El Gobierno andaluz supera el ecuador de la legislatura sin rupturas con el legado del PSOE

La alternancia política en Andalucía cumple dos años, pero para ver un cambio radical habrá que esperar más. La noche del 2 de diciembre de 2018 se produjo algo insólito, inesperado y no previsto por ninguna encuesta en las undécimas elecciones autonómicas: los votos a los partidos de derechas (PP, Ciudadanos y Vox) sumaban más que los de las izquierdas (PSOE y Adelante Andalucía). El corolario fue la salida del poder del PSOE, que ganó las elecciones con el peor resultado de su historia. Y, como consecuencia, la llegada del primer dirigente del PP, Juan Manuel Moreno —que también cosechó el peor dato de la historia de su partido—, a la presidencia de la Junta de Andalucía.

PP, Ciudadanos y Vox, que se estrenó en una asamblea española con 12 diputados, apenas si tardaron un mes en ponerse de acuerdo en su principal prioridad: poner fin a casi 37 años ininterrumpidos de mandatos socialistas. Ese objetivo sigue plenamente vigente dos años después. Es un pegamento estratégico que aún funciona y que ha hecho posible que Moreno goce de estabilidad política con tan solo 26 de los 109 diputados del Parlamento andaluz.

En dos años ha aprobado tres presupuestos (2019, 2020 y 2021, este último en la fase final de la tramitación de enmiendas) y encara el ecuador del mandato con las encuestas a favor con la gestión de una pandemia que ha supuesto 4.018 muertes, un paro del 23,8% y una previsión de caída de la economía del 10,4%. El último estudio del Centro de Estudios Andaluces (Centra), un organismo oficial dependiente de la Junta de Andalucía, otorga 3,8 puntos de ventaja al PP sobre el PSOE. Y las derechas siguen sumando más que las izquierdas. Estos datos lo corroboran otros sondeos publicados recientemente. “Todavía pesa que son 37 años del PSOE frente a solo dos del Gobierno de las derechas, gestionando además una pandemia. Hay poca acción, pero ningún desgaste”, admite un exconsejero socialista.

Pero una cosa es que haya habido alternancia en la Junta, la principal empleadora de la comunidad, y otra, que esta haya supuesto un cambio político radical. Sí lo hubo con la lógica salida de altos cargos (273), personal eventual (239) y contratados de alta dirección (148). Pero el PP ha mantenido la base de las políticas socialistas en sanidad, educación y servicios sociales, que son las competencias que justifican la existencia del Estado de las Autonomías. Presupuestariamente, esas partidas han subido respecto a las últimas cuentas de los socialistas. “Al PSOE se le ha caído el discurso de que el PP venía a quitar derechos”, asegura el portavoz parlamentario popular, José Antonio Nieto. Por el contrario, para la secretaria general del PSOE y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, hay “un recorte de libertades por el peaje a la ultraderecha” de Vox y, según ella, Andalucía “lleva dos años con un Gobierno desbordado que la gente sufre en la sanidad colapsada, la educación mermada y en la falta de horizonte para la economía y el empleo”.

Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras, afirma sobre el continuismo del Gobierno andaluz: “Aparentemente la fachada se mantiene, le han dado una mano de pintura, pero por dentro de la casa no es así. No están haciendo nada y se retuercen políticas. Ahora dan ayudas a fondo perdido de mil euros a los autónomos, que dan para comprar un jamón, pero han desaparecido los condicionantes que existían para al menos mantener los empleos”. No hace mucho a las ayudas de este tipo desde las derechas se les llamaba ‘paguitas’ que, afirmaban, eran la base del sostén electoral del PSOE.

La Covid-19 ha frenado las prioridades del Gobierno de Moreno, centrado en la gestión diaria de la enfermedad. Se ha congelado lo que el presidente andaluz prometió como “bajada masiva de impuestos”, la búsqueda de inversores extranjeros, el cambio en el modelo turístico o la reducción de lo despectivamente llaman la Administración paralela, pendiente del resultado de auditorías externas. También se han suspendido las promesas de eliminar los aforamientos o la limitación de mandatos de los presidentes, medidas que requerirían una larga y trabajosa reforma del Estatuto de Autonomía.

En su primer año, la coalición de PP y Ciudadanos eliminó en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones de más de un millón de euros (ya estaban exentos los que alcanzaban esa cantidad) y también bajó en tres puntos el tramo autonómico del IRPF de las rentas más altas (120.000 euros), mientras que las más bajas lo hicieron solo en medio punto. Y en el terreno legislativo, la opción ha sido no elaborar más leyes, sino modificar las ya existentes, pero mediante decreto-ley. El de simplificación administrativa, recurrido ante el Tribunal Constitucional y aprobado en febrero, modifica o deroga 27 normas. Para la oposición se trata de una forma no de eliminar trabajas, sino controles.

Moreno ha transitado estos dos años paseando un traje de dirigente moderado, que ya traía de fábrica, sin molestar ni pisar callos. Con un perfil esgrime la “herencia de la corrupción” socialista y datos que lastran su capacidad de gobierno como los 26.923 millones de euros sin ejecutar a lo largo de varias legislaturas; 2.998 millones en subvenciones sin justificar; 4.665 millones pendientes de cobro; y 762 millones que han salido de las arcas autonómicas para pagar condenas judiciales. Con el otro se apunta a la estrategia de la confrontación, también heredada, con el Gobierno central, que tanto rédito le dio al PSOE. Y ese es, para la profesora de Ciencia Política de la Universidad de Granada, Susana Corzo, el rasgo que más define al Ejecutivo autónomo, el de “aprovechar las acciones de otros sin asumir los riesgos”.