La resistencia de los vecinos revive Jánovas

En la pizarra verde de la escuela de Jánovas (Huesca, cuatro habitantes) se puede leer una frase medio borrada: “Jánovas, hasta la victoria siempre”. Este edificio, ahora casa del pueblo, es el símbolo de la resistencia de la localidad y fue el primero en reconstruirse. Desde la década de los sesenta, las viviendas fueron expropiadas y derrumbadas para construir un pantano que inundaría el pueblo y otros núcleos cercanos. Pese a que el proyecto nunca se llevó a cabo, de las 42 casas y de sus 300 habitantes solo quedaron ruinas y recuerdos. Veinte años después de la negativa del Estado a materializar el embalse –que lo desestimó por su impacto medioambiental– la férrea resistencia de sus habitantes les ha permitido recuperar el lugar en el que crecieron. Dos viviendas ya están listas, cinco más se están levantando y otras tres se empiezan a construir.

Llegar a Jánovas, dependiente del municipio de Fiscal, no es fácil. La entrada al pueblo desde la estrecha carretera N-260 está señalada por un pequeño cartel de madera con el nombre del pueblo y dos sábanas descoloridas, colgadas con unos palos de madera, y donde se lee: “Jánovas reversión integral con justicia”. Óscar Espinosa (Barcelona, 35 años), vecino de la localidad, cuenta que los habitantes pusieron esas pancartas hace más de 20 años. “Como no lo consideran un núcleo habitado no conseguimos que ni siquiera pongan un cartel”. En los fines de semana varios senderistas recorren sus calles, algunas urbanizadas y otras conquistadas por la naturaleza o cubiertas de escombros, mientras los vecinos siguen reconstruyendo sus casas.

“Esta historia nunca se acaba”, zanja Espinosa al llegar al pueblo un domingo reciente. El empresario, dueño de una compañía de construcción, se desplaza cada viernes desde Zaragoza, su domicilio habitual, a esta localidad para dirigir las obras de construcción de su casa rural, donde planea vivir y que prevé abrir el próximo agosto. Rehabilitada sobre las ruinas de la vivienda que heredó de su abuelo, mantendrá su nombre original: Casa Agustín. “Han salido las declaraciones de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) diciendo mentiras sobre Jánovas”, dice cabreado a sus paisanos. Esa misma mañana, en el Diario del Alto Aragón, se publicaba una entrevista a la directora del organismo, María Dolores Pascual, quien “cree que los antiguos propietarios quieren segundas viviendas” y que “la vuelta [al pueblo] debe hacerse poco a poco para no generar expectativas ni infraestructuras que no sean razonables ni sostenibles”.

La indignación se propaga entre los vecinos que ven su futuro en este pueblo. “Ahora los que quieren volver son los malos. Esto no se puede permitir en pleno siglo XXI, conociendo lo que ha pasado”, afirma Espinosa mientras explica que la mayoría de las casas van a ser residencias habituales. “El Gobierno central, que expropió el pueblo, es el único que no ha hecho nada. No nos tienen que decir dónde podemos o queremos vivir”. Y reivindica que los vecinos solo piden servicios básicos para volver a dar vida al pueblo: “Las soluciones hay que adoptarlas poco a poco, pero esto se ha convertido en 20 años de inacción”, afirma este vecino y director de la Fundación San Miguel, dedicada a la lucha para la reconstrucción de la localidad.

Fuentes de la CHE reconocen que el proceso ha sido lento. La devolución de las propiedades y la localización de sus dueños ha sido complicado y ha demorado las actuaciones. Sin embargo, insisten en que no se deberían “hacer infraestructuras e instalaciones que no sean de aprovechamiento para los propios vecinos y propietarios”. Desde la Diputación de Huesca inciden en que siempre se han opuesto a la inundación de cualquier núcleo habitado y señalan que el modelo de desarrollo de esta localidad debe basarse en dos pilares: “Posibilidad de vivienda y conectividad para poder trabajar desde cualquier parte del territorio”.

Espinosa insiste: “Yo aquí no veo ruinas, veo mi pueblo”. Este empresario zaragozano carga en sus espaldas las reivindicaciones de su abuelo y de su padre, que vivieron la expropiación en carne propia. “Estas son mis raíces”, afirma. Su resistencia es un camino obligado.

Ana Garcés (Barbastro, 49 años) coincide con las demandas. Ella nunca vivió en el pueblo, aunque la historia resonaba en las conversaciones de su familia. Reconstruyó su casa en Jánovas en lo que era el antiguo pajar de su abuelo y, desde hace dos años pasa aquí todos los fines de semana con su pareja, su hermana y su madre, pero espera jubilarse para poder vender su casa en Zaragoza y quedarse definitivamente en el pueblo. Para llegar a su vivienda, utiliza un vehículo todoterreno. A pesar de haber podido rehabilitar su casa, todavía no se ha urbanizado la zona donde vive, pero esto no la desmotiva. “Recuerdo el día en que llegamos y estaba la casa techada. No hubiese pensado en la vida que lo íbamos a tener. Esto era como la eterna lucha”, comenta emocionada, mientras saca un maletín decorado con las fotos de la rehabilitación de su casa y donde guarda viejas instantáneas, los permisos de obras y el registro de propiedad de las reversiones.

