El Constitucional rechaza dar amparo a Vox contra el estado de alarma

El Tribunal Constitucional está siendo restrictivo en relación con la admisión de los diferentes recursos y peticiones formuladas por Vox contra el actual estado de alarma, y ha rechazado la petición de amparo presentada por la secretaria general de dicho partido en el Congreso, Macarena Olona. El argumento de la resolución dictada por el tribunal es que la vía del recurso de amparo no procede contra una norma que, como la mencionada, tiene valor de ley. La diputada de Vox alegaba que con la autorización dada por el Congreso a la prórroga del estado de alarma —que podrá prolongarse hasta el próximo 9 de mayo— se habían vulnerado sus derechos fundamentales y los de muchos otros ciudadanos.

Esta es la segunda resolución del Constitucional que rechaza alguna de las peticiones formuladas por Vox para tratar de frenar la vigencia de las medidas contempladas en la nueva normativa sobre el estado de alarma. La primera fue la negativa a paralizar el real decreto que entró en vigor el pasado 25 de octubre mediante la suspensión cautelar que habían solicitado 51 diputados de la formación.

El Constitucional, en todo caso, se va a ocupar de lo fundamental en relación con el estado de alarma, ya que en los últimos meses lo que sí ha aceptado ha sido dos recursos de inconstitucionalidad. El primero, presentado contra el decreto que supuso el confinamiento domiciliario y la consiguiente limitación de derechos derivada de esta medida, entre el 14 de marzo y el 21 de junio últimos, y luego, ya en octubre, contra la nueva norma y sus disposiciones específicas para coordinar con las comunidades autónomas la actuación necesaria frente a la pandemia de la covid-19.

Por tanto, el Constitucional deberá resolver por sentencia sobre la adecuación a la Constitución de ambos decretos, si bien nunca ha querido paralizarlos. Vox presentó su último recurso —que incluía la petición de la suspensión del segundo estado de alarma— el pasado 6 de noviembre. El líder de este partido, Santiago Abascal, explicó entonces que la tesis central de su nueva impugnación es que España ha pasado de “un estado de excepción encubierto”, que permitió la limitación de derechos fundamentales en la primera oleada de la pandemia, a un nuevo estado de alarma “con pretensiones de perpetuidad”.