Solo una quincena de los 197 presos etarras sigue apoyando el terrorismo

La situación de los presos de ETA ha cambiado sustancialmente desde que Fernando Grande-Marlaska relevó a Juan Ignacio Zoido, del PP, al frente del Ministerio del Interior. En estos dos años y cuatro meses, el ministro del Gobierno socialista y anteriormente magistrado de la Audiencia Nacional, ha emprendido una política constante y regular de acercamiento de reclusos de la organización terrorista a prisiones del País Vasco o próximas a esta comunidad. El cese definitivo de la violencia decretado por la banda en octubre de 2011, tras una serie de golpes policiales que fueron descabezando su cúpula; y su disolución, escenificada y certificada en mayo de 2018, han permitido al Ejecutivo flexibilizar la política de dispersión, que buscaba romper la cohesión del colectivo de presos y alejar a los encarcelados de la disciplina de la organización.

En la actualidad, las cárceles españolas custodian a 197 presos de ETA, la cifra más baja en cuatro decenios; y desde que Grande-Marlaska llegó al ministerio, 84 reclusos se han visto beneficiados por las medidas de aproximación a sus lugares de residencia, que se han acelerado en las últimas semanas. Este beneficio, sin embargo, no ha llegado sin tensión política. El popular Zoido, también juez, mantuvo prácticamente inalterada la política penitenciaria durante su mandato. Grande-Marlaska, que partió de cero, se mueve en el filo de la navaja, entre los obstáculos permanente de una derecha radicalizada que ha tratado de patrimonializar a las víctimas del terrorismo, y la izquierda abertzale, que pese a reconocer el cambio de rumbo, considera que el ritmo y el alcance de los beneficios penitenciarios es “muy insuficiente”.

Uno de los aspectos que está facilitando el acercamiento es el hecho de que solo una ínfima minoría de los internos —entre seis y quince, según si el cómputo lo hace la plataforma de apoyo a los presos Etxerat o Instituciones Penitenciarias, respectivamente— sigue defendiendo el terrorismo como una vía válida para lograr la independencia del País Vasco. Una mayoría creciente, el 75%, asume la legalidad penitenciaria y otro 20% está a la expectativa, según Sare (otra red de apoyo a los presos). Además de los 84 traslados, los últimos ocho esta misma semana, el Gobierno también ha normalizado su situación en prisión de la cuarta parte —42 de 197— al pasar del primer grado (régimen cerrado) al segundo.

Etarras en semilibertad

El principal punto conflictivo del Gobierno con el colectivo de presos, que apoya Bildu, radica en que no asume el arrepentimiento como requisito legal imprescindible para acceder al tercer grado (semilibertad). Solo 12 presos han alcanzado esa condición en esta etapa. Además, 69 presos, los más recientes, tienen un horizonte sombrío al estar condenados por el Código Penal de 2003 que subió la pena máxima de 30 a 40 años de cumplimiento íntegro de condena. En contraste, los condenados por el Código Penal de 1973, 44, tienen un horizonte próximo de salida. Los vascos, según las encuestas, apoyan mayoritariamente el acercamiento de presos a cárceles de la región. Pero, también, que los condenados por delitos de sangre cumplan sus condenas.

La aproximación de presos a cárceles vascas o próximas a Euskadi, como Logroño o El Dueso, en Cantabria, es una potestad del Gobierno, y funciona regularmente. “La dispersión y alejamiento de presos fue parte de la política antiterrorista, pero desaparecido el terrorismo, no tiene sentido. Se impone el traslado para facilitar la reinserción de los presos”, señala Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el País Vasco. Grande-Marlaska basa su política en el artículo 25.2 de la Constitución y en el 12 del Reglamento Penitenciario que avalan el cumplimiento de la condena en cárceles próximas al lugar de arraigo. Los traslados los deciden las Juntas de Tratamiento de las prisiones, de manera individualizada, en función del comportamiento de los presos; grado de clasificación, el tiempo cumplido de condena y el reconocimiento del daño causado. Instituciones Penitenciarias informa de todos los movimientos a las asociaciones de víctimas del terrorismo. “Lo importante es que cumplan la condena. Nos da lo mismo dónde. Lo única que pedimos al ministro es que no les trasladen a cárceles vascas, salvo que se arrepientan. No nos fiamos del Gobierno vasco si el Estado le traspasa la competencia de prisiones. Un ministro de Interior nos escucha por primera vez”, señala Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite (Coordinadora de Víctimas del Terrorismo).

