El Gobierno avisa al PP: si no hay acuerdo con el Poder Judicial retomará la ley para desbloquearlo

La negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está a punto de cumplir dos años desde que caducó su mandato, se complica de nuevo. El Gobierno asegura que el pacto está prácticamente cerrado, pero el PP lo desmiente. Ante esta situación, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha señalado que si el PP no se aviene a este acuerdo en un “tiempo prudencial” que no ha querido concretar, el Ejecutivo “seguirá con la hoja de ruta de la reforma que presentó”, esto es con la nueva norma que permitiría elegir ese consejo con la mayoría absoluta del Congreso, y que el presidente, Pedro Sánchez, decidió aparcar para dar una oportunidad a esta negociación. “No vamos a permitir que ningún partido tenga derecho de veto. El PP está incumpliendo la Constitución. Es muy grave. El Gobierno y el PP prácticamente han cerrado el acuerdo, por no decir que lo han cerrado. Estamos de acuerdo en los términos. Pero cuando al PP le toca poner fecha para hacerlo operativo se desdice. Ha habido cientos de reuniones”, ha asegurado Montero.

Sin embargo, el PP ofrece la versión contraria. Asegura que no está ni mucho menos cerrado y sostiene que el Gobierno sigue sin aceptar sus condiciones, en especial la de que Unidas Podemos “no esté de ninguna manera en la negociación”, según ha señalado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en La Sexta. García Egea incluso ha llegado a decir que el PP “prefiere que siga el actual consejo” antes de tener uno en el que Unidas Podemos tenga representantes. En la práctica, lo que está pidiendo el PP es derecho de veto sobre los nombres que proponga el PSOE para comprobar si alguno de ellos es cercano a Unidas Podemos. Lo que tienen muy claro los populares es que el acuerdo no es ni mucho menos inminente.

En el Gobierno hay versiones contradictorias sobre este asunto. Algunos sectores creen que se agotará hasta el final el intento de negociación, y aunque ahora no sea posible cerrarlo antes de fin de año, como pretendía Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, será más fácil lograrlo después de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Por tanto, según esta versión, la posibilidad de recuperar la ley es solo una amenaza.

Otros sectores, sin embargo, en especial el de Unidas Podemos, pero también algunos socialistas, señalan que ya se está agotando la paciencia del Ejecutivo y está creciendo en el seno del Gobierno la opinión de que es mejor recuperar la polémica ley, aunque eso suponga críticas no solo en España, sino incluso en la Comisión Europea. La decisión final la tomará Pedro Sánchez.

Visita a Marruecos

Montero también ha mostrado la cautela con la que el Gobierno afronta una delicada visita de Pedro Sánchez a Marruecos para una reunión de alto nivel el 17 de diciembre. Ni siquiera está claro que el rey Mohamed VI esté dispuesto a recibirle. Fuentes del Ejecutivo señalan que en anteriores visitas esta reunión no se ha confirmado nunca hasta última hora, porque esa es la forma de actuar de Marruecos. El viaje llega en un momento clave, cuando la presión migratoria en Canarias es máxima y aproximadamente la mitad de las personas que llegan son marroquíes. Montero ha querido rebajar la tensión y ha asegurado que Marruecos no ha trasmitido ningún malestar por la posición del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que recordó la resolución que reclama un referéndum en el Sáhara. “Entre Marruecos y España hay muchas materias de común interés, no solo la inmigración. Hace más de cinco años que no se celebra esta reunión de alto nivel. Hay todo el interés y el entusiasmo. No hemos recibido ningún tipo de queja o lamento por parte del Gobierno de Marruecos [por las palabras de Iglesias]. Habrá que esperar a que se aproxime para ver si se concreta o si la limitación de movilidad va a impedir que pueda ser recibida la delegación por todos los que nos gustaría. Esperemos que sea un éxito. Es imprescindible una buena relación con Marruecos que permita un control migratorio”, ha señalado Montero.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subvención de 10 millones de euros a la comunidad autónoma de Canarias para la atención de los menores migrantes no acompañados. La ayuda programada por la vicepresidencia de Derechos Sociales, dirigida por Iglesias, abarcará actividades desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Asimismo, la iniciativa detalla las normas bajo las que el Ejecutivo canario podrá recibir esta subvención.