Al otro lado del río que atraviesa el pueblo, Jesús Garcés (Jánovas, 67 años) levanta su casa de piedra, junto con su esposa. Trabajan todos los fines de semana y ya han construido dos de las tres plantas que tienen previstas. “No es lo mismo contar la historia que pasarla”, confiesa sentado al lado de las llamas de la chimenea en la vieja escuela. “Yo he nacido con el problema del pantano y sigo con el problema del pantano”, espeta golpeando los puños sobre la mesa. Ahora espera con ilusión acabar su vivienda y vender su piso en Idiazábal (Guipúzcoa), para pasar el resto de sus días en Jánovas y “caducar aquí”. A pesar de la distancia y del dolor de ver su pueblo en ruinas, nunca dejó de volver: “Esto no fue abandonado, de aquí nos han echado”, zanja.

La historia de Jánovas empezó a principios del siglo pasado cuando el Estado autorizó la construcción de un embalse hidroeléctrico en el río Ara que inundaría el pueblo y otros núcleos. En 1951 se publicó en el BOE la declaración de utilidad pública del proyecto que la compañía Iberduero quería ejecutar para generar energía eléctrica y en el que se incluía la construcción del pantano. Luis Antonio Sáez, economista y director del centro de estudios sobre despoblación y desarrollo de áreas rurales, explica que en aquella época la estrategia de industrialización de la energía eléctrica e hidráulica apareció como “una alternativa relevante” en una España que carecía de recursos energéticos.

La declaración de utilidad pública permitió a la empresa adquirir, a partir de los años sesenta, las propiedades de los habitantes a través de acuerdos de compraventa o expropiaciones. Los vecinos recuerdan que Iberduero aplicó presiones para combatir la resistencia de los habitantes, llegando a dinamitar tres casas y a derribar otras a pesar de no haber alcanzado un acuerdo definitivo con el Estado. Jesús Garcés sube las escaleras de su casa todavía sin techo. Mira al cielo nuboso mientras rememora que había días en los que en ese cielo volaban trozos de piedras de los edificios dinamitados. Su apellido representa la lucha en el pueblo. Su padre Emilio Garcés, y su madre, Francisca Castillo, fueron los últimos en abandonarlo, tras 18 años solos.

“El día en que ganó las elecciones Felipe González (PSOE) mi padre dijo ‘se acabó, ya no hay pantano ni nada aquí’”, dice Garcés. Un año y medio después, fueron obligados a marcharse definitivamente. Era enero de 1984. Sin embargo, en 2000, el Ministerio de Medio Ambiente firmó la declaración negativa del impacto medioambiental del pantano de Jánovas –publicado en el BOE el 10 de febrero del año siguiente– y que abrió el paso a la lucha de los vecinos para conseguir la reversión de las propiedades. El embalse se desestimó oficialmente en 2005 y se quedó en el papel. Solo ocho años después empezaron a resolverse los expedientes de reversión.

“En el primer acuerdo nos pedían 34 veces lo que nos habían dado para las propiedades”, recuerda Espinosa. “Pero al final para las tierras se negoció entre unas cuatro y unas seis veces y media su valor. Para las viviendas se llegó a un euro al metro cuadrado solar”. La familia Espinosa recibió un millón de pesetas (unos 6.010 euros) para sus propiedades y para recuperarlas pagaron alrededor de 36.000 euros.

A día de hoy, se han resuelto un 90% de los expedientes totales. Fuentes de la CHE y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran que en las próximas semanas se cerrarán los últimos recursos. Endesa, que adquirió los activos de Jánovas a finales de 1993, señala que en el proceso de reversión “se han tenido que identificar todas las propiedades afectadas y se ha priorizado la devolución del patrimonio a los reversionistas”. Asimismo, explica que en diciembre de 2017 suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Fiscal para transmitir un conjunto de activos en los núcleos afectados y que se comprometieron en impulsar la adquisición por parte de los habitantes del valle de otros bienes inmuebles propiedad de Endesa no afectados por la reversión.

Con las subvenciones que han llegado hasta ahora desde el Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca –alrededor de 400.000 euros– se han urbanizado algunas calles del centro del pueblo, limpiado los caminos y los campos, y montado una línea eléctrica de media tensión. Con la partida de 90.000 euros prevista en los presupuestos del Ejecutivo regional de este año, los vecinos prevén mejorar la dotación de estos servicios a otras partes del pueblo donde se empieza la reconstrucción. No obstante, Óscar Espinosa reclama que el futuro de la localidad pasa por un nuevo puente que representaría un acceso digno, no solo para Jánovas, sino también para los pueblos cercanos.

Los vecinos también reclaman justicia. “Para muchos nunca la ha habido porque no ha habido perdón”, confiesa Espinosa. Joaquín Palacín, ex director general del Gobierno de Aragon y presidente de la Chunta Aragonesista, afirma que falta voluntad política: “Existe una deuda histórica con el territorio y vemos cómo no se va a cumplir”. Manuel Larrosa, alcalde de Fiscal, incide en que el único responsable ha sido el Estado: “No es un tema de dinero. Obligar a una persona del mundo rural a abandonar su casa... Eso económicamente no se puede valorar”, dice.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico explican que “el hecho de arrancar el proceso de reversión e incluir el Plan de Desarrollo Sostenible supone un reconocimiento de la situación”. El pasado 18 de marzo, durante la la comisión de Transición Ecológica en el Senado, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó que la CHE está revisando y actualizando el Plan de Desarrollo Sostenible de la localidad pero reconoció que Jánovas “ha sufrido un retraso injustificable”. “Vamos a intentar a compensar los retrasos que se han producido”, aseguró. Para Espinosa se trata de un buen comienzo, pero llega tarde. “Si esto es una guerra, mejor ganarla y perder algunas batallas. Ha habido bajas y daños colaterales, pero nuestro fin es ganar la guerra, es decir, volver a Jánovas”.