Carmen Calvo: “No está previsto un confinamiento domiciliario para la tercera ola de la pandemia”

A media mañana del viernes, poco antes de que la borrasca Filomena arreciase sobre España, los primeros copos de nieve cubrían los jardines de La Moncloa. La semana pasada se cumplió un año de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de coalición. Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 63 años), la mano derecha del presidente, trata de aplacar la convivencia en el poder, en ocasiones turbulenta, entre el PSOE y Unidas Podemos. El día siguiente a la gran nevada que atrapó a la capital, y ante la preocupación por que la falta de coordinación entre Administraciones dificulte las tareas para recuperar la normalidad cuando pase la ola de frío, comentó así la gestión del temporal: “En una situación tan complicada cada Administración ha respondido y se ha ocupado de la parte que le corresponde, que es la mejor coordinación”.

Pregunta. ¿Cuál es su balance del primer año del Gobierno?

Respuesta. Un balance de hechos, de leyes y decisiones protectoras de una sociedad que está atravesando una situación de fragilidad importante. Lo hemos asumido con un Parlamento muy fragmentado y con una oposición de las derechas absolutamente irracional y radical.

P. Hemos visto en Estados Unidos de lo que es capaz la polarización. ¿Cuánto le preocupa al Gobierno el aumento de la crispación en la política española y que está dispuesto a hacer para rebajar el tono político?

R. Vox forma parte del movimiento internacional para desestabilizar los sistemas democráticos. Aquí la clave de bóveda es qué hace el Partido Popular en esa posición durante un año. Desde el Gobierno pensamos que hay algunas cuestiones que son de arquitectura del sistema donde el Partido Popular debería de estar. Nosotros se lo ofreceremos.

P. Las tensiones entre los socios de Gobierno también han marcado la recta final del año. Hay muchas voces hablando en nombre del Gobierno.

R. En lo importante, proyectos de ley, tanto reales decretos de urgencia como normas que teníamos que impulsar, hemos hecho las cosas como cualquiera podía esperar de un Gobierno de coalición. ¿Dónde hay que ir ajustando? Hay cosas que están en los órganos y no pueden estar fuera. Se deciden en los órganos, no días antes, ni van al ritmo que quiere ningún ministro.

P. Unidas Podemos no apoya la reforma de las pensiones que impulsa el ministro Escrivá. Dice que, llegado el caso, votarían en contra.

R. Ponerlas a crecer como el IPC a veces se nos olvida, pero era la reivindicación que teníamos sobre las pensiones. Todo estará en el marco del pacto de Toledo.

P. ¿La reforma que impulsa Escrivá es imposición de Bruselas?

R. Vamos a ser un Gobierno responsable de nuestros compromisos en Europa. No vamos a estar fuera de los equilibrios con los que tenemos que estar formando parte de ese marco europeo.

P. Entonces, ¿se va a subir de los 25 a los 35 años el periodo de cotización de las pensiones?

R. El ministro está en su derecho de hacer reflexiones. Las tiene que hacer para desembocar en lo que finalmente el Consejo de Ministros considere oportuno y seamos capaces de tener acuerdos con los demás actores políticos. Ojalá tuviéramos un Gobierno de coalición con mayoría absoluta. Entonces podríamos ser muy rotundos.

P. ¿Van a llegar a un acuerdo con los agentes sociales para ampliar los ERTE?

R. Hemos sido bastante comprensivos y realistas en las diferentes fechas en las que hemos ido ampliando los ERTE. Queremos tener ahí también un punto de equilibrio entre proteger el trabajo, pero con un equilibrio que permita también sacar a la economía pronto a que empiece a funcionar por sí misma. Todo va a depender también de los datos de evolución de la pandemia, ahora que también empieza ya a funcionar la vacuna.

P. ¿Llegarán al 60% del salario mínimo como prometieron?

R. Ahora no, queremos ver cómo empezamos este año, el último trimestre la economía española ha seguido creciendo. Quedan todavía 750.000 trabajadores en ERTE. Vamos a ver cómo evoluciona este primer semestre para no gravar más todavía la situación en la que muchas empresas puedan estar. En ningún momento hemos dicho que el salario mínimo no iba a seguir creciendo en esta legislatura. Tenemos un compromiso electoral y un compromiso de Gobierno de coalición.

