Podemos y cinco grupos independentistas piden una comisión para investigar las filtraciones del ‘caso Voloh’

Unidas Podemos y cinco grupos independentistas -catalanes, vascos y gallegos-, han reclamado en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para indagar sobre las filtraciones de la que denominan Operación Volhov, más conocida como caso Voloh, una investigación sobre el presunto desvío de dinero público de la Generalitat de Cataluña para costear los gastos de la fuga del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), financiar los desórdenes causados por Tsunami Democràtic, el enriquecimiento personal de empresarios con conexiones políticas en la trastienda del procés y hasta una supuesta trama rusa para apoyar la secesión de Cataluña. Los grupos parlamentarios entienden que la operación se ha montado “para influir en el debate público” de cara a las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero. ERC arropa la iniciativa de la comisión de investigación con preguntas sobre las actuaciones del juez de la causa, el Poder Judicial y la Guardia Civil.

La petición de la comisión de investigación sobre las filtraciones del caso Voloh la suscriben Unidas Podemos, que está en el Gobierno de coalición, y otros partidos como ERC, JuntsxCat, EH Bildu o el BNG, socios habituales del Ejecutivo. El partido promotor de esa iniciativa ha sido ERC, que la ha acompañado de una batería de preguntas al Gobierno, en las que se interesa por la implicación de los ministerios del Interior y de Justicia, las filtración de informaciones relativas al caso, el comportamiento del juez de instrucción y del coronel de la Guardia Civil al mando y hasta por el nombre de la operación.

En la exposición de motivos de la petición, los partidos firmantes recuerdan las detenciones practicadas por orden judicial en el caso Voloh y las relacionan con las filtraciones publicadas en las últimas semanas de grabaciones de distintas conversaciones de miembros de varios partidos nacionalistas catalanes contenidas en sumarios aún secretos. Y conectan esa situación con casos que ven similares en el pasado, hasta llegar a los encausados por el proceso independentista y el referéndum del 1-O. Esos argumentos sirven a los partidos que suscriben la petición para defender que muchas de esas charlas, pinchazos o capturas de pantalla de los investigados no tienen ningún tipo de interés para las causas judiciales o no suponen indicios de comportamientos sospechosos.

Los seis partidos que proponen la comisión de investigación concluyen que “la intromisión en la intimidad por medios ilícitos de líderes políticos y sociales con la intención de conocer información para influir en el debate público ha venido siendo una práctica recurrente”. Una tesis que Unidas Podemos ha defendido en varios casos relacionados con las llamadas cloacas del Estado y del Ministerio del Interior en Gobiernos del PP. Las mismas formaciones llegan a cuestionar que hay muchas piezas judiciales que han permitido así “grandes titulares” que han causado perjuicios y daños a personas y colectivos. Y reclaman de las instituciones públicas, en particular de los cuerpos policiales y de los estamentos judiciales, “absoluta imparcialidad y proporcionalidad” en sus actuaciones.

“La persecución de la disidencia política es una realidad a día de hoy en el Estado español, algo totalmente impropio de una democracia”, aseguran los seis partidos. Al final de sus argumentos, los proponentes reconocen el derecho de los ciudadanos a tener información fidedigna y su respeto a la libertad de prensa, pero también apuntan a que en una democracia deben existir también mecanismos que eviten la colisión de los derechos fundamentales para no generar inseguridad jurídica.

En el objeto de la comisión las seis fuerzas demandan “conocer al detalle quiénes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios son los responsables de las filtraciones de secretos sumariales así como de grabaciones de conversaciones privadas” y que se investigue la posible existencia de tramas parapoliciales al margen de la ley y el control democrático. También requieren saber las “vinculaciones de las mismas con entramados privados, lobbies de presión y medios de comunicación”, la posible implicación del Ministerio del Interior en esas filtraciones y abogan por proponer medidas para acabar con esos presuntos manejos.

Por otra parte, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha anunciado este martes que ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada el lunes por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, contra la supuesta filtración de algunas de las escuchas mencionadas en el sumario del caso, informa Camilo S. Baquero. El diputado ha argumentado que se violaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal pues se habían difundido conversaciones suyas (en las que se mostraba crítico con el líder de su partido, Pere Aragonès) que no tenían nada que ver con los delitos que se investigan. El ministerio público ya se había mostrado escéptico ante algunas de las actuaciones del juez y ahora investiga las conversaciones aunque no se ha pronunciado sobre si prohibirá la difusión de los pinchazos, como pedía el diputado. Rufián ha sostenido que en este caso se ha violado su derecho a la intimidad.