El fiscal jefe de Antidroga considera “ilegal” el nombramiento de Javier Zaragoza como coordinador en el Campo de Gibraltar

José Ramón Noreña pide a Dolores Delgado que anule la designación porque produce “solapamientos” y va a “complicar más” la lucha contra el narcotráfico en Cádiz

El fiscal Javier Zaragoza, en un receso de juicio a los líderes independentistas del procés.
El fiscal Javier Zaragoza, en un receso de juicio a los líderes independentistas del procés.JVS

La designación de Javier Zaragoza como fiscal delegado contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar han causado un cisma en la Fiscalía Antidroga. El fiscal jefe de esta fiscalía, José Ramón Noreña, ha impugnado este lunes el nombramiento dictado por la fiscal general del Estado por considerarlo “ilegal” e “improcedente”. Noreña denuncia que la decisión prescinde “absolutamente de cualquier procedimiento” formal y produce “solapamientos” en el organigrama.

“Más que solucionar un problema va a complicar más la situación”, este es el crítico pronóstico que hace el fiscal Noreña, que dirige la Fiscalía Especial Antidroga desde hace 15 años, respecto al nombramiento de Javier Zaragoza como fiscal delegado para coordinar y reforzar las investigaciones contra el narcotráfico y el blanqueo en el entorno del Campo de Gibraltar. Noreña presentó ayer un escrito en la Fiscalía General dirigido a Dolores Delgado en el que pide la nulidad del decreto por el que se nombró a Zaragoza y que, en opinión de Noreña, “debe ser considerado nulo de pleno derecho”.

Este diario se puso ayer en contacto con la Fiscalía General para recabar su versión sobre los hechos denunciados por Noreña, pero el órgano declinó valorar por el momento las afirmaciones recogidas en el escrito.

La designación hecha por Delgado implica el regreso de Zaragoza, fiscal de Sala del Supremo, a la materia a la que ha dedicado gran parte de su carrera y en la que, como teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga, dirigió las grandes investigaciones contra el narcotráfico en Galicia, que culminaron entre otras, con la Operación Nécora. Pero en un durísimo y extenso texto, el jefe de esa Fiscalía sostiene que las funciones que se le atribuyen al nuevo coordinador en el Campo de Gibraltar coinciden “plenamente” con las competencias de coordinación que ahora ejerce él, lo que, asegura, incumple el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta norma, afirma Noreña, no autoriza a Delgado a delegar atribuciones que ya sean competencia de un órgano del Ministerio Fiscal, como es la fiscalía especial antidroga.

Pero no es solo que la Fiscalía Especial Antidroga sea un órgano del Ministerio Fiscal, advierte su jefe, sino que, entre sus funciones o competencias el Estatuto Orgánico que regula el funcionamiento de la carrera le atribuye la de coordinar las actuaciones de las distintas Fiscalías, “en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico”. Es decir, el papel de coordinador que ahora se le encarga a Zaragoza lo ejerce ya el jefe de Antidroga, según la denuncia de este.

Noreña cuestiona también el decreto de nombramiento desde una perspectiva formal porque se ha dictado “prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento”. “No consta incoación de expediente, se retrasa cuatro días la publicidad —restringida— del decreto, no consta indicación de eventuales recursos y por ello se ignoran extremos tan importantes como saber de quién ha partido la iniciativa para su adopción”, advierte el jefe de Antidroga, que reprocha a Delgado que no le haya pedido su opinión sobre “la necesidad o conveniencia” de nombrar un coordinador para la zona del Campo de Gibraltar. Noreña censura también que se haya designado a una persona “concreta”, en lugar de convocar un “concurso interno”, y que no se haya oído al Consejo Fiscal, “como órgano representativo de la Carrera y competente para informar sobre los nombramientos o designaciones”.

El escrito del jefe de Antidroga cuestiona la decisión de Delgado no solo desde el punto de vista formal sino también respecto a su funcionalidad real. Según Noreña, el encargo hecho a Zaragoza es “improcedente” por varias razones. La primera, porque se designa a una persona como coordinador o “refuerzo” de la Fiscalía Especial Antidroga sin integrarlo en esta, lo que deja en un limbo su posición jerárquica con relación a la jefatura de Antidroga. Además, advierte el fiscal, “se produce un auténtico solapamiento o práctica identidad de competencias del firmante (establecidas en el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y del designado (establecidas en el decreto), y entre las atribuidas a este por el decreto y las de la delegada autonómica” de la Fiscalía Especial Antidroga en Andalucía, Ana Isabel Villagomez, nombrada en julio de 2019 tras un proceso de concurso.

“Solapamientos”

“El mantenimiento del decreto con los solapamientos indicados, únicamente puede llevar a generar dudas y perplejidad tanto en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como entre los miembros del Ministerio Fiscal (no solo los delegados de la Fiscalía Especial Antidroga, sino los integrados en secciones especializadas, e incluso los fiscales jefes superiores, provinciales y de área), acerca de a quién dirigirse, para qué, o, en el caso de recibir instrucciones, no ya contradictorias, sino simplemente diferentes, a quién obedecer”, sostiene Noreña, para quien, “lo que se presenta como una supuesta solución es más bien un perjuicio para el buen funcionamiento de toda la maquinaria de investigación y represión del tráfico de drogas y del blanqueo asociado a aquel”.

En un órgano tan jerarquizado como el Ministerio Fiscal, el escrito presentado por el jefe de Antidroga pretende acogerse a una de las vías que ofrece el Estatuto Orgánico de la carrera para discrepar de las órdenes y decisiones de un superior, en este caso, la fiscal general del Estado. Noreña se acoge al artículo 27.1 del Estatuto que establece: “El fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe”. Si esta orden procede del fiscal general del Estado, como ocurre en este caso, “este resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala”, lo que previsiblemente obligará a Delgado a convocar en los próximos días este órgano.


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