P. ¿Quitarán la reforma laboral del PP que sigue vigente?

R. Avanzaremos en nuestro programa conjunto de Gobierno y en el programa electoral también del PSOE, dentro del marco del diálogo social.

P. ¿Funciona la cogobernanza en la gestión de la pandemia?

R. Absolutamente. ¿Por qué Andalucía decide nuevas medidas, Navarra o el Gobierno de Baleares? Porque tienen un nuevo decreto de alarma que ha hecho el Gobierno con esta duración, con estas características capaces de que cada día cada Gobierno autonómico con arreglo a sus cifras vaya ajustando sus necesidades y que ha resultado utilísimo para no agobiar a unas comunidades ni desproteger a otras. Eso es cogobernar.

P. ¿Contempla el confinamiento domiciliario, como ha planteado Castilla y León y antes hizo Asturias?

R. En este momento no tenemos previsto la posibilidad de permitir el confinamiento domiciliario, como sí lo hicimos para parar el primer envite de la pandemia.

P. ¿Por qué?

R. Tenemos unos datos que requieren ajustes de medidas, como han dicho los responsables del Ministerio de Sanidad; tenemos una situación irregular por territorios como la tienen también otros países. Afortunadamente, tenemos una estructura territorial del Estado y con los datos que tenemos en este momento haciendo unos ajustes que están llevando a cabo algunas comunidades autónomas podemos ir caminando en estas semanas.

P. Ante la disparidad entre comunidades del ritmo de vacunación, ¿qué debería haberse hecho mejor?

R. Teníamos tantas ganas de ir tan rápido, ha sido tan insólito tener una vacuna en tan poco tiempo... Y luego nos ha coincidido con una fecha muy complicada.

P. Habría que haberlo programado entonces.

R. La cogobernanza consiste en que el Gobierno de España comprara las vacunas. Las compra el Gobierno de España porque es su obligación, así como repartirlas con criterios equitativos, por grupos de riesgo, etcétera. A partir de ahí, las comunidades autónomas tienen las redes de vacunación porque tienen los hospitales. El Gobierno de España no gestiona ningún hospital, salvo Ceuta y Melilla. Nosotros tenemos una parte de la gobernanza: comprar las vacunas, recibirlas, distribuirlas. Esta era nuestra parte del trabajo. Y la hemos hecho.

P. ¿Se va a cumplir el compromiso de vacunar al 70% de la población antes de verano?

R. Tenemos que hacerlo.

P. Al ritmo actual parece imposible.

R. Nuestro país tiene una red de vacunación muy potente. Somos un país que confía en las vacunas en general, y este año ha habido una vacunación impresionante de la gripe estacional. Ahora hemos visto que cada comunidad autónoma lo ha tenido planificado de una manera o de otra.

P. ¿El Gobierno podría poner orden en este problema?

R. El Gobierno no le puede decir a una comunidad autónoma cuál es su plan de vacunación. Otra cosa diferente es que habrá que imprimir más ritmo, ir avanzando más. Las previsiones en la parte que nos corresponde a nosotros son que la población española acceda a los millones de vacunas que necesitamos. Nuestro compromiso es que la población española tenga la vacuna para ponérsela en este plazo de tiempo para llegar al verano con una inmunidad de rebaño que está en torno al 70% de la población. Eso lo vamos a cumplir.

P. ¿Qué debería haber hecho mejor el Gobierno en la gestión de la pandemia?

R. Ningún Gobierno sabe cómo te viene algo así. Estamos acostumbrados a capear situaciones que son claramente políticas, donde la política, para bien o para mal, equivocándose, aceptándose, manda y decide. Pero claro, aquí la política iba detrás. Eran los expertos los que te decían: “la pandemia no va por aquí, pasará por allí”.

