El Gobierno se plantea ya renovar el Poder Judicial con su ley y sin el PP

La situación se repite, pero esta vez es la definitiva. En verano, el Gobierno vivió un intenso debate sobre la conveniencia de cambiar la ley del Poder Judicial para desbloquear su renovación sin el PP. Pedro Sánchez decidió hacerlo, pero paralizó la norma para negociar con el PP. Ahora, mientras los populares mantienen su negativa, el Ejecutivo discute internamente si recupera la proposición de ley presentada en el Congreso. El detonante, además del retraso del PP —que espera a las elecciones catalanas para decidirse— sería que el CGPJ volviera a nombrar jueces en su próximo pleno. El Ejecutivo ya amenaza en público con dar el paso.

La discusión dentro del Gobierno fue muy intensa en el verano. Los miembros de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias al frente, lo tenían muy claro y siguen en la misma posición: hay que cambiar la ley para hacer la renovación sin el PP. Algunos ministros del sector socialista, en especial la vicepresidenta Carmen Calvo, apostaron también por esa solución cuando vieron que Pablo Casado se echaba para atrás de la negociación que tenía casi cerrada con Pedro Sánchez en agosto. Apoyaron esta tesis dirigentes importantes como Adriana Lastra.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y otros de trayectoria judicial como Margarita Robles, la responsable de Defensa, estaban en contra de esta vía extrema, que elimina el requisito de la mayoría reforzada de tres quintos para aprobar cualquier renovación.

Finalmente, Sánchez se decidió cuando el Consejo General del Poder Judicial hizo nombramientos de jueces clave, sobre todo en la Sala Penal del Supremo, pese a llevar casi dos años con el mandato caducado. Sucedió en octubre. Ahora la situación es similar y las posiciones se repiten. Si hay nuevos nombramientos en el pleno previsto en principio para el 17 de diciembre —aunque las plazas vacantes ahora son menos relevantes— la situación se precipitaría de nuevo, según fuentes del Gobierno.

La duda de Sánchez ahora es si espera a que pasen las elecciones catalanas del 14 de febrero, cuando se supone que el PP tendrá más fácil la posibilidad de un acuerdo —porque antes de esos comicios tiene menos margen por abierta competencia con Vox, que utilizaría el pacto contra los populares— o asume el coste de reformar la ley sin esperar al PP, que no da ninguna garantía de que vaya a cerrar un acuerdo e insiste en exigir derecho de veto sobre todos los vocales propuestos por el PSOE para comprobar que ninguno de ellos es afín a Unidas Podemos. “La votación es completa, de los 20 vocales. Y el PP no va a votar a nadie que sea inasumible”, señalan los dirigentes populares. En todas las negociaciones anteriores se llegó a un acuerdo básico: cada uno ponía sus nombres y nadie vetaba los del contrario, porque cualquier otra opción hace casi inviable un acuerdo.

El viernes se cumplen dos años desde que caducó el mandato de cinco años del actual consejo, y la paciencia del Gobierno está llegando de nuevo a su límite. Porque cuando parece que está todo cerrado, el PP se echa atrás, según su versión. Pasó en agosto y pasa ahora otra vez.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, señaló este martes que si el PP no se aviene a este acuerdo en un “tiempo prudencial” que el Ejecutivo no quiere concretar —pero no es muy largo—, el Gobierno “seguirá con la hoja de ruta de la reforma que presentó”; por tanto, con la nueva norma que permitiría elegir ese consejo con la mayoría absoluta del Congreso, y no con tres quintos como señala la ley en vigor. El PP perdería así su capacidad de bloqueo.

Si se decidiera a dar el paso, Sánchez no recibiría solo críticas dentro de España, sino también en la Unión Europea, donde la Comisión ya ha dejado claro que no le gusta la reforma. Este coste hace pensar a varios miembros del Gobierno que se agotará la vía de la negociación al menos hasta después de las catalanas.

Unidas Podemos, por el contrario, y algunos sectores del PSOE, creen que el PP nunca aceptará la renovación y hay que tomar ya la decisión. Fuentes del PP admiten que la actual situación, con mayoría conservadora, les beneficia, por lo que entienden que es el Gobierno quien tiene que ceder y aceptar sus condiciones.

“No vamos a permitir que ningún partido tenga derecho de veto”, aseguró Montero. “El PP está incumpliendo la Constitución. Es muy grave. El Gobierno y el PP prácticamente han cerrado el acuerdo, por no decir que lo han cerrado. Estamos de acuerdo en los términos. Pero cuando al PP le toca poner fecha para hacerlo operativo se desdice. Ha habido cientos de reuniones”.

Sin embargo, el PP ofrece la versión contraria. Asegura que no está ni mucho menos cerrado y sostiene que el Gobierno sigue sin aceptar sus condiciones, en especial la de que Unidas Podemos “no esté de ninguna manera en la negociación”, según señaló el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en La Sexta. El número dos del PP incluso llegó a decir que su formación “prefiere que siga el actual consejo a hacer una mala negociación”, asumiendo así que el bloqueo puede ser permanente. El PP descarta “absolutamente” llegar a un acuerdo con el Gobierno antes de que finalice 2020. La decisión, de nuevo, queda en manos de Sánchez.