Arrimadas exige al Gobierno que retire la enmienda sobre el castellano en la escuela para apoyar los Presupuestos

Giro de Inés Arrimadas en los Presupuestos Generales del Estado. La líder de Ciudadanos endurece sus condiciones para aprobar las cuentas públicas tras el creciente malestar interno y las críticas de varios exdirigentes del partido a su mano tendida al Gobierno. Arrimadas exige al Ejecutivo que “rectifique” y retire la enmienda a la ley educativa que elimina que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza si quiere su apoyo a los Presupuestos. De lo contrario, el Ejecutivo no podrá contar con el voto afirmativo de Ciudadanos a las cuentas públicas, y votará en contra, según fuentes de su dirección.

“El Gobierno tiene tiempo de rectificar esa enmienda a la ley Celáa [la ley de reforma educativa]”, ha planteado Arrimadas este martes en una comparecencia de prensa tras la reunión de la ejecutiva permanente de Ciudadanos. “El Gobierno de España debe comprometerse a rectificar su voluntad de excluir por ley el español como lengua vehicular con esa enmienda a la ley Celaá y frenar que pueda blindarse legalmente la exclusión del español como lengua vehicular", escribe Ciudadanos en unas nuevas exigencias remitidas al Ejecutivo. Esta condición implica un cambio en la posición del partido, que hasta ahora había separado esta cuestión de la negociación presupuestaria.

Esa es la nueva línea roja, aunque Ciudadanos no interrumpirá sus conversaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos, ha precisado Arrimadas. El partido mantendrá la mano tendida “hasta el último minuto previo a la votación” por si el Ejecutivo rectifica y decide en el último momento retirar la enmienda a cambio de su apoyo.

La líder de Cs se ha movido presionada por las críticas internas y de exdirigentes de Cs a su posición pactista. Estos han cuestionado que Cs siga negociando sin plantarse ante medidas que para el partido tocan asuntos sensibles, como la escolarización en castellano en Cataluña, una de sus principales banderas en esa comunidad, donde precisamente nace el partido. Al mismo tiempo, Arrimadas quiere evitar el coste de aparecer en la foto de apoyo a las cuentas junto con ERC y otros socios de la investidura de Pedro Sánchez, y trata de forzar que el Gobierno se decante por una de las dos vías. Sin embargo, el Ejecutivo no dio muestras este martes de estar pensando en elegir, sino más bien de todo lo contrario. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, evitó responder de forma directa a la petición de Cs. “Estudiaremos con detenimiento todas y cada uno de las enmiendas parciales que sean presentadas”, dijo tras el Consejo de Ministros.

Ciudadanos se planta ante la enmienda al proyecto de nueva ley educativa consensuada entre el PSOE, Podemos y ERC y que elimina la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda España. La enmienda evita la redacción original del proyecto elaborado por el Ministerio de Educación —"el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares"—, que desde la perspectiva de Esquerra y otros partidos nacionalistas contradecía los programas de inmersión lingüística. Sí especifica que al finalizar la etapa de enseñanza obligatoria todo el alumnado deberá tener un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial que en su caso exista en su comunidad.

Cs, el PP y las entidades catalanas contrarias a la inmersión lingüística han criticado esta reforma, contra la que los populares inician una ofensiva ante la justicia, recurriéndola al Tribunal Constitucional, y en la calle, porque van a iniciar una recogida de firmas contra la norma. El asunto tiene importancia porque, según explica Edmundo Bal, abogado del Estado y portavoz adjunto de Cs, al eliminar de la ley que el castellano sea lengua vehicular “se debilita la posición jurídica de los padres que quieran interponer un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque se les esté negando a sus hijos escolarizarse en castellano”, relata a EL PAÍS. En su interpretación jurídica, aunque la Constitución garantiza este derecho a la escolarización en castellano, según ha sentenciado el Tribunal Supremo, sí puede provocar efectos en los tribunales que se elimine de la ley. El principal, que “se puede estar transmitiendo el mensaje a los tribunales de que ya no es una infracción” que la Generalitat de Cataluña no garantice el derecho de los padres a elegir el idioma en el que quieren escolarizar a sus hijos (en este caso el castellano), como hasta ahora.

Arrimadas pone sobre la mesa más condiciones además de la reforma educativa para su sí a los Presupuestos. Exige a Pedro Sánchez que se comprometa por escrito a “oponerse a todo intento de convocatoria de referéndums de secesión en cualquier territorio de España”, algo que no extiende a posibles indultos a los líderes independentistas o a la reforma del delito de sedición. Además, reclama una nueva prestación para padres y madres con hijos en edad escolar que tengan que guardar cuarentena por covid-19, aun sin PCR positiva, “siempre que ambos padres trabajen y no puedan teletrabajar, para que no tengan que renunciar a su salario ni perder días de vacaciones”.

La líder de Ciudadanos ha defendido hoy su postura negociadora y la ha reivindicado frente a la “oposición inútil”, ha dicho, de PP y Vox. “Otros partidos, como el PP o Vox, gritan mucho, pero no consiguen nada”, ha remachado.

Ciudadanos no ha registrado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos como gesto de entendimiento con el Gobierno y tampoco apoyará las enmiendas del resto de grupos en la votación de este jueves. El partido tomó esa decisión después de que el Ejecutivo respetara, según asegura Cs, unas exigencias previas que le planteó para sentarse a hablar de las cuentas públicas. Entre ellas, que no se aprobaran alzas al diésel. Aunque sí aparece una subida al impuesto al diésel en el proyecto de Presupuestos, Cs asegura tener el compromiso del Ejecutivo de que se suprimirá vía enmienda.

Las nuevas condiciones de Ciudadanos llegan tras un creciente malestar interno en el partido por la negociación con el Gobierno, espoleado desde fuera por varios de los exdirigentes. Varios de ellos han criticado duramente la postura de Cs por seguir tendiendo la mano a Pedro Sánchez pese a que el Ejecutivo ha aprobado esa reforma sobre el castellano en la enseñanza, un asunto sensible para Cs y una de sus banderas en Cataluña. Juan Carlos Girauta, exportavoz parlamentario, aseguraba este domingo en EL PAÍS que “Cs hoy no guarda ninguna relación con lo que era". "Basta un ejemplo: el Cs de verdad nunca se habría reunido con el Gobierno para negociar los Presupuestos cuando el PSOE y UP acaban de aprobar que el castellano desaparezca como lengua vehicular en la escuela”, sostenía Girauta. Otros exdirigentes han lanzado críticas similares al partido, como el exdiputado Marcos de Quinto o Xavier Pericay, uno de los intelectuales fundadores, que ha anunciado recientemente su baja de militancia. El movimiento de Arrimadas hoy se entiende para cortar el paso a esa corriente de opinión interna.