P. Un comité de expertos del que no se conocían sus componentes.

R. El comité de expertos lo nombró el Gobierno del PP. A Fernando Simón lo nombra la señora Mato. Nadie puede decir que hemos nombrado a un comité de expertos que está a las órdenes de ningún color político. Son funcionarios. La primera obligación que tiene una administración y un Gobierno es no dar los nombres de sus funcionarios. Está en la ley de protección de datos. Como la bronca tan espectacular que les ha montado el PP ha sido de tal naturaleza, les hemos preguntado si consentían que se diesen sus nombres y títulos. Ellos mismos, con tal de no seguir alimentando esta barbaridad, dijeron que sí.

P. ¿Cree que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, debe continuar en el cargo hasta la campaña de las elecciones catalanas?

R. Hemos visto montones de situaciones que se parecen a ésta.

P. Pero no en una situación excepcional como esta.

R. Aunque tengamos una situación como esta, no nos podemos saltar las normas.

P. Pero podría dimitir.

R. Evidentemente. Pero está en una situación de legalidad absoluta en la que él quiere hasta el último minuto seguir haciendo su trabajo.

P. ¿No cree que su permanencia en el cargo deteriora la imagen de la gestión de la pandemia?

R. Por las encuestas, parece que no. Si alguien considera o quiere esconder su crítica política debajo de eso lo que tiene que pedir es la modificación de las normas electorales.

P. ¿Va a haber una crisis de Gobierno profunda o los cambios se van a limitar a Sanidad y Política Territorial?

R. El presidente ya ha dicho que el día que el ministro Illa abandone su responsabilidad, tendrá que hacer unos ajustes porque hay un ministerio que se queda sin ministro y hará un ajuste puntual de esa situación.

P. Otro reto pendiente es la reforma del Poder Judicial en funciones. ¿Recurrirán finalmente a la reforma de PSOE y Unidas Podemos que quedó aparcada a la espera de llegar a un acuerdo con el PP?

R. El PP tiene que respetar al Gobierno, dejar de cuestionarlo y ponerse a hacerle oposición. Si el PP quiere de verdad abandonar el espacio de la ultraderecha, apoyándose en Vox para arrebatarle al PSOE donde ha ganado las elecciones poder institucional, tendrá que estar en algún espacio institucional diferente.

P. ¿Y si no se aviene a negociar?

R. Preferimos dejarlo en que pueda ver esa oportunidad para algunas cuestiones que son de arquitectura de nuestro país. La situación de estar en funciones está muy bien regulada en la legalidad española para el Parlamento, las Cortes Generales y para el Ejecutivo. Y no está tan bien regulada para el tercer poder del Estado, que es el judicial. El poder judicial es un poder político del Estado y no lo tiene regulado. Ya ha ocurrido más de una vez y cuando nosotros hemos estado en la oposición se ha desbloqueado. Con el PP no se desbloquea. Lo que no podemos decir a la ciudadanía es que esto ocurre y no hacemos nada.

P. ¿Se concederá el indulto a los presos del procés?

R. No van a tener otra tramitación distinta ni otro tratamiento hasta que veamos el conjunto de informes en el procedimiento.

P. La Fiscalía del Supremo ya se ha pronunciado en contra.

R. Todos los Gobiernos han concedido indultos en todas las posiciones habidas y por haber. Se han dado indultos con todo tipo de situaciones, a favor o en contra del tribunal sentenciador, con informe a favor y en contra de todo tipo de situaciones… Esa es la esencia de ese derecho. Para opinar lo mismo que opina el tribunal sentenciador no haría falta este instrumento jurídico.

P. ¿La reconciliación para Cataluña que defiende el presidente supone estar a favor del indulto?

R. No. El presidente, al margen de elementos puntuales, desde que llegó a la Presidencia del Gobierno optó por cambiar la perspectiva de la derecha española de combatir de esta manera el independentismo político que nos llevó al desastre. En apenas tres años no se ha vuelto a pronunciar ninguna institución catalana contra el orden constitucional, no se ha vuelto a saltar ni una sola norma ni regla que no se deba y no se pueda. Esto es un logro con capacidades políticas importantes. Estamos en otra cosa.

