Sánchez apoya la celebración de las elecciones de Cataluña el 14-F

El Gobierno ha decidido entrar con fuerza en el debate sobre el retraso de las elecciones catalanas dejando clara su posición a favor de que se mantengan el 14 de febrero, justo cuando la decisión está en manos de los tribunales. El presidente, Pedro Sánchez, mostró este miércoles con claridad que él está con la posición del PSC, que apostaba por mantener la fecha frente a una alianza temporal entre el independentismo, el PP y Ciudadanos para retrasarlas hasta el 30 de mayo. “Cataluña tiene una gran oportunidad de recuperación, pero necesita cuanto antes un Gobierno con plenas facultades y competencias”, presionó Sánchez.

El presidente del Gobierno no había dicho hasta ahora una palabra sobre el aplazamiento de las elecciones catalanas, que sentó muy mal en La Moncloa, donde consideran que es una decisión sin cobertura legal que se ha tomado como reacción a la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Tanto en el entorno del presidente como del ministro dan por hecho que fueron las primeras encuestas que medían su irrupción y marcaban la posibilidad de un incierto triple empate entre ERC, Junts y el PSC, donde podía ganar cualquiera de los tres, las que hicieron que los independentistas decidieran cambiar de opinión y buscar un retraso de las elecciones que tiene una difícil cobertura legal.

Sánchez, en un mensaje claramente pensado de antemano para marcar el debate en Cataluña justo cuando todo está a la espera de la decisión judicial, dejó muy claro que no le parece bien el retraso de las elecciones catalanas que promueve el independentismo con apoyo del PP y Ciudadanos y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de poner en cuestión. Sánchez fue rotundo en una entrevista concedida a la presidenta de la agencia Efe, Gabriela Cañas: “Cataluña tiene una gran oportunidad de recuperación, pero necesita cuanto antes un Gobierno con plenas facultades y competencias”, insistió.

El jefe del Gobierno explicó que en Cataluña hay una “crisis de gobernabilidad”, ya desde hace un año, cuando Quim Torra, entonces president, anunció que el Gobierno estaba agotado y abrió la puerta a unas elecciones que después se han ido retrasando. Esperar otros cuatro meses no sería una buena idea sobre todo para iniciar cuanto antes la recuperación después de la crisis del coronavirus, señaló el presidente. “¿Cuál es el objetivo de cualquier Gobierno? Primero vacunar y en segundo lugar la recuperación. Cataluña tiene una gran oportunidad, pero necesita cuanto antes un Gobierno con plenas facultades y competencias. Me gustaría que esta crisis de gobernabilidad que se abrió hace un año se resuelva cuanto antes. Que los catalanes puedan elegir un Gobierno que pueda abordar la tarea de la recuperación y el reencuentro”, ha subrayado.

El presidente ha recordado, además, que no solo el PSC, también los empresarios y sindicatos estaban en contra de este retraso de los comicios. La Generalitat dice ahora que si se mantuvieran las elecciones el 14 de febrero se podría provocar una baja participación, pero Sánchez ha insistido: “Tenemos que asumir la decisión del tribunal”. El Gobierno apuesta pues por un mantenimiento de la fecha inicial si eso es lo que determina el tribunal definitivamente, y casi que a estas alturas confía en que lo haga.

Sánchez tenía todas sus expectativas puestas en el 14 de febrero no solo por las catalanas en sí, sino porque estos comicios abrían paso a una nueva etapa sin elecciones durante casi dos años y permitían despejar varios frentes abiertos. El más importante, un posible acuerdo con el PP para la renovación de los órganos constitucionales, en especial el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de dos años con su mandato caducado. El PP había retrasado la decisión hasta después de las catalanas y podría alargarla otros cuatro meses más.

Además, el Ejecutivo confiaba en que después de estos comicios se pudiera recuperar la mesa de diálogo y reconducir el procés. Y se puede retrasar la decisión sobre el indulto de los presos del proceso independentista, que estaba también a la espera de esos comicios. Se trastocan así todos los planes.

Mientras, el Gobierno catalán defenderá hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el decreto de aplazamiento que ha sido objeto de seis recursos por parte de partidos extraparlamentarios y de un antiguo mosso d’Esquadra. Ante el vacío jurídico de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sobre la posibilidad de postergar unos comicios, los informes jurídicos del Govern (el primero se remonta a septiembre del año pasado) utilizan el precedente de las elecciones vascas y gallegas para intentar resguardar la actuación del Ejecutivo. En primer lugar, el decreto original de convocatoria mencionaba la posibilidad de un aplazamiento.

La Generalitat cree que el hecho de que la decisión tanto de modificar el calendario electoral como la nueva fecha salga de un consenso con los partidos (salvo el PSC) da cierto blindaje de acuerdo político. Todos pactaron desde un inicio que el pasado 15 de enero se presentara un informe de los escenarios epidemiológicos del 14-F. El departamento de Salud entregó dos, que mostraban que el pico de ocupación de las UCI —superando los lindares de colapso— se solapaba con la campaña. Los socialistas consideraron que no eran suficientes pero el resto de grupos sí apoyaron realizar el cambio.

El texto de los tres decretos es casi idéntico (en los otros dos casos no hubo recursos). En el preámbulo de todos se hace referencia a los informes técnicos que justifican el aplazamiento y la implicación que podrían tener sobre la participación de la ciudadanía. En la parte dispositiva, la Generalitat explica que se convocarán las elecciones para el 30 de mayo “previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y con la deliberación previa del Govern”.

La nueva fecha la sustenta otro informe, firmado por el Director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que calcula que en ese mes se habrá alcanzado “un buen nivel de inmunización” de acuerdo a las previsiones del plan de vacunación del Gobierno, lo cual da más seguridad a los comicios, según argumentan.

Como en Galicia y en el País Vasco, la Generalitat ha decidido comenzar el proceso electoral desde cero, algo que algunas de las partes que presentaron recursos creen que vulnera sus derechos. El PSC denuncia que se trata de una nueva convocatoria y no de un mero aplazamiento. Los informes jurídicos recuerdan sentencias del Tribunal Constitucional en las que se aboga por “la interpretación más favorable a la plenitud del derecho de sufragio” y por tanto la nueva fecha tiene que permitir actualizar el censo y el derecho a ser elegido de las personas que alcanzan la mayoría de edad en ese periodo.