La tensión política aviva la disputa interna en el Tribunal Constitucional
Conservadores y progresistas chocan por las fórmulas de juramento de los diputados
La etapa de tensión que se vive en la escena política se está trasladando cada vez con mayor intensidad al Tribunal Constitucional. Desde el estallido de la crisis sanitaria se han sucedido los encontronazos entre los sectores conservador y progresista a propósito de asuntos como la prohibición de manifestaciones durante el estado de alarma o la suspensión de plenos hasta el próximo día 15. El último episodio se ha planteado ante los recursos presentados por el PP, Ciudadanos y Vox contra las fórmulas de juramento empleadas por 29 diputados, 25 de grupos independentistas y cuatro de Unidas Podemos.
Los recursos pretenden anular las fórmulas de acatamiento de la Constitución que emplearon, al tomar posesión de sus escaños, los parlamentarios de ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu y la CUP, así como cuatro del grupo confederal de Unidas Podemos. Todos ellos añadieron apostillas a la fórmula de acatamiento de la ley fundamental, en algunos casos en favor de los “presos políticos”, la “república catalana” o la república vasca. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dio por buenos los juramentos basándose en una sentencia del propio Constitucional de 1990, que declaró válidas las fórmulas utilizadas por los diputados de la extinta Herri Batasuna, que expresaron su acatamiento a la Constitución “por imperativo legal”.
Tras los encontronazos de las últimas semanas, el recurso de los partidos de la oposición ha abierto una nueva brecha en el Constitucional. Contra el criterio de la minoría progresista —partidaria de no revisar la doctrina al respecto— seis magistrados consideran, como anticipó eldiario.es, que este asunto tiene especial relevancia y han presentado un escrito para que sea llevado al pleno del tribunal, donde los conservadores tienen mayoría. Lo que las impugnaciones pretenden es que se anule la toma de posesión de los 29 diputados por considerarla inválida.
La primera decisión se tomará el próximo lunes, cuando se reúna la Sala Primera del tribunal, compuesta por seis magistrados. En su orden del día figuraba no admitir dos recursos presentados por el PP y otro por Ciudadanos sobre las fórmulas de acatamiento usadas por algunos de los diputados en la sesión constitutiva de las Cortes el 21 de mayo de 2019, antes de la repetición de las elecciones. Se trata de la sesión a la que asistieron, entre otros, los presos del procés elegidos diputados. Los informes previos del Constitucional abogaban por no admitirlos en aplicación de la doctrina de los llamados “contraamparos”. En la jerga interna del tribunal se designan así a los recursos que no persiguen obtener el amparo ante una vulneración de los derechos fundamentales de la que haya sido víctima el recurrente, sino para cuestionar un supuesto mal uso de esos mismos derechos por parte de un tercero. La jurisprudencia del Constitucional se ha inclinado por no admitir estos últimos supuestos.
Pero el escrito firmado por los citados seis magistrados —los conservadores Andrés Ollero, Ricardo Enríquez, Santiago Martínez Vares, Antonio Narváez y Alfredo Montoya, así como la vicepresidenta, Encarnación Roca, no alineada pero que apoya a veces al grupo mayoritario— va a propiciar que los recursos sigan adelante: tanto los tres referentes a la anterior legislatura como otros dos presentados por el PP, así como uno por Vox, sobre las fórmulas de acatamiento utilizadas por 29 diputados en la constitución del Congreso, el pasado 3 de diciembre. Las normas internas del tribunal prevén que basta la firma de tres magistrados para llevar un asunto al pleno.
Por tanto, serán los 12 magistrados del Constitucional quienes tengan que discutir y decidir primero si las impugnaciones se admiten a trámite y, si así fuera, resolver luego por sentencia sobre la validez de las tomas de posesión de los diputados. Anularlas supondría que los parlamentarios afectados han de volver a cumplir este requisito, y es muy previsible que ante ello podrían existir fuertes resistencias.
La iniciativa del núcleo conservador es consecuencia de las disputas surgidas en las últimas semanas, en paralelo al aumento de la tensión política durante la crisis sanitaria. El sector mayoritario acogió con disgusto lo sucedido el pasado 30 de abril, cuando el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, decantó, con su voto de calidad, del lado de los progresistas la prohibición de una manifestación sindical que iba a tener lugar en Vigo el Primero de Mayo, en pleno estado de alarma.
Esa decisión se tomó en la Sala Primera del tribunal, que junto al presidente componen dos magistrados progresistas —Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer— y tres conservadores —Alfredo Montoya, Andrés Ollero y Santiago Martínez Vares—. Los tres últimos querían autorizar la manifestación, en un momento en que grupos derechistas alentaban caceroladas contra el Gobierno. El Constitucional resolvió entonces que se debía dar prioridad a la preservación de la salud pública sobre el derecho de manifestación. Pero el sector conservador consideró que la manifestación debió autorizarse, porque iba a ser en coches —como fueron luego las marchas organizadas por Vox en toda España— y, según ellos, eso no conllevaba riesgos sanitarios. El bloque conservador criticó que un asunto de relevancia constitucional no hubiese sido llevado al pleno y se prometió que eso no volvería a ocurrir. De hecho, varios magistrados se quejaron al presidente, algunos de forma personal y otros por escrito.
Este grupo de magistrados alude además a la actuación de la presidenta del Congreso, que admitió las fórmulas de acatamiento apelando a la doctrina del Constitucional. El sector conservador considera inapropiado este argumento, porque la sentencia de 1990 que dio validez a acatar “por imperativo legal” no hizo necesariamente extensiva esa permisividad a otras fórmulas como las empleadas ahora. “Este asunto hay que revisarlo”, manifestaron el jueves fuentes del bloque conservador.
El sector progresista —en el que figuran los magistrados Fernando Valdés Dal-Re, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol, junto a Conde-Pumpido— va a oponerse a que se cambie la doctrina sobre los “contraamparos” y se inclinará por no admitir los recursos a trámite. Si las impugnaciones pasaran este primer filtro, dicho bloque planteará batalla ante unas tesis que estiman “completamente equivocadas”, y abogarán por que no se anulen los juramentos prestados. Alegan, según fuentes de ese sector, que hay que evitar que “pueda abrirse sin fundamento y por la puerta falsa una etapa de inestabilidad” poniendo en duda la legalidad de la toma de posesión de 29 diputados.