P. ¿No sería llamativo un indulto a los presos del procés que no se han arrepentido?

R. Vamos a tramitar esos indultos como cualquier otro, con los elementos constitutivos de los informes que haya y de la posición que el Ministerio de Justicia lleve, que al final será la que debata el Consejo de Ministros. Hay quienes han pensado que esto era “a cambio de”. No es verdad.

P. En la crisis migratoria en Canarias no se puso orden entre ministerios hasta octubre. ¿Por qué no se hizo antes de que la crisis desbordase las previsiones?

R. Todo es mejorable, lo digo con total claridad. Nadie espera en una situación como esta que la mafias se organicen. Estamos hablando de personas que llegan a las que hay que proteger, respetar sus derechos y la seguridad de las fronteras europeas porque las islas Canarias son frontera dentro de Europa. No es fácil tener en muy escasos días una avalancha de esa naturaleza. Las islas no están preparadas para eso.

P. Se tardó en actuar meses.

R. Somos un país frontera sur de Europa en el Estrecho y un país que está bastante preparado en la frontera del Estrecho. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos preparado ni queremos tener preparado? A las islas.

P. ¿Por qué?

R. No puede existir una idea para esas mafias de que se puede llegar a Europa vía Canarias. Otra cosa es que atravesando esta situación de pandemia, y estando el Estrecho más controlado y otras rutas del Mediterráneo taponadas, se haya abierto esa posición. Cuando algunas de estas personas —que ni están retenidas, ni detenidas, ni van a ser objeto de devolución a sus países— tienen derecho a moverse por el territorio y se movieron, nos encontramos reacciones de algunos Gobiernos autonómicos que no entendíamos.

P. ¿El Gobierno ha realizado vuelos de traslado de inmigrantes magrebíes a la Península desde Canarias?

R. Los únicos vuelos que podemos hacer son a aquellos países con los que tenemos acuerdos y convenios de retorno porque aceptan a los retornados en el cumplimiento estricto de la legalidad bilateral.

P. El muelle de Arguineguín fue una vergüenza para todos.

R. Como han dicho los dos ministros que han estado allí, no le parece evidentemente bien a nadie. Pero estábamos hablando de días que llegaban 500 personas sobre 500 que habían llegado el día anterior.

P. ¿Bruselas ha dejado sola a España en esta crisis?

R. Bruselas tiene que seguir entendiendo mucho mejor y mucho más que la frontera sur de Europa es la frontera española. Y lo tiene que entender con más profundidad de apoyos, comprensión y capacidad de entender que eso forma parte de la política que tiene que hacer Europa en esta parte de Europa. En algunas ocasiones España se siente más sola de lo debido para afrontar estas situaciones. Europa tiene que afrontar su política migratoria mejor.

P. ¿Habrá o no habrá ley de la Corona?

R. El presidente lo ha dejado claro. Paso a paso. Es evidente que 42 años después nuestra Constitución tiene que seguir desplegándose, avanzando y mejorando todas las instituciones con arreglo a criterios éticos y de la exigencia de esta sociedad. En ese espacio, estaremos trabajando hacia el futuro para la monarquía parlamentaria, que es el órgano constitucional que tiene establecida nuestra Constitución. Eso no es [algo] inminente de mañana y requerirá, llegado su momento, la forma que se requiera para los contenidos que se puedan abordar. Y habrá que hacerlo con un amplísimo consenso, que es lo que se requiere. Si llegara el momento de abordar algunas cuestiones que son importantes, como puede ser el futuro de la monarquía parlamentaria, pues el PP tendría que estar.

P. ¿Y Unidas Podemos?

R. Es un partido que opta por la forma republicana en la forma de Estado, pero no es nuevo. Lo definitivo y definitorio es qué hace el Gobierno. El Gobierno no se ha movido un ápice de la posición constitucional de respeto, de relación y de trabajo con la jefatura del Estado.

P. ¿El Gobierno de coalición acabará la legislatura?

R. Sí. Tenemos que culminar un trabajo que es bueno para la izquierda de este país. Claro que terminaremos la legislatura.