “se están personando familiares de los fallecidos para desplazar los cadáveres a sus lugares de origen”. Respecto a los cuerpos clamados, dichas fuentes sostienen que se están realizando labores policiales para identificarlos.

Los restos, insiste Vega, ya se podrían inhumar. “La ley permite enterrarlos con los datos que haya, y a medida que se les vaya identificando se les asigna un nombre. Y, si aparece el familiar, se le hace entrega del cuerpo”, recalca. “Si no, ¿cuánto tendremos que esperar? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Cinco años?”.

Llueve sobre mojado. El IMLCF de Santa Cruz de Tenerife conserva aún cuerpos de migrantes de embarcaciones arribadas en agosto, septiembre y noviembre pasados, todos pendientes de resoluciones de inhumación de los juzgados. Y hay que sumar los cadáveres de residentes en las islas, nacionales o extranjeros. La llegada de la patera con los 24 cuerpos ha coincidido con obras en la morgue, que reducen el número de cámaras frigoríficas disponibles.

El instituto no es la única entidad que se ha visto sobrepasada con la tragedia conocida el día 27. Tras la llegada de la patera, el Ayuntamiento de Arona se declaró incapaz de asumir tal cantidad de entierros dada la escasa capacidad de su cementerio, actualmente en obras de ampliación, según un portavoz del Consistorio. La institución pidió ayuda al Gobierno canario, que sondeó a otros municipios para que albergasen los cuerpos. Santa Cruz de Tenerife y Candelaria acudieron al rescate: el Ayuntamiento capitalino aceptará 15 de los cadáveres, y el de Candelaria, los nueve restantes. Ambos están a la espera de que la jueza tramite una petición para dar descanso a los 24 cuerpos.

Normativa

La ley establece que los cadáveres se han de enterrar en el municipio en el que fallecieron. La práctica totalidad de los migrantes que entran a Tenerife a bordo de pateras o cayucos lo hace por Los Cristianos, pueblo portuario y centro turístico del municipio de Arona (suroeste de Tenerife), lo que aumenta la carga de trabajo de los juzgados locales.

 

Para que un cuerpo pueda abandonar las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, ha de haber alguien que lo reclame ante la justicia. Por lo general suele ser un particular a través de los servicios funerarios. Cuando pasa el tiempo y no hay nadie que pida los restos, son los servicios sociales quienes se ocupan de financiar y organizar el entierro. Los ayuntamientos pueden ser parte del problema: de hecho, cuatro de los cuerpos que bloquean el centro están a la espera de que diversos consistorios vengan a recogerlos.


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Sobre la firma

Guillermo Vega
Corresponsal en Canarias y miembro del equipo de edición del diario. Trabajó en la Cadena Ser, Cinco Días y fue jefe de EL PAÍS Retina y de la sección de Tecnología. Licenciado en Ciencias de la Información, diplomado en Traducción e Interpretación y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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