La Fiscalía del Supremo abre una nueva investigación por blanqueo de capitales contra Juan Carlos I

La Fiscalía indaga empresas vinculadas al rey emérito tras una alerta del Banco de España

El rey emérito, Juan Carlos I, en enero de 2019.
El rey emérito, Juan Carlos I, en enero de 2019.Samuel de Roman

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene ya abiertas tres líneas de investigación vinculadas a actividades financieras de Juan Carlos I supuestamente opacas al fisco español. A las dos ya conocidas —las diligencias sobre las supuestas comisiones en el AVE a La Meca y el supuesto uso de fondos no declarados a Hacienda provenientes de un empresario mexicano—, el ministerio público acaba de sumar una nueva investigación por presunto blanqueo de capitales, según anunciaron este viernes en una comparecencia conjunta la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El goteo de informaciones relacionadas con las finanzas del rey emérito que se inició el martes cuando la Fiscalía confirmó que investiga gastos del anterior jefe de Estado pagados, supuestamente, con fondos de un empresario mexicano, acabó este viernes con otra sorpresa: el anuncio de que la Fiscalía se dispone a abrir una nueva investigación contra Juan Carlos I tras recibir una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía.

Las diligencias todavía no están incoadas, pero el ministerio público prevé hacerlo de forma inmediata, según anunciaron la fiscal general del Estado y el fiscal jefe de Anticorrupción en un encuentro con los medios de comunicación.

La nueva investigación se centra en infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales y se va a llevar directamente en la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que está aforado el rey emérito y donde ya hay iniciadas otras dos investigaciones sobre el anterior monarca. Fuentes fiscales informaron de que los indicios derivan de operaciones sospechosas detectadas por el Sepblac en sociedades que, presuntamente, están vinculadas a don Juan Carlos.

El ministerio público ha decidido abrir esta investigación tras recibir recientemente un informe de las unidades de inteligencia financiera. Sin entrar en muchos detalles, Luzón avanzó que las pesquisas están en una fase “embrionaria” y que todavía es prematuro determinar si los indicios apuntan a una infracción fiscal o pueden acabar siendo considerados un delito. Tampoco quiso precisar si esta nueva investigación afecta exclusivamente al rey emérito o incluye a otras personas de su entorno.

Por ahora, el ministerio público cuenta solo con el informe remitido por el servicio de prevención del blanqueo, que recoge datos y observaciones que apuntan a posibles infracciones cometidas por el rey emérito. A partir de ahí, la Fiscalía empezará a trabajar para completar la información y practicar las pruebas que considere necesarias antes de decidir si interpone o no una querella ante la Sala de lo Penal del Supremo. Para ello tendrá que determinar, entre otras cuestiones, si los hechos que se atribuyen a don Juan Carlos son posteriores a junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad que la Constitución reconoce al jefe de Estado. “Aún debe esclarecerse el alcance temporal”, advirtió Luzón.

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El fiscal jefe de Anticorrupción compareció junto a Delgado para dar cuenta de la nueva investigación sobre el anterior monarca. No es habitual que la fiscal general informe públicamente de diligencias iniciadas por el ministerio público, y no se ha hecho así en las dos anteriores que involucran a Juan Carlos I. Pero esta llega después de una semana convulsa en la que la Fiscalía General del Estado puso bajo sospecha a Anticorrupción al ordenar investigar una posible “fuga de información” en el caso que vincula al rey emérito con el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Kraus. El organismo que dirige Delgado anunció la apertura de una investigación interna el pasado martes, el mismo día que decretó que fuera la Fiscalía del Supremo la que asumiera a partir de ahora la segunda investigación sobre don Juan Carlos, que había sido adelantada horas antes por eldiario.es.

La presencia de Luzón al lado de Delgado fue la escenificación pública del respaldo de la fiscal general hacia la labor de Anticorrupción. Y para zanjar todas las sospechas de tensiones entre ambos, la fiscal anunció que Luzón se va a incorporar a las dos últimas investigaciones abiertas contra Juan Carlos I en el alto tribunal.

Delgado justificó esta decisión en razones de “operatividad”, ya que Anticorrupción cuenta con recursos específicos para este tipo de investigaciones de los que carece la Fiscalía del Supremo, como unidades policiales adscritas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, con peritos expertos en delitos económicos y una relación directa con las entidades financieras. “La Fiscalía solo es una”, defendió Delgado tras elogiar el “gran valor” que aporta Anticorrupción a la justicia española.

