Vox limita sus elecciones internas a siete provincias en medio de anuncios de denuncias

Santiago Abascal fue reelegido en marzo pasado presidente de Vox para otros cuatro años sin necesidad de votación. Lo mismo ha sucedido ahora con sus líderes en Madrid, Rocío Monasterio; Murcia, José Ángel Antelo; o Barcelona, Juan Garriga. De las 19 provincias en las que el partido ultra convocó elecciones primarias, por superar el listón de los 500 afiliados, solo en siete habrá finalmente votación. En las 12 restantes, según el Comité Electoral de Vox, solo una candidatura, la oficialista, ha obtenido el aval del 10% de los afiliados, por lo que se proclama directamente vencedora.

Las provincias en las que sí habrá elecciones internas (por vía telemática, entre el 19 y el 24 de este mes) son Valladolid, Las Palmas, Alicante, Cádiz, Almería, Jaén y Málaga. En la primera competirán tres listas y en las restantes solo dos. Sus comités provinciales serán así los únicos órganos de dirección de Vox elegidos democráticamente.

La noticia de que la mayoría de las candidaturas han sido eliminadas en la fase previa y no podrán ni siquiera participar en la campaña electoral interna ha causado un hondo malestar en parte de la militancia y el anuncio de una cascada de impugnaciones para los próximos días.

Fuentes de Vox Habla, la corriente interna que intentó presentar una alternativa a Abascal en la última asamblea del partido, aseguran que promoverán una impugnación conjunta de varias de las listas excluidas, además de las que estas presenten a título individual, para denunciar las múltiples irregularidades que han rodeado el proceso.

Una de las más llamativas es que uno de los cinco miembros del Comité Electoral, el abogado Juan Cremades, fuera a la vez candidato a vicepresidente por Barcelona en la lista encabezada por Garriga, por lo que actuaba como juez y parte. Es decir: el Comité Electoral en el que participa Cremades ha proclamado vencedora sin votación la lista de la que forma parte Cremades. Los estatutos del partido señalan que, para salvaguardar su independencia, los miembros del Comité Electoral no deben pertenecer a ningún órgano ejecutivo del partido.

Se da la circunstancia de que los cinco miembros del Comité Electoral son las únicas personas que realmente saben cuántos avales ha recibido cada candidatura, ya que el procedimiento para avalar se realiza electrónicamente a través de la página web del partido. En la comunicación que se ha remitido este lunes a los afiliados solo se indica qué candidaturas han superado el listón del 10%, pero no cuántos avales han obtenido.

Ante la desconfianza que genera la falta de controles de este sistema, varios candidatos han pedido a sus seguidores que les reenvíen un “pantallazo” de su aval y algunos aseguran tener pruebas de haber obtenido más del 10%, en contra de lo que asegura el Comité Electoral.

Esta no ha sido, sin embargo, la única irregularidad. Tras haber sido aplazadas indefinidamente, las elecciones se anunciaron por sorpresa el pasado día 2, con solo 10 días para formar las listas y recoger los avales, pero los críticos sospechan que los candidatos oficialistas (la mayoría al frente de gestoras nombradas a dedo desde Madrid) estaban avisados desde antes. El pasado día 9, a solo tres días de que concluyera el plazo de recogida de avales, el Comité Electoral remitió una “comunicación urgente y de máxima importancia” en la que recordaba a los cargos orgánicos y electos (concejales, parlamentarios) de Vox su obligación de abstenerse "de apoyar a una u otra candidatura” y de emplear canales oficiales, datos o medios del partido en las elecciones internas.

El incumplimiento de esta instrucción ha sido clamoroso. Por ejemplo, los diputados murcianos Luis Gestoso y Joaquín Robles han hecho campaña a favor del presidente de la gestora y candidato, José Ángel Antelo.

La situación en el seno de Vox ha llegado al punto de que el programa del oponente de Monasterio en Madrid, el abogado Manuel Pizarro, consistía en recuperar la democracia interna, prometiendo la destitución de todos los cargos del partido nombrados a dedo y su sustitución por otros nuevos elegidos por las bases. Una vez hecho esto, se comprometía a someterse a una nueva elección, “no telemática” y “con todas las garantías”.