La comisión Kitchen del Congreso se atasca al negar el juez la documentación

La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen se creó hace dos meses en el Congreso, pero no acaba de arrancar. Los diputados encargados de indagar sobre actuaciones irregulares en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy no han recibido ninguna documentación, y la comparecencia inicial de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, se vuelve a aplazar. El juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón, ha notificado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no puede facilitar los documentos requeridos porque ”las actuaciones judiciales tienen carácter reservado en sede de instrucción”.

La comisión Kitchen del Congreso parece gafada. La Mesa que debe organizar el plan de trabajo —aprobado no sin demoras y con discusión en enero— se citó este martes otra vez, pero para aprobar una prórroga de su funcionamiento. El plazo inicialmente previsto de tres meses casi se ha cumplido sin que se haya registrado actividad alguna.

El 24 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió formalmente a la presidenta del Congreso la respuesta negativa del titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, a la solicitud de la comisión de investigación Kitchen de una serie de documentos y diligencias del caso. El magistrado basa su negativa en el “carácter reservado” de las actuaciones judiciales en sede de instrucción, “un principio fundamental” sustentado en el artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo dispone “que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”.

El magistrado recuerda que el actual procedimiento judicial del caso Kitchen en la Audiencia “se encuentra en fase de instrucción y por tanto con carácter reservado”. García-Castellón alude a ese momento procesal, y a “la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes”, para argumentar que suponen un “límite infranqueable” para remitir esa documentación judicial ahora al Congreso.

Villarejo y Rajoy

La Mesa de la comisión Kitchen discutió este martes esta situación de atasco en sus trabajos provocada por la respuesta judicial, y optó en cualquier caso por seguir adelante, pese a las críticas planteadas por los representantes del Partido Popular. El PSOE y otros partidos, como Vox, defendieron en las primeras discusiones sobre el sentido de la comisión Kitchen que, antes de requerir determinadas comparecencias muy mediáticas y probablemente polémicas (como las del comisario preso José Manuel Villarejo o de los responsables políticos en Interior de aquella etapa que tuvieron alguna relación con el reparto irregular de fondos reservados), podía resultar mejor centrarse en el estudio de las ordenes y las instrucciones policiales. Y así convenció el PSOE a Podemos de dejar para el final las citaciones al expresidente Mariano Rajoy, al exministro Jorge Fernández, a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a su esposo, Ignacio López del Hierro, y a los exsecretarios de Estado de Seguridad. Podemos, a su vez, insistió con otros partidos en no descartar que se llamase a Villarejo, como querían los socialistas.

El PP fue en su día, el 1 de octubre, el único partido que rechazó en pleno crear esta comisión propuesta por PSOE y Unidas Podemos, y que concitó el apoyo de 206 parlamentarios de esas formaciones y de Ciudadanos, PNV, Junts, Más País, Compromís, BNG, EH-Bildu, CUP, UPN y Nueva Canarias, y 54 abstenciones de Vox, Coalición Canaria y Teruel Existe.

El PP volvió a intentar este martes, como hizo en enero cuando salió adelante el primer plan de comparecencias y de peticiones de documentos, que la comisión pospusiese de nuevo sus sesiones hasta poder recibir todos los partidos la misma información del caso. Los populares entienden que PSOE y Podemos, al estar personados en la causa, disponen de mayor acceso a cómo discurre la investigación judicial. Ese intento de aplazamiento no prosperó, pero sí se acordó postergar una semana más, hasta el 17 de marzo, la esperada primera comparecencia en la comisión, que debe ser la de Luis Bárcenas, el extesorero nacional del PP. Bárcenas ya tiene la semana que viene señaladas varias sesiones del juicio abierto en la Audiencia sobre la caja b del PP que él manejó tantos años y que se tuvieron que suspender al contagiarse de coronavirus uno de los investigados que tenía que declarar.

Un precedente en 2016 con el voto contrario de De Prada

En noviembre de 2016, la Audiencia Nacional ya rechazó entregar al Congreso documentación judicial sobre la financiación ilegal del PP. La sección segunda de la Sala de lo Penal decidió entonces negar lo que pedía la comisión de investigación del Congreso con el argumento de que el “acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales pueden poner en riesgo los derechos” de los procesados. Según la Audiencia, la presunción de inocencia de los acusados “podría verse comprometida” por una “investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la función judicial”.

La sala argumentó que algunos de los informes demandados desde el Congreso se habían obtenido bajo “el control judicial y con el designio de investigar posibles conductas delictivas, permitiendo por ende la investigación de hechos y datos personales a los que no hay acceso por terceros”. Aquel rechazo de la Audiencia fue aprobado por cuatro de sus cinco magistrados, con el único voto particular en contra del juez José Ricardo de Prada, que defendió que se entregase la documentación bajo estrictas condiciones. De Prada es ahora el clavo al que se sujeta el PP para seguir bloqueando la renovación pendiente del caducado Consejo General del Poder Judicial. El PP le clasifica como uno de los vocales próximos a Unidas Podemos y le identifica como el autor de la frase más condenatoria para los populares y Mariano Rajoy en la sentencia del caso Gürtel.

La Mesa de la comisión Kitchen, controlada por la mayoría del PSOE y Unidas Podemos, resolvió ayer volver a reunirse la semana que viene para prorrogar su mandato agotado de tres meses y analizar por dónde deberían comenzar a trabajar, todavía sin documentos judiciales y sin un programa organizado de comparecencias.