crisis migratoria en canarias

Canarias: refugiados sin refugio

Las estadísticas oficiales dicen que entre las 23.000 personas llegadas a las islas apenas hay solicitantes de asilo, pero la realidad es otra: las dificultades para acceder al procedimiento les dejan fuera del radar

Un grupo de migrantes, en noviembre, momentos después de llegar a la playa de Maspalomas.
Un grupo de migrantes, en noviembre, momentos después de llegar a la playa de Maspalomas.javier bauluz

El número de solicitudes de asilo presentadas en las islas Canarias en 2020 plantean un aparente misterio. Ese año, en el que llegaron en patera al archipiélago 23.000 africanos, se formalizaron apenas 3.984 demandas de protección internacional. Los datos por nacionalidades no han sido publicados, así que el sentido común puede llevar a quien se le pregunta de dónde vienen esas personas que han pedido asilo en las islas a responder precipitadamente.

— ¿De Mali, no?, tantea Judith Sunderland, directora adjunta de Human Rights Watch, que estuvo en Gran Canaria en noviembre tomando nota de las vulneraciones de derechos de los migrantes.

La respuesta es no. Aunque las islas han servido de puerto seguro para más de 4.000 malienses y otros cientos de migrantes que huyen de países en conflicto, de la ablación, de matrimonios forzosos, de la persecución política o de la violencia étnica, más del 90% de las solicitudes presentadas en Canarias son de latinoamericanos llegados en avión. En las estadísticas detalladas por nacionalidad, facilitadas por el Ministerio del Interior a EL PAÍS, a los africanos hay que buscarlos con lupa. Son solo un 8,6% del total. Los más numerosos son los malienses, que apenas suman 189 solicitudes. Aunque los nacionales de Malí también migran por razones económicas, son uno de los perfiles más claros de posibles refugiados porque proceden de un país en el que los conflictos y el terrorismo se extienden cada vez por más zonas desde 2012.

¿No hay refugiados en las pateras que han llegado a Canarias? Sí los hay y no son tan pocos como se cree, pero las dificultades para pedir protección les dejan fuera de las estadísticas, coinciden media decena de especialistas consultados. Son invisibles para Madrid y para Bruselas. “El acceso al procedimiento de asilo en Canarias, al igual que ocurre en otros puntos de España, plantea muchos retos. Las islas no han contado con el refuerzo de las capacidades específicas sobre asilo que se necesita y hacen falta más recursos”, advierte la portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega.

Las deficiencias del sistema se identifican nada más desembarcar. Las primeras personas que deben asesorar a los migrantes sobre sus derechos son los abogados de oficio, pero la asistencia letrada ha llegado a ser inexistente en los meses de mayor afluencia de pateras. En el muelle grancanario de Arguineguín, donde llegaron a hacinarse más de 2.600 personas, los propios abogados reconocieron que eran solo unos pocos los que veían a sus clientes en persona y que la mayoría se limitaba a firmar las órdenes de devolución en comisaría y cobrar el servicio. En Tenerife, los letrados que se empeñaban en dar una asistencia individual y de calidad se encontraban con que para atender a casi 200 personas solo tenían un intérprete.

La situación mejoró a partir de mediados de noviembre tras la denuncia de EL PAÍS y la cadena SER, pero la asistencia de los intérpretes y los abogados de oficio, a veces sin formación en Extranjería, sigue arrastrando deficiencias. “Éramos un grupo de varios malienses y cuando vino el abogado [de oficio] no le entendíamos nada. Había un traductor de Malí que hablaba bambara, pero es que nosotros hablábamos soninke”, denuncia Idrissa Camara, un maliense de 38 años que llegó a Gran Canaria el pasado 23 de diciembre. Camara quiere protección en España para poder traer a su familia que aguarda huida en Mauritania. El hombre denuncia que su aldea, al oeste del país, lleva desde 2016 sufriendo el acoso de los yihadistas. En uno de sus asaltos violaron a su mujer y a una de sus hijas.