Solo 10 de los 197 presos etarras cumplen condena en las cárceles vascas de Zaballa (Araba), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa). El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado ceder a Euskadi en marzo de 2021 la competencia en materia de gestión penitenciaria, una de las principales demandas del Gobierno vasco para lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979. La actividad terrorista de ETA, entre cuyos objetivos estuvieron casi desde el principio los funcionarios de prisiones, hacía prácticamente imposible esta transferencia.

Sobre el traspaso de las competencias penitenciarias a Euskadi pesa, además, el recelo de las víctimas a que los presos de ETA, una vez instalados en cárceles vascas, puedan recibir beneficios penitenciarios mayores de los que obtendrían en prisiones dependientes del Ministerio del Interior. En Instituciones Penitenciarias creen que, una vez realizado el traspaso, Bildu y las plataformas de apoyo a los presos intensificarán su presión para que cumplan su condena en Euskadi. Grande-Marlaska, receptivo a las asociaciones de víctimas, quiere evitar lo sucedido en Cataluña con los presos del procés, que obtuvieron beneficios, como la posibilidad de salir de prisión a trabajar, cuando la Generalitat, competente en prisiones, interpretó de modo flexible la ley. En ese caso, la Fiscalía recurrió y regresaron a prisión.

Margen legal

Instituciones Penitenciarias señala que “sigue existiendo margen desde la legalidad” para continuar la política de traslados. También tiene margen legal para que los presos pasen del primer grado (régimen cerrado) al segundo (régimen normalizado). La normalización la posibilita la asunción de los presos de la legalidad penitenciaria, que Sare eleva al 75% e Instituciones Penitenciarias a un 60%. “Un centenar de presos ha escrito a las Juntas de Tratamiento solicitando el cambio de grado y han asumido su rechazo a la violencia, su desvinculación de ETA y el reconocimiento del daño causado”, señala Instituciones Penitenciarias.

Pero las Juntas de Tratamiento, e Instituciones Penitenciarias, son mucho más exigentes en el paso del segundo grado, prisión normalizada, al tercero, la semilibertad. Es el punto de mayor fricción entre el Gobierno y el colectivo de presos. Paralelamente, están los condenados por el Código Penal de 2003 que elevó la pena máxima de 30 a 40 años. Son los más recientes y con un futuro más sombrío. Según Sare, son 69 de los 197.

Jon Iñarritu, de Bildu, reclama un cambio más profundo al Gobierno: “Que aplique a los presos de ETA la legislación ordinaria porque ya no existe el terrorismo”. Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno vasco y de portavoz de Sare, precisa: “Si se hiciera, la mitad saldría de prisión”. Instituciones Penitenciarias lo descarta porque “el terrorismo pertenece al grupo de delitos graves como el tráfico de drogas”. “El Gobierno no prevé cambiar la ley. Pero la ley actual ofrece margen si la voluntad de los condenados se ajusta a sus requisitos”, señalan en Prisiones.

Los requisitos que exigen a los presos para acceder a la semilibertad, una vez cumplida la mitad de la condena, los fija el artículo 72.6 de la Ley Penitenciaria: pago de la responsabilidad civil; colaboración activa con las autoridades; signos inequívocos de abandono de la violencia e informe técnico de desvinculación y declaración expresa de perdón. Esto explica que solo 12 presos hayan accedido al tercer grado en este período porque el colectivo de presos rechaza el arrepentimiento.

Denis Itxaso, delegado del Gobierno en Euskadi, traslada el debate al terreno ético. “No se trata de que los presos reconozcan el daño causado como un trámite. Tienen que hacer una reflexión sincera. Si la hicieran, no habría homenajes públicos a algunos presos al salir de prisión. Así, no avanzamos en la convivencia”.