El Constitucional se replanteará si admite añadidos a la fórmula de juramento de los diputados

El Constitucional va a replantearse su doctrina sobre los requisitos para el acceso a los cargos de diputado y senador, al haber admitido a trámite los recursos planteados por el PP y Vox contra la fórmula de juramento que emplearon los miembros de varios grupos parlamentarios en las sesiones constitutivas de Congreso y Senado. El tribunal de garantías ha dado cuenta de su decisión afirmando que “considera que los recursos presentados pueden dar ocasión para aclarar o cambiar la doctrina del tribunal, como consecuencia del surgimiento de nuevas realidades sociales”.

Hasta ahora, el Constitucional solo ha resuelto un caso de este ámbito, el planteado por senadores de Batasuna en 1991. En aquel fallo se dio validez al juramento o promesa prestados “por imperativo legal”. En la constitución de las Cortes en la presente legislatura, los 29 parlamentarios de JxCat, ERC, PNV, CUP, EH Bildu y cuatro de Podemos usaron distintas fórmulas alternativas. También ocurrió en la anterior legislatura. Oriol Junqueras, por ejemplo, prometió entonces la Constitución “desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal”. Los diputados de Podemos, a su vez, lo hicieron “por la democracia y los derechos sociales”.

El Constitucional ha hecho constar que admite los recursos contra estas fórmulas “porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto” y “porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”. Tras la admisión de estas impugnaciones van a ser, por tanto, dos las legislaturas cuyas sesiones constitutivas serán analizadas por los magistrados: la que está en curso, y la precedente. Los recursos relativos a la anterior ya fueron admitidos a trámite el año pasado y están pendientes de sentencia. Los que se unen ahora son los que se refieren a la actual legislatura, iniciada en diciembre de 2019, tras elecciones del 10 de noviembre del mismo año.

En el Congreso fueron 29 los diputados que accedieron al escaño tras prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución añadiendo diversas fórmulas ajenas a la fórmula básica ritual. En el Senado fueron 20 los parlamentarios que actuaron de modo parecido. El PP y Vox defendieron en su día que todas esas fórmulas no debían considerarse válidas, y en esos términos lo plantearon en primer lugar ante la Mesa de cada una de las dos cámaras. Su protesta no tuvo efectos y de ahí que luego recurrieran ante el Constitucional.

La alusión del tribunal de garantías a que los recursos pueden tener “unas consecuencias políticas generales” no se refiere solo a la posibilidad de que su sentencia tenga efectos para el futuro, sino también para el presente. Una de las hipotéticas consecuencias de un fallo que anulara las fórmulas de juramento o promesa prestadas con añadidos y consideraciones políticas diversas sería que se estimara que la toma de posesión del cargo parlamentario no fue válida. Y la consecuencia de eso sería que se ordenase repetir el juramento y que, en caso de negarse, se entendiese que el parlamentario ha renunciado al cargo y se citara al siguiente candidato de la lista electoral para acceder al escaño.

Todas estas hipótesis ya llevaron a que el Constitucional estudiara inicialmente rechazar de plano los recursos del PP y Vox, por estimar que más que plantear un petición de amparo, dichos grupos parlamentarios pretendían lo que en la jerga del tribunal se conoce como un “contraamparo”. Es decir, que los mencionados partidos no buscaran respaldo ante una vulneración de sus derechos, sino para denunciar un supuesto abuso de quienes no cumplieron con la fórmula estricta de juramento o promesa. Con el rechazo de plano de los recursos se evitaba, por otra parte, cualquier eventual consecuencia sobre la actual composición de las cámaras.

Formalmente, los recursos relativos a la actual legislatura fueron presentados por Santiago Abascal y otros diputados de Vox en un caso; por Javier Maroto y otros senadores del PP en otro, y por Cayetana Álvarez de Toledo y cinco diputados del PP en un tercero, contra los acuerdos de las presidentas del Congreso y Senado de 3 de diciembre de 2019, respectivamente, y las resoluciones de la Mesa del Congreso y Senado de 13 de diciembre de 2019 y 23 de enero de 2020, respectivamente. Todas estas resoluciones fueron las que dieron validez a las distintas fórmulas alternativas de juramento o promesa.