El Gobierno promueve transparencia en la Corona, pero sin una ley propia

El Ejecutivo echa agua al debate sobre la ley de la Corona, a la que abrió paso Pedro Sánchez en su última rueda de prensa de 2020. Fuentes del Gobierno señalan que no está encima de la mesa una norma completa —el presidente no llegó a hablar de ella expresamente, aunque lo dio a entender en sus respuestas—, sino una serie de reformas puntuales pactadas con La Zarzuela para lograr más transparencia. El sector socialista del Ejecutivo cree que una ley de la Corona, como reclama Unidas Podemos, abriría en el Congreso espacio a un debate entre monarquía y república que el PSOE quiere evitar a toda costa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la decisión firme de ir de la mano de La Zarzuela en este delicado asunto. Es la Casa del Rey la que tiene la última palabra en todo lo que le afecta directamente, según fuentes de La Moncloa. Y esa es la garantía de que las cosas se harán con mucha calma y no habrá con seguridad ley de la Corona. De hecho, hay discusión jurídica sobre si la Constitución permite una ley de la Corona o no. Al contrario de lo que ocurre con otras instituciones del Estado, la Constitución no prevé desarrollar los nueve artículos que dedica a la Monarquía mediante una futura norma, salvo para las abdicaciones, renuncias “y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión” (artículo 57.5), que “se resolverán por una ley orgánica”.

Para muchos juristas, esto cierra el paso a una ley de la Corona. Pero hay debate. Fuentes del Ejecutivo señalan que en La Moncloa ese asunto se da por cerrado: serán reformas puntuales y normas internas de autorregulación de la Casa Real que en cualquier caso no son inminentes. Pero no se prevé una ley específica.

Posible cambio de la ley de Presupuestos

El Gobierno y La Zarzuela, que, como es habitual, llevan este debate interno con gran secretismo, sopesan varias posibilidades para aumentar la transparencia y la garantía de ejemplaridad de la Monarquía. El Parlamento, por ejemplo, no puede controlar los gastos de la Casa del Rey, y los letrados sistemáticamente rechazan cualquier iniciativa en este sentido. Una de las reformas que se plantean es cambiar la ley de Presupuestos para que se pueda lograr un detalle mayor de los gastos en personal, como sucede con el Gobierno, donde se conocen los sueldos de todos los altos cargos.

Otra cambio, más de fondo, implicaría limitar por ley la inviolabilidad, que está fijada de forma abierta en el artículo 56.3 de la Constitución, que señala: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Existe un debate jurídico sobre la interpretación de este precepto, pero en general está instalada la idea de que sirve para que Juan Carlos I no pueda ser juzgado por ninguno de los posibles delitos cometidos antes de su abdicación, en junio de 2014.

Esta protección extrema, que no tienen otros jefes de Estado cuando dejan de serlo y cuando se les acusa de algo que no tiene relación con su cargo, está siendo muy cuestionada. Y en el Gobierno se plantea la posibilidad de acotarla. Pedro Sánchez ha defendido que sería adecuado; aunque en La Moncloa insisten en que todo será pactado con La Zarzuela, que es quien lleva la voz cantante por decisión del presidente. Lo que hoy por hoy parece fuera del debate es retirar a Juan Carlos I el título de rey honorífico que recibió tras abdicar.

Sánchez y Carmen Calvo, la vicepresidenta primera e interlocutora directa con La Zarzuela a través del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, lanzan con frecuencia mensajes públicos que parecen una clara invitación a la Monarquía a ir más allá, pero aceptan lo que diga Felipe VI y su equipo. Es lo que sucedió con el discurso de Navidad. Desde el Gobierno se crearon muchas expectativas, pero luego, cuando el Monarca hizo una mención elíptica al escándalo de su padre, que algunos sectores criticaron por insuficiente, el Ejecutivo lo defendió. Sánchez incluso calificó de “valiente” ese discurso, supervisado por La Moncloa pero escrito en La Zarzuela.

Lo que quiere evitar a toda costa el Gobierno es una ley que abra un debate entre monarquía y república en el Congreso. Y es precisamente lo que propone Unidas Podemos. El presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, aseguró hace menos de dos semanas que tienen ultimada una propuesta de ley de la Corona para dar más transparencia, pero también para regular lo que puede decir y no puede decir el Monarca, en referencia al discurso del 3 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña. Para Asens, ese día el Rey hizo política, y por eso cree necesario establecer los límites en una norma. El PSOE no está ni de lejos pensando en una regulación así, y tiene previsto tumbarla si Unidas Podemos la presenta.

En estos asuntos se reproduce un voto anómalo en el Congreso. La mayoría que apoya al Gobierno se rompe y Unidas Podemos vota con nacionalistas e independentistas, mientras el PSOE suma sus votos a los del PP y Vox para rechazar todas las iniciativas de comisiones de investigación y exigencias de más transparencia de los otros grupos. Todo indica que este bloque seguirá activo.

El PSOE y La Zarzuela parecen abiertos a algunas pequeñas reformas para lograr una mayor transparencia. Y ahí, Pablo Casado ya ha señalado que los socialistas pueden contar con su apoyo. Por tanto, este atípico bloque que solo sirve para la Monarquía seguiría compacto, pero con la posibilidad de abrir paso a modernizar una institución que vive su peor crisis desde la restauración de la democracia en 1978.