Murcia será la primera autonomía en regular el veto educativo parental

Murcia será la primera comunidad autónoma que regule el veto parental, la potestad de los padres para censurar actividades educativas de sus hijos, según el principio de acuerdo alcanzado entre el presidente regional Fernando López Miras, del PP, y los tres diputados díscolos de Vox, cuyos votos resultaron decisivos para hacer fracasar la moción de censura del PSOE y Ciudadanos. El pacto, del que solo faltan algunos flecos, incluye el consentimiento tácito o silencio positivo de los padres, que deberán oponerse expresamente si no quieren que sus hijos asistan a determinada charla o taller en horario escolar.

Lo que Vox denomina pin parental es una las banderas electorales de Santiago Abascal, aunque él no ha tenido nada que ver en este acuerdo, pues en junio pasado expulsó del partido a tres de sus cuatro diputados regionales en Murcia por discrepancias sobre el funcionamiento del grupo parlamentario, que la dirección nacional de Vox quería teledirigir desde Madrid. Será precisamente una de las diputadas expulsadas, Mabel Campuzano, quien asuma la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno regional, hasta ahora en manos del PP, con el objetivo de que la potestad de veto de los padres esté en vigor el próximo curso.

Hasta ahora, Vox no ha conseguido que el veto parental se ponga en marcha ni en Andalucía ni en Madrid, aunque en la primera de dichas comunidades formaba parte de los acuerdos de investidura y presupuestos con el PP y Cs. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, solo han accedido por ahora a facilitar a las familias información previa sobre las charlas y talleres que se imparten en las escuelas, pero sin atribuirles el poder de rechazarlas.

En Murcia es donde se llegó más lejos, pues en septiembre de 2019 la Consejería de Educación aprobó una instrucción que obligaba a los centros educativos a contar con la autorización expresa de los padres para las actividades complementarias, que se desarrollan en horario escolar (aunque no tienen por qué formar parte del currículo) y, en muchas ocasiones, en los propios centros docentes.

Sin embargo, esta instrucción quedó en suspenso en febrero del año pasado, cuando el Ministerio de Educación recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. En julio, el propio tribunal archivó el caso, al haberse quedado sin objeto, pues con el final del curso decayó la instrucción de la Consejería. Educación no ha dictado una nueva instrucción con el argumento de que, debido a la pandemia, este año no se hacen actividades complementarias, por lo que actualmente el veto parental carece de respaldo legal.

Lo que los tres disidentes de Vox —que comparten el ideario de Abascal pese a su expulsión— han planteado es que el Gobierno murciano regule el veto parental mediante un decreto que garantice su permanencia a medio plazo y no una mera circular que decaiga en cada curso.

Bulos de Vox

Vox justificó su reivindicación del veto parental para combatir lo que denominó “adoctrinamiento en las aulas” por parte de colectivos feministas y LGTBI, que son encargados de impartir charlas y talleres a los alumnos. Abascal llegó a apelar a la necesidad de proteger a los niños de “juegos eróticos” que, según dijo, lindan con “la corrupción de menores”; mientras que la líder de su partido en Madrid, Rocío Monasterio, aseguró que “a niños de ocho años se les anima a probar nuevas prácticas sexuales” y se les habla de “zoofilia y parafilia”. La circular de la consejería murciana de Educación coincidió con una campaña de la asociación ultracatólica Hazte Oír, que envió a más de 20.000 centros educativos públicos y concertados (en España hay unos 28.000) un kit en el que alertaba de un supuesto “adoctrinamiento de género”, por el que los escolares estarían recibiendo instrucciones sobre “conductas lésbicas”, el aborto o qué hacer en el día del Orgullo Gay.

Todos estos bulos fueron desmentidos rotundamente por los presidentes de Madrid y Murcia, Díaz Ayuso, y López Miras, quienes aseguraron que el veto parental no es necesario porque “no existe ningún adoctrinamiento en las aulas” de sus respectivas comunidades y no se han recibido quejas de los padres. Pero la necesidad de los votos de Vox para seguir en el poder ha hecho que ambos se muestren abiertos a aceptarlo con una u otra fórmula.

Uno de los aspectos que debería aclarar la futura regulación es cómo se compatibiliza el hecho de que la asistencia a estas actividades esté sujeta al consentimiento paterno y, muchas veces, sean obligatorias y evaluables, al contrario de lo que sucede con las actividades extraescolares.

Además, las actividades complementarias se incluyen en la programación anual de los centros, que es pública. Su celebración es aprobada por el claustro, presentada en el consejo escolar, con representación de las familias, y supervisada finalmente por la inspección educativa.

La fórmula elegida en Murcia, el silencio positivo, hará que probablemente muy pocos padres que se acojan a la misma, pero los centros deberán prever actividades alternativas para sus hijos, y las fuentes consultadas dan por sentando que el tema acabará en los tribunales, que tendrán la última palabra.