La Justicia ratifica la supresión del ‘Caudillo’ de la localidad pacense de Guadiana

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado el cambio de denominación del municipio de Guadiana del Caudillo (Badajoz, 2.500 habitantes) por el de Guadiana, al entender que dicha modificación está “suficientemente motivada” y se ajusta a la Ley de Memoria Histórica, de diciembre de 2007. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal desestima íntegramente el recurso que presentó el edil de Vox y exalcalde, Antonio Pozo, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 28 de enero de 2020 por el que se aprobó el cambio de denominación. El exregidor, antes en las filas del PP, luchó durante años para mantener las referencias al dictador en Guadiana, e incluso llegó a perder una subvención de 168.000 euros por incumplir la ley de memoria histórica.

La historia de Guadiana está estrechamente ligada con la dictadura franquista. La localidad, situada 30 kilómetros al este de Badajoz, en la comarca de las Vegas Bajas, nació en los años 50 como un pequeño poblado impulsado por el Instituto Nacional de Colonización para aprovechar las nuevas tierras de regadío que florecieron al abrigo de los pantanos construidos durante la dictadura. Tras el acuerdo del Ayuntamiento y el informe preceptivo de la Diputación provincial, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó el cambio de denominación en enero, un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de Extremadura dos meses después. Guadiana del Caudillo pasó, el 9 de marzo, a llamarse Guadiana a secas.

La negativa de Antonio Pozo a cerrar las heridas de la dictadura le costó el bastón de mando, después de la intensa actividad de la asociación Guadiana Despierta, que, pese a que la mayoría se había opuesto en una consulta celebrada en 2012, logró movilizar al pueblo a favor de la nueva denominación. El inicio del proceso para que la localidad dejara de homenajear con su nombre al dictador llegó con la irrupción del PSOE a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales. “El pueblo estaba cansado de aparecer como defensor del dictador”, explica el actual alcalde, el socialista Francisco Moreno, que llevó en la primera página de su programa electoral el cumplimiento de la ley de memoria histórica.

Los ediles de Vox calificaron en su momento la ley de memoria histórica como “infame” y aseguraron que Guadiana “nunca la había incumplido”. “Serán los tribunales quienes juzguen si el acuerdo que se impugna es conforme a derecho o no”, explicaron los políticos de la formación de extrema derecha.

Más allá del cambio de nombre, el artículo 15 de la norma aprobada durante el Gobierno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero deja claro que las Administraciones tienen la obligación de retirar “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

El proceso de cambio de denominación estuvo acompañado con la retirada de símbolos franquistas del municipio, como el escudo en piedra del águila preconstitucional y una placa de mármol, que Antonio Pozo había protegido con un cristal blindado, en la que se agradecía la visita de Franco al pueblo en 1951 y su “labor colonizadora”.