La juez rechaza las maniobras de Vox para evitar que Abascal acuda como demandado a un juicio

El presidente de Vox, Santiago Abascal, deberá comparecer a juicio el próximo lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid para responder, como demandado, por el cese presuntamente ilegal del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de su partido en Barcelona, que varios afiliados han recurrido ante la justicia por considerarla una vulneración de su derecho fundamental a la participación política.

Vox ha hecho todo lo posible para evitar que su máximo líder comparezca en este juicio civil. Primero pidió que Abascal declarase por escrito (lo que no está legalmente previsto), alegando que debía acudir el 16 de noviembre a un congreso en Hungría, “invitado por el Estado citado” [sic); y luego argumentó que su líder no asistió a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox en la que se decidió cesar a la dirección del partido en Barcelona, “por lo que no tiene conocimiento personal directo sobre los hechos objeto del procedimiento”. Efectivamente, Abascal no estaba en Madrid ese día, el 1 de octubre de 2019, sino precisamente en Barcelona, donde visitó el cuartel de la Guardia Civil en la calle Travessera de Gràcia, por lo que es difícil que ignorase la situación de su partido en la provincia.

Vox propuso que, en lugar de Abascal, compareciera como demandado el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, pero este ya está citado como testigo, por lo que planteó que lo hiciera en su lugar otro miembro del Comité Ejecutivo Nacional. La juez ha rechazado todas estas maniobras procesales por “extemporáneas” –Vox no las planteó en la audiencia previa, celebrada el 28 de septiembre— y porque el presidente de la formación es su máximo responsable legal. Salvo sorpresa de última hora, será él quien tenga que responder a la demanda.

El 2 de octubre de 2019, el Comité Ejecutivo Nacional (Vox) comunicó a sus afiliados barceloneses que “en aras a fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial”, ante las elecciones generales del mes siguiente, había decidido “disolver la comisión gestora de Barcelona”. La comunicación causó sorpresa pues en Barcelona, al contrario que en la mayoría de las provincias, no había una gestora nombrada a dedo por Madrid sino un comité elegido democráticamente por los afiliados en julio de 2018.

Tampoco se había abierto a la dirección barcelonesa un expediente disciplinario que justificase su destitución. Al contrario, el equipo de Abascal le agradecía “el excelente trabajo desarrollado”. Ni se daba el requisito que, según los estatutos, permitía nombrar una gestora: que hubiera dimitido la presidenta provincial o más de la mitad de su comité.

La dirección nacional de Vox asegura que cuatro miembros de la anterior dirección barcelonesa abandonaron voluntariamente sus cargos; aunque solo tres expresaron por escrito su voluntad de presentar la dimisión, sin llegar a formalizarla, y ya estaba en marcha el proceso para sustituirlos. La clave está en la cuarta dimisión que, sin que nadie la conociera, habría presentado “verbalmente” el 27 de septiembre un cuarto vocal, lo que permitiría llegar al listón del 50%. Para acreditar la dimisión de este vocal, próximo ahora al aparto del partido, Vox ha presentado en el juzgado una declaración ante notario realizada en febrero de este año; es decir, cinco meses después de la dimisión verbal y cuando ya estaba en marcha el proceso judicial.

El cese del anterior comité provincial sirvió para consagrar el desembarco en la dirección barcelonesa de Joan Garriga y Mónica Lora, dos exdirigente del partido xenófobo Plataforma per Catalunya, que en febrero del año pasado acordó disolverse e integrarse en Vox. Ambos han sido ratificados en sus cargos hace un mes, después de que el Comité Electoral de Vox proclamara que su candidatura era la única que había logrado el 10% de los avales en las elecciones primarias de Barcelona. De la misma lista formaba parte Joan Cremades, uno de los miembros del Comité Electoral supuestamente neutral.