Facilitar el acceso al procedimiento es también responsabilidad de la Policía, jueces o fiscales, autoridades competentes para identificar estos perfiles e informarles de su derecho a pedir protección internacional, sobre todo cuando se enfrentan al internamiento para ser devueltos. Fue llamativo el caso del maliense albino que en septiembre acabó en un centro de internamiento para su expulsión, sin que nadie reparase en que su condición puede costarle la vida en su país. También el de las decenas de malienses que fueron expulsados a Mauritania entre mediados de 2019 y comienzos de 2020 y que denunciaron que desconocían su derecho a pedir asilo.

Incertidumbre en los hoteles de acogida

Una vez en los hoteles, gestionados por Cruz Roja, el desconcierto de los recién llegados que buscaban ayuda para solicitar asilo ha sido una constante durante meses. La organización solo contaba con tres abogados en Las Palmas y uno en Tenerife para prestar asistencia jurídica a las 23.000 personas llegadas en 2020. No daban abasto. “Nosotros preguntamos bastante en el hotel donde estábamos, pero siempre nos decían dos cosas: ‘aquí no es lugar para pedir asilo’ y ‘espera, espera”, recuerda el maliense Camara que ya está en Madrid y sigue sin saber cómo iniciar el papeleo.

La propia Cruz Roja reconoció el pasado 9 de febrero en el Senado que una de sus “mayores preocupaciones” era las dificultades para el acceso al procedimiento en las islas, especialmente durante el estado de alarma. La principal barrera, según su presidente en Canarias, Antonio Rico, era la dificultad de que los migrantes pudiesen registrar su voluntad de pedir asilo en una comisaría. “Si bien mantenemos una perfecta coordinación con Policía Nacional para realizar los trámites pertinentes, el elevado volumen de personas y la escasez de citas determinan una ralentización en el acceso y en la documentación”, explicó Rico.

El abogado Daniel Arencibia lleva en el maletero de su coche cientos de formularios para que los migrantes puedan manifestar en ellos su voluntad de pedir asilo y dejarla registrada de algún modo. En los últimos meses su tiempo libre lo ha dedicado a informar y facilitar los trámites a decenas de personas sin norte. “Las ONG responsables de la acogida se esfuerzan en ayudar a los inmigrantes, pero ninguna institución competente ha dado una solución integral a ese problema. Y cuando el inmigrante trata de hacer la solicitud a título particular, los problemas se multiplican: en comisaría no hay intérpretes ni recursos suficientes para atenderlos, por lo que la visita termina demasiadas veces sin registro de la solicitud”, explica Arencibia.

La lentitud y la organización de los traslados a la Península también ha condicionado a los migrantes para evitar pedir asilo en las islas, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Durante meses hemos visto cómo los solicitantes de asilo se quedaban bloqueados en las islas, mientras otros perfiles sí lograban ser derivados”, mantiene su secretaria general Estrella Galán.

España está obligada por diversos acuerdos internacionales a poner los medios para que sus autoridades identifiquen estos perfiles vulnerables y les faciliten el acceso a la protección internacional. La protección de los refugiados es además, según la propia comisaria de Interior, Ylva Johanson, “una obligación moral” que “refleja los valores” de la UE. El Defensor del Pueblo ya ha pedido explicaciones tanto a la Dirección General de la Policía como a la Secretaría de Estado de Migraciones acerca de “la falta de detección de perfiles especialmente vulnerables”, entre ellos, las personas con necesidades de protección internacional. Acnur, por su parte, decidió desplegar un equipo en Canarias para apoyar a las autoridades a mejorar la identificación de posibles refugiados y su acceso al procedimiento.

“España está fallando en sus responsabilidades en ese sentido. Es un problema de falta de información, falta de abogados, de no imponer a la policía que informe a la gente de sus derechos... Es un problema evidente y no solo en las Canarias, lo vemos en las costas españolas hace mucho tiempo”, denuncia la directora adjunta de Human Rights Watch, Judith Sunderland. “Llegados a este punto”, añade, “hay que preguntarse si esto ya es una política en función de un interés mayor del Estado de limitar el número de solicitudes de asilo”.

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