Podemos y los nacionalistas piden que las lenguas cooficiales se puedan usar en las Cortes o en los tribunales centrales

Unidas Podemos ya usa su nueva mayoría parlamentaria. Este jueves, mismo día en que se han aprobado los Presupuestos, la formación que lidera Pablo Iglesias ha registrado junto a las fuerzas nacionalistas una proposición no de leyen el Congreso para defender la “igualdad lingüística” de España. La iniciativa, presentada junto a ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya, PDeCAT, Más País, Compromís, CUP y BNG, pide “poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal” y acabar con las “discriminaciones lingüísticas” de las otras lenguas de España.

La propuesta persigue que se permita el uso de las diferentes lenguas en las instituciones nacionales, con independencia de su ubicación. Entre ellas, cita el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria o entidades públicas como RTVE. “La defensa de los derechos de los hablantes de las distintas lenguas del Estado no es otra que la defensa de derechos fundamentales. Eso nunca es merma para los derechos de otros”, ha asegurado la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón.

Los diez partidos firmantes exponen que España parte de una “tradición monolingüe” en la Administración central y que el Estado debe ser consciente de la “discriminación” a las que han sido sometidos los hablantes de otras lenguas. Por ello, instan al Gobierno a trabajar para que las lenguas cooficiales “gocen del mismo reconocimiento” que el castellano. Entre las medidas señaladas se incluye el deber de los funcionarios en determinados territorios a conocer las lenguas cooficiales, así como su reconocimiento internacional “en paridad como el castellano”.

Las proposiciones no de ley, que deben ser admitidas a trámite y debatidas y votadas por el pleno del Congreso, no tienen un carácter efectivo. Se trata más bien de una manifestación de intenciones para marcar una posición determinada y que busca que el Gobierno actúe en determinada línea.

La iniciativa se presenta en medio de la polémica abierta hace unas semanas por la ley de educativa del Gobierno de coalición, aprobada a mediados de noviembre por el Congreso de los Diputados. La conocida como ley Celaá ha suscitado numerosas críticas entre los partidos de la oposición, principalmente por el punto que establece que el castellano dejará de ser la lengua vehicular en la educación, una medida más de forma que de fondo, porque carece de efectos prácticos