El PSOE y sus socios se enzarzan en el Congreso por las lenguas cooficiales

Un día es la Monarquía y otro el rango de las lenguas cooficiales. Las tiranteces entre el PSOE y sus socios, tanto el que está en el Gobierno como los que lo respaldan en el Parlamento, provocaron este martes un amargo intercambio de reproches ante el pleno del Congreso por una iniciativa de los nacionalistas, con el respaldo de Unidas Podremos, para introducir en la Administración del Estado las otras lenguas además del castellano. Los socialistas tacharon la propuesta de inconstitucional y acusaron a sus socios de “buscar la confrontación”.

Las diversas lenguas de España se escucharon mucho este martes en el Congreso. Y no solo por los nacionalistas: también por diputados opuestos a la iniciativa. La parlamentaria del PP Ana Belén Vázquez recitó unos versos en gallego, “la lengua que aprendí”, enfatizó, “de los labios de mi madre”. Antonio Salvó, de Vox, se arrancó con unas palabras en mallorquín al tiempo que sostenía que intentar hablar hoy en castellano en Baleares “es una pesadilla”. En el otro extremo, Albert Botran, de la CUP, comenzó con unas frases en catalán en las que explicaba que, si continuase hablando en ese idioma, le retirarían la palabra por antirreglamentario.

La propuesta, defendida por EH Bildu y suscrita por Unidas Podemos y todos los nacionalistas, pedía que el Congreso instase al Gobierno a “iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano”. Entre las medidas propuestas figuraba la obligatoriedad de que los funcionarios conozcan el otro idioma además del castellano cuando “presten servicios en territorios con lengua propia” y la introducción del plurilingüismo en toda la Administración del Estado. También el “reconocimiento a nivel internacional” de todos los idiomas de España en “paridad con el castellano”. La iniciativa había sido impulsada por nueve entidades de defensa del gallego, euskera, catalán, asturiano y aragonés que acudieron al Congreso antes del debate para promocionar la declaración.

De aprobarse, el texto, lo que en lenguaje parlamentario se conoce como proposición no de ley, no tendría más valor jurídico que una declaración dirigida al Gobierno. Aun así, los socialistas advirtieron que el intento de igualar el rango legal de todas las lenguas es inconstitucional. La Ley Fundamental establece como cooficiales a los idiomas distintos del castellano, pero solo le otorga a este la obligatoriedad de ser conocido. El PSOE ofreció un texto alternativo en el que se habla de fomentar el conocimiento de todas las lenguas entre los empleados públicos, pero sin imposición de obligatoriedad.

Antes del debate, los grupos impulsores rechazaron la enmienda y los socialistas se lo reprocharon con un tono dolorido. “Esto es de imposible encaje en la Constitución y ustedes lo saben”, recriminó Marc Lamuà, del PSC. Lamuà se llegó a quejar de las “rotundas presiones” que el PSOE sufrió anteriormente de los nacionalistas para llegar a otros acuerdos en materia lingüística y les acusó de buscar únicamente la “confrontación estéril”. Los promotores de la iniciativa argumentaron que lo que esta pretende es un reconocimiento real de la pluralidad lingüística de España y fueron relatando casos de actos administrativos que únicamente se pueden realizar en castellano. “Queremos vivir en nuestras lenguas”, fue la apelación más repetida. “Dejar de sentirme un piel roja en mi tierra”, proclamó el siempre emotivo Joan Baldoví, de Compromís.

La voz de Unidas Podemos la ejerció un diputado de la confluencia catalana, Joan Mena, que dejó varios avisos a sus socios de Gobierno. En contra de lo que defienden los socialistas, Mena sostuvo que la propuesta solo persigue que “España cumpla lo que dice la Constitución” y “no haya lenguas de primera y de segunda”. Y advirtió: “No va a haber nunca una mayoría de progreso sin contar con las fuerzas que defendemos el plurilingüismo y la soberanía de las naciones del Estado”. Y esa visión, añadió, no debe prevalecer solo en el Parlamento, “también en el Consejo de Ministros”. Con todo, el PSOE y sus socios aún intentarán un acuerdo antes de que este jueves se vote el texto.