Ximo Puig anuncia que el decreto para agilizar los fondos europeos se aprobará el jueves

El pleno del Gobierno valenciano tiene previsto aprobar este jueves el decreto ley que debe permitir la agilización de la llegada y gestión de los fondos europeos para la recuperación económica de la pandemia, ha anunciado este lunes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, después de que el PP haya denunciado que se demorase su tramitación cuando comunidades como “Andalucía, Galicia, Cataluña y Aragón” ya la tienen.

La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, ha afirmado por la mañana que el retraso en la aprobación de esta norma se debe a discrepancias entre el PSPV y Compromís y ha presentado una proposición de ley en ese sentido. “Me parece muy oportuno que la oposición esté preocupada por la agilidad de los fondos europeos”, ha dicho a Puig pero ha señalado que el retraso en la aprobación del decreto no se debe a ninguna confrontación, sino a la necesidad de tener seguridad jurídica.

“Hace tiempo que estamos trabajando en esta cuestión”, ha destacado el presidente, y ha señalado que el deseo del Consell es que haya “la mayor agilidad” para poder invertir los fondos “lo más rápido posible y las empresas puedan acelerar los procesos”. No obstante, ha añadido, que todo ello hay que hacerlo “con seguridad jurídica”, con el apoyo de la Abogacía de la Generalitat y la Intervención General.

En este sentido, ha indicado que los problemas o ajustes que ha habido en las últimas semanas estas han sido para intentar ajustar ese deseo de agilizar los procesos para convertir los fondos europeos en “una oportunidad para la sociedad valenciana lo más rápido posible, con el acoplamiento con el tejido jurídico”.

Puig, preguntado por los medios de comunicación, se ha referido a unas recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que denunció que las ayudas del Gobierno que recibe la Comunidad Valenciana tienen fines políticos y son discriminatorias con su comunidad.

Según el presidente valenciano, “todo el mundo sabe que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de España y que Madrid es una autonomía que tiene un efecto positivo de capitalidad y ejerce del dumping fiscal. No queremos confrontar pero el Gobierno de España, con sus últimas decisiones, lo que hace es actuar de la manera en que debe hacerlo, atendiendo al interés general y con criterios de igualdad y equidad”.

Puig ha subrayado que “cuando no hay argumentos se utiliza la descalificación”, en alusión a Díaz Ayuso, a la que ha recordado que el efecto de capitalidad “no puede estar castigando permanentemente a otras comunidades” si bien ha afirmado que no continuará “la derivada de una campaña electoral”, en la que está inmersa Madrid en estos momentos, con las elecciones adelantadas al 4 de mayo.

Primer acuerdo bipartito en cinco años

Puig ha hecho estas declaraciones tras la firma del acuerdo bipartito entre los sindicatos UGT-PV y CC OO-PV con la patronal valenciana CEV sobre la subrogación del sector público. Los agentes sociales y económicos han instado a la Generalitat a establecer la obligatoriedad de subrogar al personal de una concesión pública cuando vuelva a la gestión directa, un acción que deberá incluirse como cláusula en la contratación en los supuestos que proceda.

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha recalcado que se trata del primer acuerdo bipartito entre sindicatos y patronal y se produce en un momento en el que España está “más necesitada que nunca del diálogo social y del acuerdo” para “el progreso del país y el bienestar de los ciudadanos”. “Va en la dirección correcta; nos gustaría que fuera el ejemplo a seguir en el diálogo social español”, ha recalcado. El líder de CC OO-PV, Juan Cruz ha incidido en la importancia de este acuerdo porque se trata del primero bipartito en cinco años. En esta línea, además ha destacado que se ha permitido alcanzar un acuerdo en una materia que viene ya regulada por la Ley de responsabilidad social y ha confiado en que el reglamento “vea la luz lo antes posible”.

La patronal autonómica CEV y los sindicatos mayoritarios, CCOO-PV y UGT-PV, han instado a la Generalitat a establecer la obligatoriedad de subrogar al personal de una concesión que vuelva a la gestión directa, un acción que deberá incluirse como cláusula en la contratación en los supuestos que proceda.