División en el Constitucional para debatir el juramento de los diputados
Los dos magistrados del sector progresista estimaron que los recursos no deberían ser admitidos a trámite
El Tribunal Constitucional se va a ocupar a fondo de la fórmula de juramento o promesa de los diputados cuando acceden al escaño, en un clima de fuerte división interna. Un movimiento puesto en marcha por seis magistrados ha forzado que el pleno del tribunal deba manifestarse sobre las apostillas a la fórmula de acatamiento a la Constitución —algunas con alusiones a los presos del procés o a la república catalana— que introdujeron diputados independentistas y de Unidas Podemos. PP y Ciudadanos habían recurrido la toma de posesión de esos parlamentarios en la sesión constitutiva de las Cortes de mayo de 2019 y en la presente legislatura, iniciada en diciembre, también lo hizo Vox.
Los recursos de PP y Cs se vieron este lunes en la Sala Primera del Constitucional, con un debate preliminar sobre la materia. Los tres magistrados del sector conservador en esta Sala pidieron que el asunto se lleve a pleno por su relevancia. Y así se hará, porque las normas del tribunal prevén que con tres firmas baste para que se deba someter la cuestión propuesta a una sesión plenaria.
Los dos magistrados del sector progresista —junto al presidente del tribunal, Juan José González Rivas— estimaron, en cambio, que los recursos no deberían ser admitidos a trámite. Su tesis es que no se trata de solicitudes de amparo, sino de “contraamparo”, ya que los recurrentes no denuncian que se les hubiera negado el ejercicio de algún derecho fundamental, sino que otros —29 diputados, todos los de ERC, Junts per Catalunya, CUP y EH Bildu, junto a cuatro de Unidas Podemos— lo utilizaron indebidamente.
Recogida de firmas
La recogida de firmas de magistrados para llevar el asunto al pleno fue realizada por la vicepresidenta del Constitucional, Encarnación Roca, quien preside la Sala Segunda. Los integrantes de esta Sala se mostraron muy contrariados en abril último cuando no se llevó al pleno la decisión de prohibir una marcha convocada en Vigo para el Primero de Mayo, en pleno estado de alarma.
La Sala Primera consideró que la defensa de la salud pública justificaba la restricción del derecho de manifestación. Al producirse un empate a tres, el presidente decantó entonces la resolución con su voto de calidad, en apoyo del sector progresista. Los magistrados conservadores han reaccionado ahora con este movimiento y han derrotado las tesis de los progresistas.
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