El PSOE pide volver a imputar a Cristina Cifuentes en el ‘caso Púnica’

El PSOE, personado como acusación popular en el caso Púnica, ha pedido a la Audiencia Nacional que anule la reciente desimputación de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. El partido ha presentado un escrito junto a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), fechado este mismo miércoles, donde defiende que “existen sobrados indicios” de su implicación en la presunta adjudicación irregular de un contrato de la Asamblea regional y en la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

El documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, pide anular la “totalidad” del auto dictado el pasado 20 de abril por el juez instructor Manuel García-Castellón. El magistrado archivó la línea de investigación abierta contra la expresidenta por los posibles delitos de prevaricación y cohecho al no apreciar irregularidades en la concesión del servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea en las licitaciones de 2009 y 2011 —de cuya mesa de adjudicación formó parte Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Cámara—. Tampoco vio “acreditado” que la expolítica participara en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid), en cuyo patronato estuvo integrada.

Pero el PSOE y Adade no comparten esa tesis. Por un lado, el escrito enviado a la Audiencia destaca las “múltiples irregularidades administrativas” de la adjudicación del servicio de cafeterías, apuntadas por la Guardia Civil en sus informes y rechazadas por García-Castellón en su auto del pasado 20 de abril. Este contrato se dio al Grupo Cantoblanco, encabezado por Arturo Fernández, uno de los empresarios señalados como donante del PP madrileño a través de donaciones a Fundescam. En opinión de la acusación popular, Cifuentes jugó un papel “directo” en esa concesión y desde “una posición de superioridad respecto al resto de intervinientes por su condición de vicepresidenta de la mesa de la Asamblea y miembro del partido que ostentaba la mayoría”.

Los socialistas rechazan también la argumentación sobre el “irrelevante” nivel de implicación de la expresidenta en Fundescam, consideración clave del juez para su desimputación. “Dados los cargos desempeñados dentro del PP de Madrid”, la acusación popular considera que Cifuentes no podía ignorar que el partido madrileño usaba “recursos ajenos a la cuenta electoral para financiar sus campañas o de dónde procedía el dinero”. “Ella misma formaba parte de los comités de campaña [...] Era la encargada de garantizar la asistencia a dichos actos de dirigentes y público, debía contar para poder llevar a cabo sus funciones con información e incluso mano en la organización de los mismos”.

El escrito enviado a la Audiencia, dirigido al juzgado para su remisión a la Sala de lo Penal, también reprocha al juez que desimputara a Cifuentes en plena campaña electoral: “Lo que rompe, dicho sea con el mayor de los respetos, el uso de la Audiencia Nacional de evitar interferencias en estos periodos”. “Existen sobrados indicios, no solo para mantener la condición de investigada de Cifuentes, sino para decretar la apertura de juicio oral contra ella y que adquiera la condición de acusada”, apostilla el recurso.