“La mitad de los 203 presos de ETA asume la legalidad o muestra arrepentimiento”

Ángel Luis Ortiz (San Clemente, Cuenca, 1959) llega a su despacho, en la madrileña calle de Alcalá, tras asistir a una entrega de medallas por la celebración, este jueves, de la virgen de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. Sobre la mesa le esperan abultadas carpetas amarillas que contienen, entre otros, los últimos datos del impacto de la covid-19 en las cárceles. Es una de sus mayores preocupaciones en la custodia de un colectivo que suele pasar inadvertido para la sociedad: los 47.500 presos actuales. De él dependen, además 23.000 funcionarios.

Pregunta. ¿Cómo está impactando la segunda oleada de la covid-19 en las cárceles?

Respuesta. Igual que impacta en la sociedad en libertad, también llega a las cárceles. Tenemos 75 casos activos entre los trabajadores y 131 entre los internos. Afortunadamente, la mayoría de ellos son asintomáticos y no hay ningún caso grave. Estamos tomando las medidas de manera individualizada, teniendo en cuenta la situación del centro y el grado de incidencia de la pandemia en el territorio en el que se ubica.

P. ¿Se plantea un aislamiento generalizado de las prisiones como durante el estado de alarma?

R. Estamos condicionados por las medidas que puedan adoptar las autoridades sanitarias. En estos momentos pensamos que no será necesario un cierre general.

P. Durante la primera oleada, más de 3.000 presos accedieron a la semilibertad con control telemático para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus dentro de prisión. ¿Qué se ha hecho con ellos ahora?

R. Hemos estudiado caso por caso y en la inmensa mayoría se les ha mantenido porque la evolución del interno ha sido positiva.

P. ¿No son demasiados 47.500 reclusos con los índices de criminalidad tan bajos de España?

R. Sin duda, no es coherente que tengamos estas cifras. Afortunadamente, las penas alternativas están aplicándose cada vez más. Cada año hay 100.000 personas condenadas que cumplen sus penas sin necesidad de ingresar en prisión. De seguir así, podremos normalizar esa ratio entre personas encarceladas y nuestra baja criminalidad.

P. Interior ha reanudado el traslado de presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco. ¿Tiene sentido en la actualidad la dispersión de estos presos?

R. Desde hace años no tenemos esta lacra terrorista, por lo que la situación en este grupo de internos es diferente y, por lo tanto, las decisiones que se toman son también diferentes. Entiendo que hace años no se podía adoptar, pero hoy sí se puede y se debe, sobre todo porque están amparadas en la más estricta legalidad. Cualquier decisión que tomamos viene avalada por aquellos que mejor conocen a los internos: los especialistas de las juntas de tratamiento. A partir de ahí lo único que hacemos es aplicar estrictamente la ley, que es igual para todos los internos tengan los apellidos que tengan. Solo de ellos depende que pueda cambiar su situación.

P. Fuentes policiales estiman que un 10% de los presos de ETA se mantienen en la línea dura.

R. No llegan a 15 internos. Luego hay otro grupo que no ha expresado de qué lado están. Pero también es cierto que la mitad de los 203 presos de ETA han asumido la legalidad o están de manera clara a favor de olvidar la violencia y reparar el mal causado en la medida que puedan. Han dado muestras de su arrepentimiento. Es esa circunstancia legal, que no política, la que nos permite tomar decisiones.

P. ¿Cómo está funcionando la reinserción de yihadistas?

R. Tenemos un programa de desradicalización que estamos revisando y que se ofrece a las personas que están condenadas por estos delitos, pero los índices de participación son bajos. Desde que se puso en marcha, han participado solo entre 20 y 25. Y de ellos, algunos lo han dejado.

P. Usted anunció un futuro programa de rehabilitación de presos condenados por delitos económicos y corrupción. ¿En qué momento está?

R. Sufrió un parón por la covid, pero ya está terminado y podremos ofrecérselo a los internos en diciembre. Esperamos comenzar a impartirlo en enero. Calculamos que se pueden beneficiar un millar de reclusos.

P. Se refiere a Bárcenas, Rato...

R. Sí, pero también a un perfil del que se habla poco, el estafador.

P. Ha calado en parte de la sociedad que estos reclusos tienen un trato de favor en las cárceles...

R. De ninguna manera.

P. Sin embargo, el juez de vigilancia penitenciaria del que depende la cárcel de Brieva (Ávila) afirma en sus autos que Prisiones somete a Iñaki Urdangarin a un régimen de aislamiento. ¿Comparte esa opinión?

R. Por respeto, no voy a valorar la opinión de un juez.

P. ¿Pero cree que el régimen de vida en prisión de Urdangarin es tan duro?

R. Para nosotros, desde luego, no es aislamiento

P. ¿La situación de los presos del procés sería la misma si, en lugar de en cárceles catalanas, estuvieran en centros de Interior?

R. Sería un atrevimiento por mi parte pronunciarme.

P. Pero a la vista de lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo…

R. Lo bueno del sistema penitenciario es que la última palabra la tienen los tribunales.