Las investigaciones, en cualquier caso, seguirán al mando del fiscal de sala jefe de lo Penal, Juan Ignacio Campos, delegado de delitos económicos, que desde junio está al frente de las pesquisas por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas del AVE a La Meca y el pasado martes asumió las relacionadas con el supuesto uso de tarjetas de crédito vinculadas a fondos del empresario mexicano amigo del rey emérito.

Luzón, en el Supremo

El trabajo de Luzón se centrará en las dos investigaciones sobre el anterior monarca anunciadas esta semana. La que incumbe a Sanginés-Krause está muy avanzada y el jefe de Anticorrupción culminará en el Supremo las diligencias que él y el fiscal Luis Pastor han desarrollado el último año. Respecto a las iniciativas de investigación anunciadas este viernes, la Fiscalía empieza ahora casi de cero, por lo que la experiencia de Luzón en este tipo de trabajos, muy poco frecuentes en el alto tribunal, ha sido clave para que Delgado optara por integrarlo en el equipo que dirige Juan Ignacio Campos.

Luzón solo se queda fuera de la primera investigación al rey emérito, la vinculada con el supuesto pago de comisiones del AVE a La Meca, unas diligencias que están prácticamente concluidas y sobre las que el ministerio público pretende presentar sus conclusiones antes de Navidad. Ni Delgado ni Luzón quisieron precisar en qué sentido van a ir estas conclusiones, pero recordaron que los indicios de la primera investigación que se abrió contra el rey emérito eran “débiles” desde el principio.

La Fiscalía del Supremo, según las fuentes consultadas, espera todavía algunos datos y documentación que se solicitó a la Fiscalía de Suiza, donde se investigan varias fundaciones presuntamente relacionadas con don Juan Carlos. No obstante, los fiscales no han encontrado pruebas de hechos cometidos tras la abdicación, lo que impide presentar una querella contra el anterior jefe de Estado y aboca el caso al archivo.

La Fiscalía seguirá investigando el presunto pago de comisiones por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de las obras del AVE a La Meca, pero, al descartar los indicios que implicaban al anterior monarca, la causa se devolverá a la Audiencia Nacional, según anunció este viernes la fiscal general.



Los frentes judiciales abiertos

Cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca. La primera investigación abierta en la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el anterior jefe de Estado derivó de una conversación grabada en 2015 por el comisario jubilado José Manuel Villarejo con Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I. Larsen habló de cuentas en Suiza del monarca manejadas por testaferros y de comisiones que presuntamente percibió por el contrato del AVE a La Meca, adjudicado a empresas españolas. La investigación se centra en determinar si hay indicios suficientes de que el anterior jefe del Estado pudo cometer delito desde que dejó el trono, ya que el presunto pago de comisiones data de 2008, cuando sus actos estaban blindados por la inviolabilidad. Fuentes fiscales señalan que, con la investigación casi concluida, no se han hallado indicios de delitos posteriores a la abdicación, lo que aboca el caso al archivo.

 

Gastos pagados por un empresario mexicano. Las segundas diligencias sobre el rey emérito indagan si este sufragó, entre 2016 y 2018, gastos ordinarios suyos y de algunos miembros de su familia con dinero que puso a su disposición el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. El ministerio público considera que existen indicios de que don Juan Carlos cometió, al menos, un delito fiscal por defraudar a Hacienda cantidades superiores a los 120.000 euros al año. Los fiscales apuntan también a un posible delito de blanqueo de capitales porque el anterior jefe de Estado presuntamente usó a un coronel del Ejército del Aire en la reserva, Nicolás Murga Mendoza, como testaferro para intentar borrar los rastros de sus vínculos con el dinero del millonario Allen Sanginés-Krause.

 

Blanqueo de capitales detectado por el Sepblac. La investigación anunciada ayer por la fiscal general del Estado no está ni siquiera iniciada, pero los indicios que han llevado al ministerio público a abrir las terceras diligencias contra el rey emérito parten de una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Una de sus unidades de inteligencia ha detectado movimientos sospechosos de sociedades a las que podría estar vinculado Juan Carlos I.

 

 


Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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