El juez procesa a un expresidente de la Diputación de Valencia y 14 excargos socialistas y de Compromís por enchufismo

El instructor acusa a Jorge Rodríguez, actual alcalde Ontinyent con un partido independiente, de los posibles delitos de malversación y prevaricación por contratar a siete directivos afines en la empresa Divalterra

El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, hace dos años.
El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, hace dos años.Mónica Torres

El juez del caso Alquería ha procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas públicas. Rodríguez dimitió de su cargo en junio de 2018 tras ser detenido y puesto en libertad. En la actualidad, es el alcalde de Ontinyent por un partido independiente que formó cuando los socialista le vetaron para encabezar la lista en las elecciones municipales de 2019 que ganó por mayoría absoluta, siendo ya investigado.

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El auto del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, “que técnicamente es de incoación de Procedimiento Abreviado, supone en la práctica el procesamiento de los encausados y debería dar lugar a que se fije fecha de juicio oral contra los inculpados”, señala una nota del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. De hecho, pide al fiscal y demás acusaciones que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de Juicio Oral formulando escrito de acusación, aunque también podrían solicitar nuevas diligencias e incluso, al menos en teoría, el sobreseimiento de la causa.

En línea con la tesis de la Fiscalía, el juez considera en su auto que en la empresa pública Divalterra, perteneciente a la Diputación de Valencia, se nombró arbitrariamente para ocupar altos cargos a personas afines al PSOE y a Compromís incumpliendo la normativa. Divalterra fue la heredera de la antigua Imelsa, que tuvo un papel central en el caso Taula, supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, vinculada al PP valenciano cuando gobernaba en la Diputación de Valencia,

Así, el magistrado considera que se produjo una contratación “simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018”, lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.

Se trataba, además, de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a “unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista”. Se produjo así una “presunta malversación, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros”, señala el auto.

Todo ello se hizo “con la intervención de los gerentes de la empresa, José Ramón Tiller y Agustina Brines, y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio Presidente de la Diputación Provincial de Valencia y Presidente del Consejo de Administración de Imelsa, luego Divalterra, Jorge Rodríguez y su equipo mas cercano, Jorge Cuerda, presunto director de facto de la empresa, junto Manuel Reguart y Ricard Gallego”, añade el magistrado.

Jorge Rodríguez se ha manifestado tras conocer la resolución judicial: “Desde el primer momento sabíamos que llegaríamos a juicio oral puesto que era imposible que el fiscal que ordenó nuestra detención y el juez que la autorizó fueran a cerrar el caso, sobre todo, después de la operación policial antiterrorista que desplegaron”.

“Sinceramente teníamos ganas de que llegara este momento después de más de dos años y medio de instrucción durante los cuáles todas las peticiones de las defensas han sido sistemáticamente rechazadas por el juez”, ha agregado el primer edil de Ontinyent. “En el mismo auto el juez pasa por alto todos los argumentos de las defensas, así que no podíamos esperar más que nuestro procesamiento. Por fin se abre la puerta para que podamos defendernos ante un tribunal con el convencimiento de ser absolutamente inocentes y de haber actuado siempre dentro de la legalidad”, ha concluido.

Junto a Rodríguez, figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.

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