Vox Murcia, una guerra interna con patrocinadores

El pasado 16 de febrero, los afiliados de Vox fueron convocados a una barbacoa gratuita en un restaurante italiano de Cartagena (Muricia). Tras el convite, Gerardo De la Torre Berbel, uno de los mayores promotores inmobiliarios de la zona, tomó la palabra y se dirigió a los invitados. A nadie pareció sorprenderle, aunque era una reunión interna y el empresario no pertenece a Vox. A fin de cuentas, el local era suyo y era él quien pagaba.

“Este señor se llama José Angel Antelo”, dijo, señalando al presidente de la gestora murciana de Vox, que con sus 2,05 metros sobresalía entre todos, “y si no logramos que en las próximas elecciones primarias en masa todos los afiliados lo voten, no podemos pasar a la siguiente etapa”.

Se destapó así el objetivo de la invitación: lanzar la campaña de Antelo ante las elecciones internas en las que debía revalidar el cargo para el que fue nombrado desde Madrid; unas primarias que no se han celebrado todavía, pues el partido ultra las aplazó indefinidamente en toda España aprovechando la pandemia.

En menos de un año, entre las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 y las generales de noviembre de 2019, Vox pasó de ser un partido exótico y extraparlamentario a la tercera fuerza del Congreso. En su ascenso dejó atrás a los pioneros que hicieron la travesía del desierto: casi todos sus comités provinciales han sido sustituidos por gestoras nombradas a dedo. Con el pretexto de “profesionalizar el partido”, los voluntarios de primera hora han sido barridos por apparátchiks a sueldo. El precio ha sido un reguero de crisis por toda España, las primeras escisiones y una guerra sin cuartel en Murcia: la única comunidad donde Vox ganó las últimas elecciones generales.

El constructor no solo dijo a los afiliados de Vox a quién debían votar como líder ―”tengo depositada toda mi confianza en este héroe”, remachó, al ceder la palabra a Antelo— , sino que les reveló que su partido les había mentido: “El error fue no explicar a los murcianos que la gestora se montó no porque había un exceso de trabajo y estaban estaban cansados [los anteriores dirigentes regionales de Vox], sino porque había que parar a los corruptos”, sentenció.

El “exceso de trabajo” fue la razón oficial de la dimisión en bloque del Comité Ejecutivo Provincial del partido ultra en Murcia el 27 de noviembre, menos de dos semanas después de lograr el 28% de los votos. Sorprendentemente, el presidente de la Ejecutiva que, según el constructor, fue cesada por corrupta, Pascual Salvador, es el único de los parlamentarios regionales de Vox que sigue en el partido. Su dimisión permitió el desembarco de Antelo, un exjugador profesional de baloncesto fichado pocos meses antes.

Aunque en teoría la gestora debía limitarse a despachar cuestiones de trámite hasta la celebración de las primarias, desencadenó una guerra sin cuartel por el control de los cargos públicos del partido que tuvo su batalla más dura en el grupo parlamentario regional, cuyos votos habían sido decisivos para aupar al popular Fernando López Miras a la presidencia de Murcia.

El 8 de mayo, tres de los cuatro diputados de Vox remitieron a su líder nacional, Santiago Abascal, una carta firmada ante notario en la que se quejaban de haber sido “presionados, aislados, maltratados” por “comisarios políticos” del partido. Los tres diputados dísolos hicieron algo más que escribir: revocaron los poderes que responsables nacionales de Vox tenían en las cuentas del grupo parlamentario y despidieron a cuatro asesores que trabajaban para la gestora, pero cobraban de la asamblea regional. “Somos tus diputados, eres nuestro presidente y necesitamos tu ayuda”, concluía la misiva, que nunca fue contestada.

Aunque la carta era confidencial, su filtración a la prensa local menos de 72 horas después sirvió para abrir a los diputados rebeldes un expediente que culminaría con su expulsión. Estos denunciaron ante el fiscal que sus correos electrónicos habían sido objeto de intrusiones no autorizadas y sus cuentas en las redes sociales suplantadas. La denuncia apuntaba como sospechoso a uno de los cuatro asesores despedidos, un ingeniero informático.

Era el responsable de redes sociales de la gestora de Antelo, que trabaja en la Universidad Católica de Murcia (Ucam). El propio Antelo compagina su cargo de concejal con el de encargado de Marketing Deportivo de la Ucam. La presencia de empleados de la entidad católica en la cúpula del partido ultra es tan aplastante que los críticos dicen que “la UCAM se ha quedado con Vox”, una afirmación que rechaza de plano la Universidad.

La UCAM es una de las mayores empresas de Murcia y la primera universidad católica que no pertenece a la Iglesia, sino a un laico, José Luis Mendoza, miembro del ultraconservador Camino Neocatecumenal, más conocido como Los Kikos. Su última polémica la protagonizó el 13 de junio, cuando atribuyó el coronavirus a una conjura de “las fuerzas del mal”, entre las que incluyó a Bill Gates y George Soros, “para controlar nuestra libertad”.

Ante el alud de críticas, Antelo salió en su defensa. También lo hizo el diputado nacional de Vox Luis Gestoso, quien no se contentó con elogiar al empresario y apostilló: “Comparto su desprecio por Bill Gates y por Soros. Y que lo del virus chino apesta lo dicen muchos”.

Gestoso es el hombre fuerte de Vox en Murcia, según fuentes del partido. Conoce por dentro a las tres derechas: militó durante tres décadas en el PP antes de recalar en el partido ultra, tras un fugaz paso por Ciudadanos. Abascal le encargó negociar la investidura de López Miras al frente de un Gobierno de coalición formado por sus dos antiguos partidos.

Como Gestoso, también las relaciones de Mendoza con el PP fueron mejores en el pasado, cuando su universidad nombró a Jose María Aznar y Mayor Oreja doctores honoris causa. Pero la cordialidad se perdió a raíz de que el Gobierno murciano del PP se negara a legalizar a posteriori edificaciones que la UCAM había construido sin licencia, lo que ha costado a Mendoza un proceso por delito urbanístico.

Entre los empresarios que apoyan a Vox hay muchos cabreados con el PP. El más contundente es De la Torre, que califica a los populares de “sarta de saqueadores y extorsionadores”. El constructor reconoce que pagó la barbacoa para los afiliados de Vox, aunque asegura que solo le costó 200 euros (el aforo era de 250 personas) y dice que lo hizo “por afinidad”. Aunque advierte: “No me caso con nadie y mañana podría no apoyarle. O apoyar a otro”.

La ley orgánica 3/20015 prohíbe taxativamente a los partidos políticos aceptar que, “directa o indirectamente, terceras personas asuman […] cualquier gasto que genere su actividad”.