Inmigración irregular

Los refugios no avanzan en Canarias

Hasta 7.786 personas permanecen acogidas en establecimientos turísticos en las islas pese a la creación de una red provisional

Campamento para la acogida de inmigrantes en el Colegio León de El Lasso.
Campamento para la acogida de inmigrantes en el Colegio León de El Lasso.quique curbelo
Las Palmas de Gran Canaria - 27 dic 2020 - 23:30 UTC

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció el pasado 20 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria el llamado Plan Canarias, que pasaba por levantar 7.000 plazas de acogida provisionales hasta finales de año en carpas situadas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para vaciar el puerto de Arguineguín y los establecimientos hoteleros. En aquel entonces, 17 hoteles y edificios de apartamentos alojaban a 5.500 migrantes, según los datos del Ministerio.

Algo más de un mes después, el muelle pesquero de la pequeña localidad del municipio de Mogán (qué llegó a albergar casi al raso a más de 2.500 personas) se ha vaciado de carpas, pero los hoteles y apartamentos de las islas han incrementado su ocupación de migrantes hasta 7.786 personas en 12 inmuebles turísticos, según los datos del Ministerio. Así, la frenética actividad de la empresa pública Tragsa para acondicionar los campamentos apenas había dado para albergar a 571 personas.

Para muestra, un ejemplo: EL PAÍS ha sido el único medio en entrar en un establecimiento hotelero usado para alojar inmigrantes. A finales de septiembre, el complejo albergaba a algo menos de 500 migrantes magrebíes y subsaharianos, lo que lo convertía en el mayor centro de acogida de Canarias. Actualmente, esta cifra se ha incrementado hasta 650 personas.

“En el primer envite después de la pandemia ha ganado el caos”, explica Txema Santana, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “El repunte migratorio se inició en septiembre de 2019, y la red humanitaria se está levantando un año y dos meses después. Esta es la situación”.

San Bartolomé de Tirajana y Mogán, los dos principales municipios turísticos de Gran Canaria, avisaron a los propietarios de los establecimientos que dan techo a extranjeros en situación irregular que deben desalojarlos antes del 31 de diciembre. De lo contrario, “se aplicará la legislación vigente”, según advirtió la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de la formación independiente Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). Las multas pueden llegar a los 300.000 euros, según la legislación vigente.

Porque el goteo de llegadas no ha cesado durante la última quincena del año. Hasta el 15 de diciembre habían llegado a las islas 21.452 inmigrantes por vía marítima a Canarias, lo que supone un alza del 889%, según los datos del Ministerio de Interior. En solo 15 días, arribaron a las islas otras 1.886. Estas cifras situarán a 2020 como el segundo año de más llegadas, tras los 31.000 de la llamada crisis de los cayucos en 2006.

Un trayecto que, además, resulta letal: la Cruz Roja sostiene que la Ruta Canaria mata, entre el 5% y el 8% de quienes se aventuran a ella, lo que se traduce en una horquilla de 1.000 a 1.700 vidas perdidas, según recoge Efe. Un grupo de 45 inmigrantes subsaharianos fueron rescatados el pasado día 24 después de que naufragase la patera en que viajaban en aguas cercanas a El Aaiún. Según la agencia estatal, se han encontrado dos cadáveres en la playa de Al Marsa.

Arguineguín (”el mayor grito racista de este 2020″, en palabras de Santana) ya no se usa como red de acogida y la otrora potente industria turística canaria languidece con los cierres en los principales mercados emisores en Europa (la ocupación total está por debajo del 10%), aunque algunos propietarios sobreviven gracias al recurso del que les ha provisto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta situación, no obstante, no es del agrado de buena parte del empresariado local… ni de los residentes canarios.

El ánimo de los vecinos del sur de Gran Canaria ha comenzado a caldearse. A mediados de diciembre, una treintena de ellos llevaron a cabo concentraciones que obligaron a la Cruz Roja, que gestiona la acogida de los recién llegados en pateras, a recomendar a inmigrantes que no salgan a la calle al menos este fin de semana. El Gobierno de Canarias, responsable por la tutela de los menores de edad, tomó la misma medida.

“Entendemos que el gobierno de España ha llegado tarde, mal, y con un enfoque ciertamente distorsionado, por la lejanía por la ausencia de una respuesta integral y temprana a un fenómeno que implica músculo administrativo, capacidad diplomática, pedagogía y prevención de la xenofobia y humanidad”, sostiene Santana.

Un “grito de desesperación”

Las llamadas de auxilio del Gobierno de Canarias han sido una constante a lo largo del año. Tanto para hacer frente a las arribadas de pateras como a la tutela de los menores no acompañados, que están en máximos históricos tras sumar 2.400. Para ello, el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, ha reclamado en repetidas ocasiones la solidaridad del Gobierno central y de las comunidades autónomas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó a principios de diciembre una subvención de 10 millones para la atención de los menores. Según la consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, de Unidas Podemos, los costes de esta atención sumarán 18 millones. “La necesidad de ayuda es imperiosa, esto es un grito desesperado a que se colabore con Canarias”, afirma a EL PAÍS. Todas las comunidades autónomas han ofrecido ayuda para acoger a parte de los menores, menos Andalucía y Madrid, según reveló el pasado miércoles el presidente Ángel Víctor Torres.

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