Trabajo y los agentes sociales coinciden en prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo

La negociación para prorrogar la regulación extraordinaria de los ERTE ha arancado este viernes con muy buen pie. La oferta del Gobierno fue bien acogida por sindicatos (CC OO y UGT) y patronales (CEOE y Cepyme), apuntan fuentes de las tres partes sentadas en la mesa. La propuesta de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social consiste en prorrogar la regulación actual con las mismas exoneraciones hasta el 31 de mayo, es decir más allá del estado de alarma. Además, todos se marcaron el próximo viernes 15 de enero como fecha tope para cerrar el acuerdo.

El texto que ha puesto el Ejecutivo sobre la mesa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no detalla en sus cuatro páginas a cuánto ascienden los porcentajes de exoneración en las cotizaciones para las empresas a la Seguridad Social. No obstante, fuentes presentes en la reunión afirman que los representantes de este ministerio sí las detallaron y son las mismas que las pactadas en septiembre, es decir, se situarían entre el 70% y el 100%, según el tipo de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y el tamaño de la empresa.

También, como ya se pactó en septiembre, se prolongaría la prestación extraordinaria equivalente al 70% del sueldo para los trabajadores afectados y se fijaría el límite del 31 de diciembre de este año como fecha tope del llamado contador a cero. Es decir, las ayudas que reciban quienes estén en un ERTE no consumirán derechos sobre el seguro de desempleo hasta enero de 2022.

En los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se apuntaba ya en los últimos días que no iban plantear grandes cambios en la regulación actual. En ambos departamentos consideran que los ERTE funcionan y evitan la destrucción de empleo, así que lo mejor es no tocarlos mucho. La continuidad se daba, pues, por descontada, pese a que los Presupuestos para 2021 solo contemplan una partida hasta el 31 de enero.

La gran incógnita en esta ocasión se encontraba en la duración de esta prórroga. Y se despejó pronto. El texto redactado por el Ministerio de Trabajo comienza por este punto, pero rellena el hueco de la fecha con una X en rojo. Como las exoneraciones, el límite del 31 de mayo se detalló en la reunión, apuntan varios de los presentes. Esta fecha va mucho más allá del final de Semana Santa e, incluso, del actual estado de alarma, vigente hasta el 9 de mayo. La propuesta es prácticamente lo demandado por la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, ha pedido este viernes en Onda Cero que llegaran a junio y fuentes empresariales señalaban tras la cita que la oferta “no estaba mal”.

“Es una fecha razonable. Habrá pasado Semana Santa, se supone que las vacunas tendrán un ritmo más ágil y habrá que evaluar. Será un momento para hacer un análisis de cómo está la situación y ver qué sectores van a necesitar más ayudas, porque seguro los habrá que necesitarán”, analizaba a la salida una fuente sindical presente en el encuentro.

En su afán por cerrar pronto esta ronda negociadora, Trabajo y Seguridad Social propusieron a los sindicatos y a las patronales darse un plazo de negociación hasta el 15 de enero. Algo que, en principio, fue asumido por todos. “Este es seguramente el mejor comienzo de una negociación desde que la iniciamos en marzo”, apuntaba uno de los asistentes, que se mostraba muy confiado en un acuerdo rápido porque cree en un ejercicio de responsabilidad compartida” y “la sensación [en todos\] de que apurar los plazos ha sido lo peor de otras renovaciones”.

Otra cita el lunes

“Sobre la mesa hay un amplio consenso en torno a su extensión temporal y la firme voluntad de no agotar plazos”, apuntó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en Twitter. “Muchos avances hoy. Confío en un rápido acuerdo sobre este modelo que tan buenos resultados está dando”, añadió el titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El próximo encuentro será el lunes. CCOO, en línea con el Gobierno, se mostró optimista, apuntando que ve posible cerrar un preacuerdo en esta cita. Menos convencidos se muestran otras organizaciones sobre el desenlace del próximo encuentro, aunque sí ven muy próximo el pacto y creen muy factible alcanzarlo la próxima semana.

La valoración oficial más fría y lacónica fue la de CEOE, algo habitual en estos encuentros: “No se ha llegado a ningún preacuerdo. El Gobierno ha planteado un documento que hay que estudiar de cara a volver a reunirse la próxima semana”.

Para que llegue ese preacuerdo, durante el fin de semana o el mismo lunes tendrán que aclararse algunos detalles e interpretaciones sobre la regulación de los ERTE que han surgido en los últimos meses, apuntan varias fuentes. También es preciso que se aclare definitivamente la lista de actividades —definidas según el código nacional de actividades económicas (CNAE)— especialmente afectadas y cuyas empresas podrán acogerse a esta modalidad de ERTE (hay otras dos).

Además de estos detalles, también se ha esbozado un escollo que puede dar que hablar la próxima semana: el compromiso de mantenimiento del empleo que conlleva acogerse a un ERTE. Este consiste en que la empresa que recurra a estas ayudas debe mantener el empleo afectado durante seis meses, a contar desde que se reincorpora el primer trabajador. Si no lo hace y despide a un solo trabajador, debe devolver todas las exoneraciones recibidas.

CEOE y Cepyme han reclamado su eliminación en todas las rondas de negociación. Garamendi ha reclamado que la devolución de ayudas sea solo por los trabajadores despedidos y no por todos los afectados por el ERTE. No obstante, fuentes del Ejecutivo apuntaban por la tarde que “esto no tiene sentido”. “Esto se basa en pactos anteriores”, añaden, en referencia a que esto se había hablado explícitamente entonces. “Si se alcanzó un acuerdo equilibrado, no tiene sentido cambiarlo”, zanja. También Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha rechazado esta petición afirmando que en otros países europeos la obligación existe y durante más tiempo y las patronales no se han quejado.