Vox da luz verde a los Presupuestos andaluces

A pocas horas del comienzo del debate de la totalidad del proyecto de la ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021, el grupo parlamentario de Vox ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos para retirar la enmienda a la totalidad. El pacto garantiza la estabilidad para el resto de la legislatura.

El pacto se cerró a última hora de la noche de este martes con los responsables de la Consejería de Hacienda y lo han sellado la mañana de este miércoles en el palacio de San Telmo el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández.

El acuerdo incluye 65 demandas planteadas por el grupo ultra, entre ellas, la congelación de los fondos presupuestarios previstos para Canal Sur. Seguirá con los que tiene ahora consignados y se marca como objetivo el ahorro de 14 millones de euros y la congelación de nuevas incorporaciones a la plantilla. Según fuentes de Vox, las vacantes que se produzcan en la televisión pública andaluza serán amortizadas. Vox planteó en las negociaciones el cambio de nombre de Canal Sur por el de Andalucía TV, aunque en el texto final este compromiso se pospone mientras se "analiza la conveniencia de una renovación de la marca”. Vox ha logrado arrancar también la eliminación de uno de los tres canales de la RTVA.

El nuevo pacto presupuestario ―el tercero que han rubricado PP, Cs y Vox en esta última legislatura― abunda en el control y las auditorías al sector público instrumental andaluz, la llamada “administración paralela”, ya recogida en acuerdos anteriores, con la creación de una comisión bilateral de seguimiento, formada por diputados de Vox y altos cargos de la Consejería de Hacienda, y el establecimiento de un calendario para conocer los resultados de esas inspecciones y aplicarlas con efecto inmediato con miras a reducir el sector público de la administración, una reivindicación tradicional de la formación de extrema derecha. En el documento se han excluido las exigencias de disolución de fundaciones y entidades concretas de la Administración andaluza que había propuesto Vox en las primeras negociaciones de las cuentas.

El acuerdo ―que no incluye propuestas específicas en materia de sanidad pública, pese a que el Gobierno de coalición ha presentado estos presupuestos como los de la pandemia― recoge otras reclamaciones en la línea más ideológica de Vox, con partidas para la caza, el mundo taurino y para la promoción y extensión del horario de atención al teléfono de violencia intrafamiliar, que entró en vigor el pasado 16 de noviembre, en horario de 8 a 15 horas y de lunes a viernes, y que está orientado a atender casos de agresiones de hijos a sus progenitores, con un incremento de 480.000 euros.

El documento también pone el foco en las políticas de género, incluyendo el compromiso por parte de la Consejería de Hacienda de valorar “el coste y objetivos de actuaciones y programas del Presupuesto que tengan como único objetivo fomentar la política de género con carácter horizontal o transversa”, y establece “condiciones y requisitos en los conciertos y subvenciones” para mejorar la seguridad en los centros privados y concertados de menores no acompañados y la supervisión de sus horarios de salidas. “Queremos barrios seguros”, han justificado a través de Twitter, volviendo a vincular la inmigración con la delincuencia. El verano pasado, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, aseguró que solo el 0,52% de los adolescentes migrantes acogidos por el sistema de protección desde 2015 tuvo medidas judiciales de internamiento por algún delito. El proyecto de presupuestos presentado por PP y Ciudadanos incluye un incremento de las partidas para violencia de género de 4,7 millones de euros ―de 16.21.700 pasa a 20.907.489― y reduce la cantidad destinada a políticas migratorias en casi 1,5 millones de euros, lo mismo que se añade a la atención a la infancia, que incluye a los jóvenes migrantes que llegan solos, y que pasa de 192.851.292 euros a 194.332.129.

El acuerdo incluye también la creación de un cuerpo superior y un cuerpo técnico de interventores y auditores de la Junta de Andalucía, una especialización que no existía actualmente en la Administración pública andaluza. “Se plasma así una decisión política dirigida al reforzamiento, profesionalidad y plena autonomía del personla funcionario encargados del control de la gestión económica y contabilidad general del sector público y de la ejecución presupuestaria en particular”, señala el texto. El punto del documento no recoge plazos ni atribución económica, sino que se limita a garantizar el “inicio de las medidas de desarrollo normativo” para su constitución.

El pacto contempla también la reducción de tres millones de euros de la partida destinada a la cooperación internacional al desarrollo para destinarlos a “una subvención al Banco de Alimentos, para la solución de los graves problemas de pobreza alimentaria" provocados por la pandemia. Vox se ha arrogado este punto del pacto como una victoria presentándolo en redes sociales como: “Primero lo nuestro: transferir 3 millones de euros de la Agencia de Cooperación al Desarrollo para el banco de alimentos”. Una terminología que también ha utilizado en su descripción de otros elementos del acuerdo ―“auditar los inútiles informes de impacto de género que se incorporan a cualquier proyecto y que constituyen un gasto político ineficiente”―, pero que no se ha trasladado a la redacción final, como han subrayado fuentes del Gobierno andaluz.