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El Constitucional acumula 13 recusaciones para apartar a Conde-Pumpido de las sentencias del ‘procés’

Los nueve condenados a penas de prisión por el Supremo y los cuatro huidos estiman que el magistrado prejuzgó su culpabilidad

José María Brunet
El magistrado Cándido Conde-Pumpido y el exministro de Justicia Francisco Caamaño en el acto de apertura del Año Judicial 2019.
El magistrado Cándido Conde-Pumpido y el exministro de Justicia Francisco Caamaño en el acto de apertura del Año Judicial 2019.

Las defensas de los líderes del procés han completado este viernes el envío de sus escritos de recusación de Cándido Conde-Pumpido, en los que solicitan que el magistrado del Tribunal Constitucional se abstenga de participar en la resolución de sus respectivos recursos o que sea apartado de ellos. El colectivo se divide en dos grupos, los nueve condenados a penas de prisión por el Supremo y los cuatro procesados en rebeldía por haber huido de España. En total, 13 iniciativas en marcha, aunque con algunas diferencias de matices entre ellas.

Las recusaciones reprochan a Conde-Pumpido que utilizara el verbo “alzarse” —citando una sentencia del propio Constitucional— para aludir a los hechos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017. Con ello se refieren a una conferencia que el magistrado pronunció el mes de noviembre de aquel año en el Congreso de los Diputados. Solo Puigdemont y los otros tres huidos destacan en sus escritos, además de este hecho, las que entienden son relaciones personales y profesionales del togado con los fiscales del caso, singularmente con Javier Zaragoza.

La tesis de las recusaciones considera que Conde-Pumpido usó en su conferencia términos del Código Penal para describir los hechos registrados en Cataluña en 2017, con lo que consideran que implícitamente ya los estaba calificando como delictivos. En varios de los escritos se subraya que el magistrado usó “alzamiento” o “alzarse”, que son palabras que el derecho penal emplea para definir delitos como el de rebelión (del que fueron acusados los líderes independentistas inicialmente) o sedición (por el que al final fueron condenados). Así, el escrito de Carmen Forcadell detalla que el Constitucional usó “se han alzado” cuando este tribunal anuló alguna de las leyes de desconexión.

Los escritos de recusación subrayan, además, que en la conferencia de 2017 el magistrado refirió que los dirigentes independentistas contaban con dinero público para llevar a cabo sus proyectos de separación de España. Estiman que al decirlo secundaba la acusación de malversación que se formuló luego contra ellos y que les atribuía en todo caso “la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho”.

Hasta después de Semana Santa

El Constitucional no va a tomar ninguna decisión a corto plazo sobre esta cadena de recusaciones. Dejará pasar el paréntesis de Semana Santa mientras se estudian los escritos presentados, y el asunto se llevará al próximo pleno del tribunal, que tendrá lugar el 20 de abril, salvo que el magistrado recusado opte por abstenerse antes.

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En el tribunal se ve la movilización emprendida por los líderes independentistas como una acción impulsada con la mirada puesta sobre todo en el Tribunal de Estrasburgo, al que todos ellos recurrirán como última instancia. Una primera recusación logró apartar al magistrado Antonio Narváez, también por una conferencia en la que habló del procés como “golpe de Estado encubierto” más grave que el 23-F. Esta segunda recusación permitiría acudir a Estrasburgo, tratando así de llevar la duda sobre la imparcialidad de dos magistrados al conjunto de la labor del Constitucional.

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